Juan Escalona Reguera: el fiscal que pidió 7 fusilamientos en la Causa 1 y acabó presidiendo el Parlamento

En junio de 1989, un abogado santiaguero de 57 años se sentó en el estrado de un tribunal militar especial y pidió que fusilaran a siete hombres, entre ellos al general de división más condecorado de las Fuerzas Armadas cubanas. Ocho meses después, en febrero de 1990, ese mismo hombre fue elegido presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. No cayó en desgracia. No lo apartaron. Ascendió.

Se llamaba Juan Aníbal Escalona Reguera, y su trayectoria completa —de notario en El Cobre a fiscal general de la República durante diecisiete años— ilumina algo que el ruido alrededor de la Causa 1 suele tapar: en la Revolución cubana, pedir la muerte de un héroe militar no arruinaba una carrera jurídica. La consolidaba.

Un hombre venido del mundo de los papeles

Nació en Santiago de Cuba el 22 de junio de 1931, en una familia acomodada de clase media profesional. Su padre era procurador y trabajaba además en el negocio de los seguros; su madre, ama de casa. Tuvo al menos dos hermanos que también llegaron lejos: Mario, médico, que con los años sería viceministro de Salud Pública, y Silvia, profesora de idiomas.

El detalle no es menor. Escalona no venía del monte ni de un barrio marginal, sino del universo de los expedientes, los sellos y los procedimientos. Su capital de origen era exactamente el que después pondría al servicio del poder revolucionario: el manejo de la ley como oficio.

La biografía oficial cuenta que a los seis meses de nacido su familia abandonó temporalmente la casa por un terremoto y se trasladó a un poblado llamado Prosperidad, entre Boniato y El Cristo. Estudió en Santiago y fue uno de los fundadores de la Universidad de Oriente, cuando la institución todavía peleaba por su reconocimiento legal: formó parte de una delegación que viajó a La Habana a gestionar la legalización ante el presidente Carlos Prío y ante el Senado.

Se graduó de Derecho alrededor de 1953, y ahí aparece una de esas coincidencias que parecen guion de cine. Según una narración atribuida al propio Escalona, los festejos de su graduación coincidieron con el asalto al cuartel Moncada. Días después, cerca de Siboney, vio a Fidel Castro entre los detenidos custodiados por militares. No participó en el asalto: fue un testigo circunstancial. Pero la imagen queda: el recién graduado en leyes mirando pasar esposado al hombre que treinta y seis años más tarde le encargaría el juicio más delicado de la Revolución.

El pasaporte de Frank País y la plaza de notario

Al empezar a ejercer, Escalona se integró en un grupo de abogados jóvenes que defendía a procesados por actividades contra la dictadura de Batista. Entre los nombres vinculados a esa labor figuran Carlos Amat y Jorge Serguera. También trabajó como notario en El Cobre.

Y aquí las reseñas oficiales cubanas repiten un episodio que se ha vuelto parte del personaje: que Escalona confeccionó el pasaporte con el que Frank País viajó a México para encontrarse con Fidel Castro, y que tomó y ocultó las huellas necesarias para el documento con el fin de que la policía no las encontrara. Conviene una advertencia que reaparecerá varias veces en esta historia: el episodio se repite en las biografías institucionales, pero no existe un expediente notarial original localizado que lo confirme. Es relato construido, no hecho documentado.

Hay otra anécdota, bastante más incómoda para la versión heroica, que recoge la propia enciclopedia cubana EcuRed: que su padre habría pagado unos 3.000 pesos a alguien del Ministerio de Justicia para que Escalona obtuviera la plaza de notario mediante una oposición que nunca llegó a hacer. No hay documentación independiente que lo confirme, pero llama la atención que sea la enciclopedia oficial la que lo reproduzca. Si ocurrió, el futuro fiscal general de la República empezó su carrera jurídica con un atajo comprado. Si no ocurrió, alguien muy cercano al aparato decidió contarlo igual.

Del PSP a la Sierra: cómo entró en la órbita de Raúl Castro

Escalona militaba en el Partido Socialista Popular, la organización comunista cubana anterior al actual Partido Comunista. Durante la huelga del 9 de abril de 1958 recorrió Santiago de Cuba informando sobre el cierre de comercios. Las fuentes cubanas señalan que las autoridades batistianas ya lo tenían fichado como comunista y que fue amenazado de muerte.

Ese mismo año, con autorización de la dirección del PSP, se incorporó a la lucha armada y entró en el Segundo Frente Oriental Frank País, dirigido por Raúl Castro. Ahí empieza la relación que marcaría toda su vida.

Y conviene fijarse en cómo entró, porque no lo hizo como combatiente raso: entró como auditor militar, es decir, como jurista dentro de la estructura rebelde. El hombre que resolvía los problemas legales de la guerrilla. Participó en la creación de una escuela en Tumbasiete junto a Vilma Espín, Asela de los Santos, Jorge Risquet y otros dirigentes, donde impartió Derecho Constitucional. Cuando los rebeldes ocuparon Songo por primera vez, Raúl Castro le ordenó organizar una administración civil provisional. Desde el monte, Escalona ya hacía lo que haría durante medio siglo: ponerle forma jurídica a las decisiones del poder.

EcuRed reproduce incluso un diálogo entre ambos cuando Escalona llegó al frente: Raúl le habría reprochado la tardanza en alzarse y él habría explicado que la demora respondía a decisiones del PSP. No hay grabación ni documento de la época que permita verificar las palabras exactas, pero el relato deja claro que se conocían políticamente desde antes del triunfo revolucionario.

¿Hasta dónde llegaba esa confianza? Hasta un detalle que lo resume todo: fue Escalona, como capitán auditor y notario, quien formalizó legalmente el matrimonio de Raúl Castro y Vilma Espín. El dato aparece repetido en fuentes oficiales y en el acta histórica de la boda. El mismo hombre que casó a Raúl pediría décadas después la muerte del general más condecorado de las Fuerzas Armadas que Raúl dirigía.

Cargos, misiones y la sombra de Angola

Después de enero de 1959, Escalona permaneció como uno de los ayudantes de Raúl Castro en Santiago. Participó en la preparación de las normas para crear y estructurar el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ejerció como ayudante del ministro y fue enviado a distintas responsabilidades militares y administrativas. Durante la Crisis de Octubre de 1962 lo trasladaron de nuevo a Santiago, otra vez bajo el mando de Raúl, que lo designó ayudante del jefe de la división soviética emplazada en la zona de Songo-La Maya.

Con Fidel Castro la relación fue distinta: menos personal, más institucional, pero igual de significativa. En 1960 lo acompañó a Nueva York como parte de la delegación cubana ante Naciones Unidas. Después desempeñó funciones en el Estado Mayor y en el puesto de mando desde el cual se seguían las operaciones cubanas en Angola. En los relatos oficiales aparece trabajando con mapas, partes cifrados y comunicaciones militares que Fidel examinaba para dar instrucciones. También viajó con él al congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y participó en encuentros con dirigentes de Bulgaria, Yugoslavia, Guinea y Angola.

De nuevo, la cautela necesaria: buena parte de este material procede de testimonios del propio Escalona y de biografías oficiales como las que publica la Fiscalía General de la República de Cuba. No existe documentación militar desclasificada que permita verificar cada detalle. En el caso de Angola, las biografías cubanas afirman que llegó a asumir responsabilidades equivalentes a la jefatura del Estado Mayor General, aunque reconstruir con exactitud qué cargo tuvo y en qué periodo resulta muy difícil con fuentes independientes.

1960: la primera vez que pidió fusilamientos

Esta es la parte que casi nunca se cuenta, y probablemente la clave para entender todo lo demás.

Después de enero de 1959, Escalona fue nombrado jefe del tribunal revolucionario de Oriente Sur, una jurisdicción que abarcaba Baracoa, Guantánamo, Santiago de Cuba, Bayamo y Manzanillo. El dato lo reconoce la propia Fiscalía cubana. Desde el primer año, por tanto, estaba al frente de los tribunales revolucionarios en media provincia oriental.

Qué significaba exactamente ser «jefe del tribunal» en aquellos meses hay que entenderlo en su contexto, cuando convivían tribunales militares, auditorías y órganos extraordinarios. Las fuentes oficiales no ofrecen un inventario de las causas en que intervino ni de las sentencias que solicitó. Pero hay una excepción documentada.

Existe una reproducción del expediente de la Causa 829 de 1960, contra Plinio Prieto Ruiz, Sinecio Walsh Ríos, Porfirio Ramírez Ruiz, José Palomino Colón y otros acusados de participar en la insurgencia del Escambray. En esa documentación aparece identificado el capitán Juan Escalona Reguera como fiscal militar. Y según ese texto, pidió la pena de muerte para cinco de los acusados, que fueron fusilados en octubre de 1960.

La reproducción no procede de un archivo estatal de acceso público, de modo que conviene mantener reserva sobre su cadena documental. Pero si es exacta, la Causa 1 de 1989 no fue la primera vez que Escalona pidió fusilamientos: fue, como mínimo, la segunda. Con casi treinta años de diferencia y el mismo resultado.

Familiares de Plinio Prieto afirmaron después que Escalona habría llegado al juicio con una decisión de muerte ya ordenada por Raúl Castro. No hay pruebas independientes que corroboren esa acusación. Lo comprobable es que actuó como fiscal, que solicitó penas capitales y que los acusados fueron ejecutados. La orden previa pertenece al terreno del testimonio, no del documento.

De ahí viene el apodo con el que lo bautizó el exilio: «Charco de Sangre». Está ampliamente documentado como denominación hostil usada por sus críticos, pero no hay fuente fiable que establezca cuándo surgió, quién lo acuñó ni hasta qué punto circulaba dentro de Cuba.

El ministro de Justicia que escribía las leyes

Su carrera siguió subiendo. Fue jefe del Estado Mayor del Ejército Occidental hasta abril de 1962, trabajó en la elaboración de la Ley del Servicio Militar Obligatorio y en la organización de comités militares por todo el país. El diario mexicano La Jornada publicó que en los años sesenta fue acusado de simpatizar demasiado con la línea soviética y que permaneció un tiempo marginado, y que años después realizó estudios militares en la Unión Soviética; no se ha localizado la fuente primaria que explique esa marginación, así que el dato periodístico queda sin corroborar del todo. En 1981 fue nombrado sustituto del ministro de las FAR para la Defensa Civil y participó en grupos operativos, incluida la respuesta del Gobierno contra la epidemia de dengue.

En octubre de 1983 llegó el cargo que lo cambia todo: ministro de Justicia. Desde ahí participó en reformas profundas del ordenamiento jurídico cubano: las modificaciones del Código Penal aprobadas en los ochenta, la legislación de los tribunales populares, el notariado, las asociaciones, los registros civiles, el Código Civil y los mecanismos de revisión de sentencias firmes. Escalona no se limitaba a aplicar las leyes: las escribía.

Esto permite desmontar una confusión que se repite hasta el cansancio. En 1989, cuando se celebró la Causa 1, Escalona no era fiscal general de la República. Todavía no. Era ministro de Justicia, y fue escogido de manera excepcional para actuar como fiscal acusador en aquel juicio.

Tampoco presidió el tribunal, como repiten algunas publicaciones. El presidente del Tribunal Militar Especial fue el general Ramón Espinosa Martín. Amnistía Internacional identificó sin ambigüedad a Espinosa como presidente del tribunal y a Escalona, entonces ministro de Justicia, como fiscal. Son dos funciones distintas y conviene no mezclarlas.

Ahora bien, vale la pena detenerse en lo que significa esa combinación: el ministro de Justicia de un país —el jefe político del sistema legal— bajando personalmente al estrado a ejercer de acusador en un juicio militar sumarísimo contra un héroe de la República. En cualquier sistema con separación de poderes, eso sería un escándalo institucional por sí solo, antes incluso de escuchar una palabra del proceso.

Siete penas de muerte pedidas, cuatro ejecutadas

El juicio empezó a finales de junio de 1989 contra catorce integrantes de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior. Entre ellos, el general de división Arnaldo Ochoa Sánchez, el coronel Antonio de la Guardia Font, el capitán Jorge Martínez Valdés, el mayor Amado Padrón Trujillo y el general Patricio de la Guardia, además de otros oficiales y funcionarios vinculados a operaciones de narcotráfico, contrabando, corrupción y manejo ilegal de divisas. El acceso a la sala estuvo restringido a familiares, militares, funcionarios del Partido, representantes del Gobierno y prensa seleccionada. Fragmentos extensos se transmitieron por la televisión cubana.

Escalona dirigió los interrogatorios de la acusación, presentó las conclusiones fiscales y solicitó las penas. Su intervención no fue la de un fiscal técnico exponiendo un expediente: fue agresiva y cargada de argumentos políticos y morales. No se limitó a sostener que se habían cometido delitos; acusó a Ochoa de traicionar al pueblo, a la patria, a Fidel Castro y a la Revolución. El diario El País, que cubrió el proceso desde La Habana, recogió cómo Escalona consideró agravante que Ochoa hubiera comprometido el prestigio del dirigente cubano.

Ahí cabe toda su carrera en una sola frase de estrado: el agravante no era el daño social, sino el daño a la figura de Fidel.

Pidió pena de muerte para siete de los catorce procesados, exactamente la mitad: Arnaldo Ochoa, Antonio de la Guardia, Jorge Martínez Valdés, Amado Padrón, Antonio Sánchez Lima, Alexis Lago Arocha y Eduardo Díaz Izquierdo. Para el resto solicitó treinta años para Patricio de la Guardia y Rosa María Abierno, veinticinco años para otros acusados y quince para uno.

El tribunal impuso finalmente cuatro condenas de muerte, no siete. Los fusilados el 13 de julio de 1989 fueron Ochoa, Antonio de la Guardia, Jorge Martínez y Amado Padrón. Las ejecuciones las confirmó ese mismo día la agencia oficial cubana y las recogieron los medios internacionales.

Conviene ser preciso, porque la precisión es lo que separa la reconstrucción histórica de la propaganda de cualquier bando: sería incorrecto decir que Escalona «dictó» las sentencias o que «ordenó» los fusilamientos. No tenía esa autoridad. Su papel fue solicitar las penas capitales como fiscal. La sentencia la emitió el Tribunal Militar Especial, la revisó la instancia militar superior y la ratificó políticamente el Consejo de Estado presidido por Fidel Castro. Eso no lo convierte en un secundario: construyó y defendió públicamente la acusación, y pidió siete ejecuciones ante las cámaras de todo un país.

Las dudas que el expediente no cierra

Amnistía Internacional expresó su preocupación antes de que concluyera el juicio. Advirtió que las consideraciones políticas podían influir en el desarrollo y el resultado de un proceso formalmente penal, pidió que los acusados contaran con todas las garantías y solicitó que no fueran ejecutados. También manifestó inquietud por la rapidez con que podían tramitarse las apelaciones y la ratificación de las penas.

Sumados todos los elementos —el ministro de Justicia actuando como fiscal, el carácter militar y sumarísimo del proceso, las confesiones televisadas, los pronunciamientos políticos anteriores al veredicto y la velocidad entre juicio, sentencia, ratificación y ejecución—, la discusión sobre la independencia del tribunal no se resuelve con la sola existencia de indicios o pruebas de negocios ilícitos. Tampoco queda zanjada la proporcionalidad de las penas ni la posibilidad real de una defensa contradictoria. Hay autores que sostienen que fue un juicio ejemplarizante y hay quienes aceptan la versión oficial de que el Gobierno castigó una operación de narcotráfico hecha sin autorización. La documentación pública disponible no permite cerrar esa controversia.

Lo que sí existe son sus propias palabras años después. En una entrevista concedida al periodista Luis Báez en 1996, Escalona describió su intervención como «una misión más de la Revolución». Dijo que no había sido una tarea satisfactoria, sino traumática y amarga, y se definió a sí mismo como una pequeña pieza dentro del proceso revolucionario.

La frase es demoledora sin que él pareciera advertirlo. No dijo que hubiera revisado el expediente y concluido que los acusados merecían la muerte. Dijo que fue una misión. Y una misión es algo que se asigna, no algo que se decide. Eso no prueba por sí solo que las sentencias estuvieran acordadas de antemano, pero revela cómo entendía su propio trabajo: la legalidad estaba subordinada, al menos en su discurso, a la defensa política del sistema.

Lo que vino después: diecisiete años como fiscal general

Circula la versión de que Escalona desapareció tras el juicio, que quedó marcado, que lo apartaron. Es falsa. En febrero de 1990, apenas meses después de los fusilamientos, fue elegido presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ocupó el cargo hasta 1993, y durante esa legislatura se aprobaron cambios institucionales de peso, incluida la reforma constitucional de 1992.

En junio de 1993 fue nombrado fiscal general de la República, y se mantuvo hasta el 21 de marzo de 2010: diecisiete años al frente de la Fiscalía. Aquí hay otro error repetido en muchas biografías —incluida la propia EcuRed—, que sitúan su salida más allá de 2011 o incluso en 2014. Las fuentes oficiales de la Fiscalía y la información contemporánea establecen que fue sustituido en marzo de 2010.

Como fiscal general encabezó la institución durante los años más duros del Período Especial y durante distintas campañas contra opositores, activistas de derechos humanos y periodistas independientes. Amnistía Internacional le remitió repetidamente llamamientos en su condición de máxima autoridad fiscal, lo que implica responsabilidad institucional sobre la actuación de la Fiscalía, aunque no signifique que dirigiera personalmente cada expediente. Medios opositores le atribuyen haber descrito a disidentes y periodistas independientes como delincuentes al servicio de Estados Unidos; la frase se repite en distintas publicaciones, pero no se ha localizado el discurso completo original.

Además, fue miembro del Consejo de Estado entre 1993 y 1998 y estuvo en el Comité Central del Partido Comunista desde 1980 hasta 2011: más de tres décadas seguidas en el máximo órgano partidista.

Una salida por «problemas de salud» y una nube de rumores

El 23 de marzo de 2010 la televisión cubana anunció que Escalona, entonces de 78 años, era sustituido como fiscal general por «problemas de salud». Su sucesor fue el general de brigada Darío Delgado Cura, hasta entonces vicefiscal general y jefe de la Fiscalía Militar Principal. El comunicado no presentó la salida como una sanción: reconoció su «meritoria labor» y anunció que se le asignarían otras funciones en la Secretaría del Consejo de Estado. No hay un nombramiento público posterior que permita saber cuáles fueron esas funciones ni si llegó a desempeñarlas.

Después vinieron los rumores de siempre: que si cayó en desgracia por corrupción, que si traicionó, que si un allegado quería irse del país, que si problemas familiares. No existen documentos oficiales, expedientes, sanciones partidistas ni investigaciones periodísticas sólidas que demuestren ninguna de esas versiones. Tampoco puede hablarse de un ostracismo absoluto: en 2011 recibió el Premio Nacional de Derecho Carlos Manuel de Céspedes y conservó reconocimientos institucionales, además de doctorados honoris causa en Ciencias Jurídicas de las universidades de La Habana y de Oriente.

La formulación honesta es esta: fue retirado en 2010, oficialmente por salud, pasó a un perfil público mucho más bajo, y lo demás son rumores sin pruebas.

Murió en La Habana el 28 de septiembre de 2018, a los 87 años. La causa informada por la televisión estatal fue una bronconeumonía. Por decisión familiar su cadáver fue cremado, y se anunció que las cenizas serían trasladadas al Mausoleo del Segundo Frente Oriental Frank País. Volvió, convertido en ceniza, al mismo monte donde había empezado sesenta años antes como auditor de la guerrilla de Raúl Castro.

El archivo que no dejó

Hay cosas que, por más que se busquen, no aparecen. No existe evidencia de que fuera familiar de los Castro: su vínculo fue político, militar y personal, sobre todo con Raúl. Tampoco hay una biografía independiente completa, ni archivos personales, ni memorias escritas por él, ni una relación fiable de su esposa e hijos. El hombre que durante décadas custodió los expedientes de todos los demás no dejó prácticamente ninguno propio.

Si algo resume su vida es una frase de la propia Fiscalía cubana al recordarlo, que destacó explícitamente su «fidelidad a Fidel y Raúl». No su fidelidad a la ley. No su fidelidad a la justicia. A dos personas.

Y ahí está la conclusión más difícil de esquivar. Juan Escalona Reguera no fue elegido para la Causa 1 por casualidad ni por ser el mejor jurista disponible. Fue elegido precisamente por lo que era: por su lealtad probada desde 1958, por su experiencia previa en tribunales militares pidiendo fusilamientos, y por su capacidad para convertir una acusación penal en una defensa política de Fidel, de Raúl y de la Revolución. El juicio de 1989 no acabó con su carrera. La coronó.

Queda abierta la pregunta que su propia declaración de 1996 dejó flotando: si fue un verdugo con toga o un funcionario que cumplía órdenes que no podía desobedecer. Y si decir que aquello fue «una misión» y no una decisión propia cambia algo en el plano moral, o si es justamente la confesión que lo explica todo.