Cárceles de Cuba por dentro: del Rectángulo de la Muerte a las 115 muertes bajo custodia
En 2012 alguien logró introducir a escondidas una cámara digital en el Combinado del Este, la prisión más temida de La Habana. Las imágenes que grabó salieron después al exterior repartidas en diez videos clandestinos y mostraron rincones que ningún periodista independiente había podido pisar. El detalle lo dice casi todo: para ver cómo es de verdad una cárcel cubana por dentro hizo falta contrabandear una cámara.
Las prisiones siguen siendo uno de los asuntos más opacos de la isla. No hay un censo público actualizado, no existe un inventario completo de centros penitenciarios y los observadores independientes no entran desde finales de los años ochenta. Lo que se sabe llega a retazos: informes internacionales de hace décadas, una gira de prensa cuidadosamente organizada, testimonios de antiguos reclusos y los mensajes que, pese a todo, consiguen escaparse de los penales.
Cuántos presos hay en Cuba: una cifra que nadie enseña
La última cifra oficial con cierto detalle es de 2012. Ese año, el Gobierno informó al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas de que tenía algo más de 57.000 personas encarceladas y aseguró, además, que sus prisiones no sufrían hacinamiento. Un año después, durante una visita organizada para periodistas extranjeros, las autoridades hablaron de 200 establecimientos penitenciarios, de los cuales tres de cada cuatro serían centros abiertos de régimen suave y solo una pequeña parte, cárceles cerradas o de máxima seguridad.
Después llegó el silencio. El registro internacional World Prison Brief estimó unos 90.000 presos a comienzos de 2020, sin contar a quienes estaban en campamentos de trabajo. Eso equivale a casi 800 reclusos por cada 100.000 habitantes, aproximadamente uno de cada 125 cubanos, una de las proporciones más altas del mundo.
En 2022, el propio Comité contra la Tortura dejó constancia en sus observaciones finales sobre Cuba de que no disponía de estadísticas oficiales actualizadas sobre la población penitenciaria. El Gobierno respondió que sus cárceles estaban ocupadas a cuatro quintas partes de su capacidad, pero no presentó el censo. La paradoja es evidente: hoy se sabe con más precisión cuántas prisiones reconocía el Estado hace más de una década que cuántas existen realmente.
El Combinado del Este, la prisión que resume el sistema
Si un penal condensa lo que ocurre en el sistema penitenciario cubano, es el Combinado del Este, un enorme complejo en las afueras de La Habana. En 2013, las autoridades hablaban de unos 3.000 internos solo allí. Dentro funciona también el Hospital Nacional de Reclusos, adonde son trasladados los presos enfermos de toda la isla.
Por sus pabellones han pasado huelgas de hambre, denuncias médicas y motines. El 19 de marzo de 2005 estalló un disturbio grave tras el traslado de reclusos considerados peligrosos; hubo relatos de colchones ardiendo y de enfrentamientos con los guardias. El entonces canciller, Felipe Pérez Roque, reconoció el incidente, pero sostuvo que no hubo muertos ni heridos graves y que no se disparó un solo tiro.
Menos de tres semanas después, el 5 de abril, se repitió. Esta vez las versiones se separaron por completo. Fuentes disidentes denunciaron numerosos heridos y el uso de gases; un informe posterior del Departamento de Estado de Estados Unidos mencionó la muerte de un preso, Freddy Ibáñez Blanco, y una comisión cubana de derechos humanos habló de tres fallecidos. Nunca hubo una investigación independiente que aclarara lo ocurrido.
Ese es el patrón que se repite una y otra vez: algo sucede dentro, nadie de fuera puede comprobarlo y quedan frente a frente la versión del Ministerio del Interior y la de los presos y sus familias.
La Pizzería o el Rectángulo de la Muerte
El Combinado del Este guardaba, además, un área especialmente sombría: el Destacamento 47, que los reclusos llamaban La Pizzería o el Rectángulo de la Muerte. No se trata de una leyenda. Amnistía Internacional entró allí en 1988 y describió 99 celdas distribuidas en tres filas, con condiciones particularmente duras. Durante aquella visita había 32 hombres encerrados en el rectángulo, y la organización señaló que algunas condiciones parecían haber mejorado justo alrededor de las inspecciones.
1988, el año en que se abrieron las puertas
Que Amnistía Internacional pudiera entrar en ese lugar se explica porque 1988 fue un año excepcional, una rendija de apertura que prácticamente no ha vuelto a repetirse. Además de Amnistía, visitaron las prisiones observadores de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Cruz Roja Internacional realizó visitas ese año y el siguiente, hasta que el acuerdo dejó de funcionar.
La Comisión Interamericana recorrió también Boniato, en Santiago de Cuba, una de las grandes prisiones históricas del país. Su informe valoró aspectos como el orden, la limpieza o las visitas conyugales, pero puso el foco en un sector de castigo que los internos llamaban Boniatico y en periodos de aislamiento larguísimos. Las denuncias sobre celdas de castigo, por tanto, no nacieron con el 11J ni con las redes sociales: figuraban ya en informes internacionales hace casi cuatro décadas.
La gira de prensa de 2013: la cárcel que el Gobierno quiso mostrar
Tras aquella apertura, las puertas se cerraron para los observadores independientes. En abril de 2013 llegó la gran visita oficial para periodistas, de la que proceden muchas de las fotografías que circulan hoy por internet. Los reporteros fueron llevados a cuatro centros: el Combinado del Este, el centro abierto de La Lima, la prisión de mujeres de El Guatao y la de jóvenes de San Francisco de Paula.
Reclusos y opositores afirmaron después que algunos de esos centros habían sido preparados para la ocasión y que los presos que hablaron con la prensa habían sido seleccionados. La acusación quedó recogida en informes del Departamento de Estado, aunque nunca se pudo determinar hasta qué punto ocurrió en cada lugar. Lo que sí resulta indiscutible es la distancia entre una visita guiada y una inspección independiente, sin aviso previo y sin reclusos escogidos de antemano. Esto último no se ha visto en Cuba desde finales de los años ochenta.
Motines que casi nadie recuerda
El 15 de mayo de 1991 estalló la violencia en la prisión de Sancti Spíritus, y el caso llegó a Naciones Unidas. Según la versión transmitida por el Gobierno, todo comenzó por disputas personales entre presos y después hubo que restablecer el orden. El balance reconocido fue de tres reclusos muertos —José Roberto García Iglesias, Julio Mondeja Álvarez y Eloy Javier Mata— y cinco guardias heridos.
Un testimonio recogido años más tarde por una organización opositora cuenta algo muy distinto: que el estallido se produjo después de que varios funcionarios golpearan a un preso joven. La discrepancia no está en el número de heridos, sino en la causa misma de los hechos.
La historia tiene ecos recientes. El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas denunció una protesta colectiva en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, en febrero de 2026, seguida, según la organización, de una respuesta violenta y del traslado de decenas de reclusos a otras provincias.
Un mapa de prisiones y de presos conocidos
Los penales se reparten por toda la isla, y algunos nombres generan confusión. Existen, por ejemplo, dos cárceles llamadas Kilo 8: una en Camagüey y otra en Pinar del Río. En esta última, organizaciones de derechos humanos han situado al rapero Maykel Castillo, el Osorbo, condenado a nueve años de prisión.
En Guanajay, en Artemisa, cumplió su condena de cinco años el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Su pena terminaba el 9 de julio de 2026, pero fue sacado de prisión dos días antes y durante más de una semana no se supo públicamente dónde estaba. Reapareció en un avión rumbo a Miami, adonde llegó el 18 de julio, y varias organizaciones denunciaron que el precio de su libertad fue abandonar Cuba para siempre. Algo similar ocurrió con José Daniel Ferrer, recluido en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, hasta que salió del país en octubre de 2025.
En Mayabeque se encuentra La Condesa, donde suelen terminar los presos extranjeros varones, según la guía que el Gobierno británico ofrece a sus ciudadanos detenidos en Cuba.
Llamadas y videos: las rendijas de la información
Sin acceso de la prensa libre, lo que ocurre hoy dentro de las cárceles se conoce por vías indirectas. Desde el Combinado del Este, Duannis León Taboada, preso del 11J condenado a 14 años por sedición, hizo llegar en 2026 un mensaje a través de una llamada telefónica que grabó su madre. Desde Las Mangas, en Granma, Alexander Verdecia, miembro de la UNPACU, difundió un video en febrero de ese mismo año; según Prisoners Defenders, poco después fue trasladado como castigo a Kilo 8, en Camagüey.
Esas filtraciones chocan frontalmente con la ley. La Ley de Ejecución Penal aprobada en 2022 reconoce sobre el papel un amplio catálogo de derechos: atención médica, alimentación, educación, trabajo remunerado y voluntario, teléfono, correspondencia, visitas familiares y conyugales, e incluso la posibilidad de presentar quejas. Pero la misma norma castiga como falta tener dispositivos prohibidos, usar comunicaciones no autorizadas, participar en protestas colectivas y difundir en redes sociales lo que las autoridades consideren información falsa. En el caso de los hombres, la sanción puede llegar a 15 días en una celda de aislamiento. De ahí el enorme valor de cada imagen que sale de una prisión cubana.
Quejas, denuncias y muertes bajo custodia
Las propias cifras oficiales dejan ver algo revelador. Las autoridades informaron a la ONU de que entre 2017 y 2021 recibieron más de 11.000 quejas de presos o de sus familiares. Solo alrededor de una de cada catorce terminó dándoles la razón.
En sus observaciones de 2022, el Comité contra la Tortura recogió denuncias de hacinamiento, falta de agua y de medicinas, comida insuficiente, traslados lejos de las familias, aislamientos prolongados y malos tratos, además de un número elevado de huelgas de hambre. El Gobierno las rechazó todas.
El dato más grave se refiere a las muertes. La organización Cubalex publicó en septiembre de 2026 un informe que documenta 115 muertes vinculadas a prisiones entre febrero de 2024 y junio de 2026. Según sus conclusiones, en siete de cada diez casos hubo negligencia o denegación de atención médica. Al menos 21 de esas muertes se asocian a desnutrición severa o a inanición, y 12 a la tuberculosis. La prisión que más se repite en el recuento es Boniato, con 23 fallecidos.
Son conclusiones de una ONG, no autopsias oficiales. Sin embargo, el contraste invita a la reflexión: Cuba había reconocido ante la ONU alrededor de 100 muertes al año bajo custodia, principalmente por problemas cardiovasculares.
¿Cuántos presos políticos hay?
Tampoco aquí existe una respuesta única. Human Rights Watch hablaba en julio de 2026 de unas 800 personas consideradas presos políticos, casi la mitad de ellas por las protestas del 11J. Prisoners Defenders eleva la cifra a más de 1.300, aunque su lista incluye también a personas con restricciones penales fuera de la cárcel.
En abril de 2026, el Gobierno anunció el indulto de unas 2.000 personas, y Human Rights Watch denunció que entre los primeros beneficiados no había presos políticos.
El Presidio Modelo, la cárcel donde estuvo Fidel Castro
Ninguna prisión cubana tiene una historia tan cargada como el Presidio Modelo, en la antigua Isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud. Sus edificios circulares, con una torre en el centro, responden a un diseño panóptico: permite que un solo guardia vigile a todos los reclusos sin que estos sepan cuándo están siendo observados. Se levantó a partir de 1926, bajo el gobierno de Gerardo Machado.
Ya entonces tuvo fama siniestra. El escritor Pablo de la Torriente Brau, que estuvo preso allí, denunció los abusos en una serie de artículos titulada La isla de los 500 asesinatos. Entre 1953 y 1955 pasaron por el penal Fidel Castro, su hermano Raúl y otros asaltantes del Moncada, aunque en un área aparte, dentro del hospital de la prisión, y no en las celdas de los edificios redondos.
Después de 1959, la historia dio un giro completo: la misma cárcel donde estuvo Fidel se llenó de miles de presos políticos del nuevo Gobierno revolucionario. Antiguos reclusos de aquella época han contado que en 1961, durante los días de la invasión de Playa Girón, los guardias colocaron explosivos en el presidio con la intención de volarlo con los presos dentro si los invasores triunfaban. Es una denuncia de supervivientes que el Gobierno nunca ha reconocido. El penal cerró en 1967 y hoy es museo y monumento nacional.
Lo que revela la falta de datos
Vistas en conjunto, todas estas piezas dibujan un sistema difícil de auditar. En uno de los países con más presos por habitante del mundo no hay un censo público actualizado, no hay un inventario completo de cárceles y no se permiten inspecciones independientes desde hace casi cuarenta años. Lo poco que se conoce llega por una cámara escondida, una llamada grabada o el relato de quien ya salió.
Esa ausencia de información no es un detalle menor: es, en sí misma, uno de los datos más elocuentes sobre lo que ocurre detrás de los muros. La historia de las cárceles cubanas también la escribieron quienes acabaron entre rejas desde dentro del propio sistema, como los condenados de la Causa 1 de 1989, el llamado caso Ochoa.
