Pascual Martínez Gil: el número dos del MININT que entregó a los De la Guardia y acabó condenado a 12 años

La noche del 12 de junio de 1989, el despacho del general de división Pascual Martínez Gil se convirtió en una trampa. Allí, por orden directa de Fidel Castro, fueron detenidos los gemelos Patricio y Tony de la Guardia, dos de los oficiales más conocidos del Ministerio del Interior. El hombre que los recibió para entregarlos era entonces el número dos de ese ministerio. Apenas dos meses después, él también estaría sentado en el banquillo de los acusados.

Sus amigos le llamaban Pascualito. Algunos de sus subordinados, El Tigre. Su vida atraviesa casi todos los episodios oscuros de la Cuba revolucionaria: un desembarco guerrillero en Venezuela, la protección de Salvador Allende, una mina en Angola, millones llegados desde Argentina, una purga, una segunda cárcel de la que casi nadie habla y una muerte tan discreta que ni siquiera se sabe con certeza qué edad tenía. En cada tramo conviven lo probado, lo testimonial y lo puramente rumoreado. Separar una cosa de otra es la única forma honesta de contar su historia.

El despacho donde cayeron los De la Guardia

Lo mejor documentado de toda la biografía de Martínez Gil es, paradójicamente, la noche que precipitó su caída. Patricio de la Guardia lo contó en una carta escrita desde prisión en octubre de 1991 y publicada al año siguiente por la revista colombiana Semana: aquella noche lo condujeron al despacho de Martínez Gil, donde le leyeron una orden de arresto firmada por Fidel Castro.

Años más tarde, Filiberto Castiñeiras, que había sido ayudante del general, ofreció su propia versión. Según él, fue Pascualito quien le ordenó ir a buscar a Patricio y llevarlo a ese despacho, y fue allí mismo donde llegó y quedó detenido Tony. Son dos relatos de procedencia distinta que coinciden en el lugar, en el intermediario y en el procedimiento. Por eso, el papel del general en aquellas detenciones es uno de los puntos más sólidos de su historia.

Los detalles, en cambio, no encajan del todo. Castiñeiras asegura que Martínez Gil les había avisado de antemano de que iban a detener a los gemelos. El escritor Norberto Fuentes escribió en 2019 justo lo contrario: que Castiñeiras llevó a Patricio sin saber que, de hecho, ya estaba detenido. Ambas versiones no pueden ser ciertas a la vez. El escenario es indiscutible; lo que sabía cada uno de los presentes, no.

Fuentes añade otro episodio. Según su relato, el 16 de junio Martínez Gil se presentó en su casa acompañado de agentes de la Seguridad del Estado y se llevó más de 160.000 dólares en efectivo, lo que quedaba de un dinero que Tony de la Guardia le había confiado. Es el testimonio de alguien que reconoce su propia relación con ese dinero, y nadie ha podido comprobar la operación de forma independiente.

A ese rompecabezas se suma la llamada carta de Noriega. Castiñeiras contó que recogió en el aeropuerto un aviso del general panameño Manuel Antonio Noriega y que lo hizo llegar a la dirección cubana, con Pascualito como intermediario. Muchos repiten que aquella advertencia selló la suerte de los que acabarían fusilados, aunque el dato descansa, otra vez, en la palabra de un solo testigo.

De la renuncia al banquillo

El 13 de julio de 1989, el mismo día en que fueron fusilados Arnaldo Ochoa, Tony de la Guardia, Amado Padrón y Jorge Martínez Valdés, el ayudante de Ochoa, Pascual Martínez Gil presentó su renuncia. Lo anunció la agencia oficial Prensa Latina y lo recogió la estadounidense UPI. La explicación oficial aludía a deficiencias de dirección que habían permitido, durante más de dos años, las actividades de otros oficiales.

Su sustituto fue Romárico Sotomayor, un general procedente de las Fuerzas Armadas y no del propio Ministerio del Interior. El detalle no era menor: un hombre del Ejército ocupaba la silla del segundo jefe de la Seguridad.

Lo que parecía una dimisión por responsabilidad de mando se transformó en pocas semanas en un proceso penal. La prensa internacional no tardó en informar de nuevos arrestos de altos funcionarios en Cuba. Martínez Gil fue juzgado en la llamada Causa 2, junto a su jefe y amigo José Abrantes y otros oficiales. Según la agencia AP, el fiscal pidió para él 15 años de prisión y su degradación a soldado raso por abuso de poder y apropiación de recursos del Estado. No por narcotráfico.

El proceso fue seguido de cerca por las agencias estadounidenses, como muestra la cobertura de UPI sobre la petición fiscal contra Abrantes. El veredicto fue de 20 años para el exministro y de 12 años, más la expulsión del Partido Comunista, para Martínez Gil. El resto de los acusados recibió penas de entre 5 y 10 años. Abrantes nunca salió: murió de un infarto en la prisión de Guanajay en enero de 1991.

La frase sobre la mano del Comandante en Jefe

Del juicio quedó una frase que resume la atmósfera de aquellos meses. Según se aprecia en las imágenes del proceso, su abogado defensor, Juan Mendoza Días, sostuvo ante el tribunal: «La mayor condena para Martínez Gil es no poder volver a estrechar la mano del Comandante en Jefe».

Un acusado que se juega 15 años de cárcel y cuya defensa presenta como peor castigo la pérdida del favor de Fidel. ¿Convicción, sumisión, cálculo para sobrevivir ante un tribunal que sabía quién lo observaba? No existe una grabación completa que permita valorar el tono ni el contexto. La frase admite todas esas lecturas.

De ahí nace también el rumor más repetido: que Pascualito colaboró con los investigadores y entregó a Abrantes a cambio de una pena menor. Juan Reynaldo Sánchez, que fue escolta personal de Fidel Castro durante más de 25 años, escribió que circulaban versiones sobre esa colaboración y sobre su distanciamiento de Abrantes. Pero lo dejó en eso: versiones que circulaban.

Un hombre de las operaciones secretas

Para entender a quién juzgaba aquel tribunal hay que retroceder más de dos décadas. En mayo de 1967, una lancha dejó de noche en la playa venezolana de Machurucuto a un pequeño grupo de guerrilleros: varios venezolanos y cuatro cubanos al mando de Antonio Briones Montoto, un oficial de toda confianza de La Habana. La operación, conocida como el desembarco de Machurucuto, terminó en fracaso: Briones murió, otro cubano se ahogó y dos más cayeron presos.

Esos prisioneros hablaron, y en sus declaraciones apareció el nombre del teniente Pascual Martínez Gil como segundo jefe de la expedición. La identificación quedó recogida en la documentación que Venezuela presentó ante la Organización de Estados Americanos para denunciar a Cuba, después transmitida a Naciones Unidas, donde todavía se conserva. Más de veinte años antes de su condena, su nombre ya figuraba en un expediente internacional ligado a las operaciones encubiertas cubanas. La reconstrucción de BBC Mundo sobre Machurucuto da una idea del alcance de aquel episodio.

Chile aparece a comienzos de los años setenta, con Salvador Allende en el poder y La Habana empeñada en protegerlo. Según el antiguo oficial de inteligencia Ulises Estrada, las Tropas Especiales cubanas, bajo la dirección de Martínez Gil, prepararon planes para defender la residencia presidencial de la calle Tomás Moro y el palacio de La Moneda, con el visto bueno del propio Allende. Quien lo cuenta no es un detractor, sino alguien orgulloso de aquel internacionalismo; eso le da peso, pero no lo convierte en un documento.

Norberto Fuentes ofrece otra versión: en mayo de 1971, Martínez Gil habría viajado a Chile como correo diplomático para preparar la visita de Fidel y habría aprovechado las valijas para llevar armas. Y existe una pista aún más tenue. Dariel Alarcón, Benigno, superviviente de la guerrilla del Che en Bolivia, lo incluyó en sus memorias entre los cubanos que escoltaron hasta cerca de la costa al coronel dominicano Francisco Caamaño, que desembarcó en Playa Caracoles en febrero de 1973. Esas memorias, sin embargo, sitúan el episodio un año antes, por lo que conviene leerlo como el recuerdo de un testigo con un probable error de fecha.

Angola, la mina y el ascenso

En Angola la historia pisa terreno más firme. Las fuentes coinciden en que Martínez Gil mandó allí a las Tropas Especiales y que combatió. Juan Reynaldo Sánchez afirma que resultó herido, y el periodista Pedro Schwarze precisa que las heridas fueron graves, causadas por una mina antitanque en la misma acción en la que murió el comandante Raúl Díaz Argüelles, jefe de la misión militar cubana en Angola. Díaz Argüelles falleció el 11 de diciembre de 1975, cuando el blindado en el que viajaba pisó una mina.

A partir de ahí, su carrera se desplazó de las operaciones a la estructura del poder. Desde 1980 dirigió el área de Orden Interior y Prevención de la Delincuencia, es decir, la policía y el control de la calle. Un año después ya era miembro del Comité Central del Partido, y a mediados de la década, viceministro, todavía por debajo de Abrantes. En septiembre de 1988, la televisión cubana lo presentaba como general de división, miembro del Comité Central y viceministro primero del Interior, recibiendo a su homólogo de Angola. Un mes antes había presidido junto a Abrantes las bodas de plata de las Tropas Especiales, la unidad de élite que él mismo había dirigido.

La orden que puso los toques de santo bajo control policial

Uno de los episodios menos conocidos de su carrera no tiene que ver con guerrillas ni con millones, sino con la vida de barrio. Según la investigadora cubana Ileana Hodge Limonta, del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de La Habana, el 15 de febrero de 1985 Martínez Gil firmó la Orden 10/85, que regulaba los permisos policiales para celebrar ceremonias de religiones de origen africano y algunas formas de espiritismo.

En la práctica, quien quisiera hacer un toque de santo en su casa debía pedir autorización a la policía y esperar hasta diez días por la respuesta. El permiso podía negarse si el solicitante era considerado antisocial, si mantenía posiciones contrarias a la Revolución o si no respetaba los horarios. Según el mismo estudio, muchas decisiones dependían del criterio del agente de turno, y la norma fue cayendo en desuso a mediados de los años noventa.

La procedencia del dato es relevante: no viene del exilio, sino de una investigadora de una institución cubana. El original firmado no se ha publicado, pero el estudio le atribuye la orden. Retrata otra faceta del personaje: no solo el jefe de comandos en el extranjero, sino también el funcionario cuya firma condicionaba la vida cotidiana de los creyentes.

El dinero de los Montoneros

Si hay una historia que asocia su nombre a una fortuna, es la de los Montoneros. En 1974, la guerrilla argentina secuestró a los hermanos Juan y Jorge Born, herederos de uno de los mayores grupos empresariales del país, y cobró por su liberación unos 60 millones de dólares, uno de los rescates más altos de la historia.

Años después, en una entrevista con el diario argentino La Nación publicada en octubre de 1996 bajo el título «La historia secreta del botín de los montoneros», Filiberto Castiñeiras aseguró que 42 millones de aquel rescate llegaron a Cuba: casi siete de cada diez dólares. Describió también la cadena de mando: Abrantes daba las instrucciones, Martínez Gil se las transmitía y él se encargaba de recibir, contar y guardar el dinero. Mencionó además operaciones posteriores en Suiza y en la antigua Checoslovaquia.

El propio Castiñeiras reconoció que todas las órdenes eran verbales. Y al día siguiente de publicarse la entrevista, Mario Firmenich, jefe de Montoneros, la desmintió y la atribuyó a una maniobra de inteligencia. Es una acusación detallada, hecha por alguien con nombre y apellido que estuvo dentro, pero sin pruebas documentales que la respalden.

Tampoco era la primera vez que se le señalaba desde fuera. En 1988, el desertor del Ministerio del Interior José Antonio Rodríguez Menier había apuntado a Abrantes, a Martínez Gil y a otro alto oficial, Germán Barreiro, como implicados en el tráfico de drogas. Una acusación que, conviene recordarlo, no figuró entre los cargos por los que fue condenado.

Por qué cayó: la purga del MININT

La versión oficial habló de corrupción y negligencia. Varios estudios comparten otra lectura: tras el caso Ochoa, el Ministerio del Interior pasó a manos de oficiales de las Fuerzas Armadas, la estructura de Raúl Castro. Abrantes salió y llegó Abelardo Colomé Ibarra, Furry; al puesto de Martínez Gil, otro hombre del Ejército. Un ministerio que había acumulado demasiado poder y autonomía quedó bajo control militar.

Esa interpretación tiene fundamento. Lo que no lo tiene es presentar a Pascualito como un reformista o un opositor secreto de los Castro, como también se ha insinuado. No existe ningún programa, declaración ni conspiración documentada a su nombre. Fue víctima de una purga, pero eso no lo convierte, sin más, en un demócrata.

Libertad, rumores y una segunda cárcel

Tampoco cumplió los doce años completos. La entrevista de La Nación de 1996 ya lo daba por excarcelado, y en 1999 el boletín CubaNews publicó que llevaba unos cinco años en libertad, lo que apunta a mediados de los noventa. Sin su expediente penitenciario, la fecha exacta es imposible de fijar.

Ese mismo año estallaron los rumores. CubaNews llegó a publicar que había huido de Cuba, aunque en una sección titulada, literalmente, «Rumor del día». En junio, el diario francés Le Monde recogió versiones de que había sido detenido de nuevo, en relación con la deserción de un miembro de la seguridad de Fidel. Todo ello demuestra que los rumores existían, no que los hechos ocurrieran. La fuga, en particular, resulta muy dudosa: varios testimonios posteriores lo sitúan viviendo y trabajando en La Habana.

La pista más reciente apareció en la revista LUX, en su número de julio y agosto de 2026. En un texto escrito junto a Ángel de Fana, Ernesto Borges, excapitán de la Contrainteligencia del Ministerio del Interior condenado a muerte por intentar pasar información a Estados Unidos, con la pena conmutada después por 30 años, cuenta que fue vecino de celda de Martínez Gil en Guanajay, la misma prisión donde había muerto Abrantes. Según Borges, el exgeneral había sido encarcelado otra vez tras años en libertad.

Su relato incluye una escena de rara humanidad: a Martínez Gil le permitían tener televisor y alimentos en la celda, y subía el volumen para que Borges, al otro lado de la pared, pudiera escucharlo también. El hombre en cuyo despacho se habían leído órdenes de arresto compartía el sonido de la televisión con un preso político.

Borges presenta la convivencia en prisión como algo vivido. El motivo del nuevo arresto, una supuesta entrevista concedida a un periodista extranjero, reconoce habérselo oído a otra persona. Su testimonio refuerza que hubo una segunda etapa en la cárcel, pero no aclara cuándo, cuánto duró ni por qué.

Una paladar, una empresa extranjera y una muerte sin fecha de nacimiento

Fuera de la cárcel, según Juan Reynaldo Sánchez, Martínez Gil abrió una paladar que algunos clientes consideraban de las mejores de La Habana. Más adelante, Sánchez coincidió con él en ESPCOM, la empresa de seguridad y protección del Ministerio de la Construcción, y el exgeneral le dijo que trabajaba para una compañía extranjera establecida en Cuba. Nada indica que volviera a la inteligencia, que fuera rehabilitado o que guardara una fortuna escondida.

El 24 de febrero de 2014 trascendió que había muerto la semana anterior, de un infarto, en el hospital CIMEQ de La Habana, el centro que atiende a los dirigentes. No hubo comunicado oficial: lo confirmaron familiares y amigos, y lo difundieron medios como Café Fuerte y Havana Times.

Ni siquiera su edad está clara. La versión que hoy puede leerse en Café Fuerte habla de 79 años; las copias de ese mismo texto que circularon al conocerse la muerte decían 72, y Pedro Schwarze habló de 71. Casi una década de diferencia para el que fuera número dos de la Seguridad cubana. Schwarze añadió que a la familia se le indicó celebrar un funeral discreto y que dejó esposa, un hijo en Cuba y una hija en Estados Unidos, aunque esos datos proceden de fuentes no identificadas.

Lo que se sabe y lo que se llevó

Con los documentos y testimonios disponibles se puede sostener que Pascual Martínez Gil formó parte durante años de la cúpula del Ministerio del Interior, que participó en operaciones en el extranjero y en la guerra de Angola, que estuvo en el centro de las detenciones de 1989 y que terminó condenado por el mismo sistema que había defendido. Y, según una investigadora cubana, que firmó la orden que puso los ritos religiosos de los barrios bajo vigilancia policial.

Lo que no se sostiene son las etiquetas fáciles: ni el traidor que vendió a todos, ni el narcotraficante probado, ni el reformista perseguido, ni la víctima que no sabía nada. Su sentencia completa, su expediente de prisión y sus papeles de nacimiento y defunción siguen sin aparecer. Mientras no salgan a la luz, Pascualito seguirá siendo lo que fue en vida: un hombre que sabía demasiado y que se llevó casi todo a la tumba.