La muerte de José Abrantes: el ministro que dijo que «Fidel lo sabía todo» y murió tres días después

Durante décadas, José Abrantes Fernández fue el hombre que decidía quién llegaba hasta Fidel Castro y quién no. Jefe de su escolta personal y, después, ministro del Interior, construyó un aparato de inteligencia con tanto poder que funcionaba como un Estado dentro del Estado. El 21 de enero de 1991 murió en una celda de la prisión de Guanajay. La versión oficial habló de un infarto. Quienes han reconstruido el caso sostienen que fue el último acto de una operación para silenciar a un testigo incómodo.

El hombre que filtraba el acceso al Comandante

Abrantes no era un militar más ni un ministro más. Antes de dirigir el Ministerio del Interior (MININT) fue jefe de la escolta personal de Fidel Castro, un puesto que lo convertía en filtro obligado: nada ni nadie llegaba al líder sin su visto bueno. Esa cercanía le dio un poder que iba mucho más allá de sus galones. Se había incorporado a la escolta en el verano de 1959, como parte de un pacto con el Directorio Revolucionario 13 de Marzo y como gesto de Fidel tras la muerte de su hermano Juan «Cocó» Abrantes, mártir de la Revolución, a quien Castro habría prometido velar por el bienestar de su hermano.

En 1985 sustituyó a Ramiro Valdés al frente del MININT, y siguió controlando la seguridad del Comandante. Bajo su mando, el ministerio dejó de ser solo un órgano de represión y espionaje para convertirse en algo parecido a una corporación multinacional. Dentro de esa estructura operaba el Departamento MC, Moneda Convertible, creado en un país asfixiado económicamente y con una orden clara desde arriba: conseguir divisas. La maquinaria, pensada en lo fundamental para burlar el embargo estadounidense e importar tecnología y medicinas, terminó moviendo también otras cosas. Barcos, aviones, empresas en Panamá y cuentas en Suiza formaban parte de un mundo aparte, con lujos que ni el cubano de a pie ni los oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) veían a diario.

Ese contraste alimentó una rivalidad silenciosa con el Ministerio de las FAR de Raúl Castro. Raúl, hombre de orden y de estructura soviética, miraba con recelo el estilo casi occidental de los oficiales de Abrantes. Este, por su parte, se sentía intocable: respondía ante Fidel, no ante el Consejo de Estado. Creyó que ese hilo directo lo protegería de cualquier caída.

1989: el narcotráfico, Washington y la necesidad de culpables

El año 1989 lo cambió todo. Con el Muro de Berlín a punto de caer y la Unión Soviética tambaleándose, en La Habana crecía el temor a que Estados Unidos usara el narcotráfico como pretexto para intervenir, como haría meses después en Panamá con Noriega, en plena presión de la administración de George H. W. Bush.

Las acusaciones no venían de la nada. Ya en 1982, la acusación federal vinculada al caso de Jaime Guillot Lara señalaba a altos funcionarios cubanos, entre ellos el vicealmirante Aldo Santamaría, jefe de la Marina, por permitir que Cuba sirviera de escala a contrabandistas de drogas. En 1983, Ronald Reagan afirmó tener «evidencias sólidas» de que funcionarios del gobierno cubano participaban en el contrabando, y días después planteó si se trataba de política oficial o de «oficiales renegados», una expresión que Fidel Castro adoptaría años más tarde. También el narcotraficante Carlos Lehder declaró sobre sus viajes a Cuba y sus reuniones con Raúl Castro, mientras que en el caso de Robert Vesco se habló de autorizaciones para que aviones con droga sobrevolaran el espacio aéreo cubano.

El golpe más directo llegó con el caso de Reinaldo Ruiz y su hijo Rubén, contrabandistas cubanoestadounidenses. Según lo que declararon ante un gran jurado en Miami, entre 1987 y 1988 usaron el aeropuerto de Varadero para reabastecerse de combustible tras lanzar la droga y contaron con la protección de patrulleras cubanas frente a los guardacostas norteamericanos. Para La Habana era un relato concreto del uso de instalaciones militares cubanas, en plena ofensiva antidroga de Washington.

La Causa 1 y el paso siguiente

Poco después se abrió la Causa 1 de 1989. Un Tribunal Militar Especial sentenció el 7 de julio a 14 acusados principales. El general Arnaldo Ochoa, el coronel Antonio de la Guardia, el mayor Amado Padrón y el capitán Jorge Martínez fueron fusilados el 13 de julio, apenas seis días después de la sentencia y 31 después del arresto de Ochoa. Otros recibieron largas condenas, como Patricio de la Guardia, hermano gemelo de Tony, con 30 años. Quienes cuestionan el proceso recuerdan que el Código Penal de 1989 no contemplaba la pena de muerte para el narcotráfico y que se recurrió a la figura de la «alta traición»; una reforma de 1999 endureció esas sanciones, lo que algunos interpretan como una admisión implícita de aquel vacío legal. Según el escritor Norberto Fuentes, además, todos los fusiles estaban cargados con balas reales, sin la de fogueo habitual que diluye la responsabilidad de los tiradores.

Con Ochoa y los De la Guardia fuera de escena, la pregunta se volvió inevitable: ¿cómo era posible que el ministro del Interior no supiera lo que hacían sus subordinados? Así nació la Causa 2. A diferencia de Ochoa, Abrantes no fue acusado de traición ni de narcotráfico directo, sino de negligencia, abuso del cargo y corrupción, incluida la importación de autos de lujo. La agencia UPI recogió en agosto de 1989 la petición fiscal de 20 años de cárcel. Fue degradado, perdió las estrellas de general y fue condenado a esa pena.

¿Por qué una prisión y no el paredón? Analistas y testigos apuntan a la debilidad de Fidel por quien le había cuidado las espaldas durante treinta años, y a aquella promesa hecha tras la muerte de «Cocó». Según las fuentes citadas, el 27 de junio de 1989 Fidel visitó a Tony de la Guardia en Villa Marista y le pidió que no implicara a «Pepe», como llamaba a Abrantes, en el juicio.

Guanajay: un edificio aislado para los condenados

Abrantes cumplió condena en Guanajay, en un edificio levantado de urgencia para aislar a los condenados de las causas 1 y 2. Dos bloques de celdas, separados por un sendero de ronda vigilado por perros Doberman, alojaban a un lado a los oficiales del Departamento MC y al otro a Abrantes y los oficiales del MININT. La custodia no correspondía a guardias comunes, sino a las «boinas rojas» del MINFAR. Compartía celda con Diocles Torralba, exministro de Transporte condenado a 20 años.

Quienes lo vieron lo describen devastado, más por la traición que por el encierro: sentía haber cumplido órdenes para conseguir divisas y proteger a la Revolución, y ahora lo trataban como a un delincuente común.

La frase que, según Fuentes, selló su destino

Según la cronología que expone Norberto Fuentes en su obra Narcotráfico y tareas revolucionarias, el 18 de enero de 1991 Abrantes coincidió con Patricio de la Guardia mientras ambos cuidaban legumbres en un pequeño invernadero hidropónico del penal. Patricio, dolido por el fusilamiento de su hermano, le exigió la verdad. Y Abrantes, según ese relato, respondió:

«Sobre la droga, Fidel lo sabía todo. Yo le informaba sin entrar en detalles».

La frase implicaba dos cosas: que Fidel Castro conocía y autorizaba las operaciones del Departamento MC, y que Tony de la Guardia había sido sacrificado cumpliendo órdenes superiores. Abrantes habría añadido que, al terminar el Tribunal de Honor a Ochoa —que siguió por circuito cerrado junto a Fidel y Raúl—, le dijo directamente al líder: «Todo lo que ha sido dicho aquí, ya te lo había informado». Según su versión, Fidel lo ignoró. Fuentes sitúa el punto de quiebre en la protesta de Abrantes contra la pena de muerte para Ochoa y los otros condenados.

La discusión con Patricio, cuenta el relato, fue informada esa misma tarde a Raúl y a Fidel. Y el contexto pesaba: la URSS había desaparecido, con su enorme subsidio; la economía entraba en caída libre, en lo que se llamaría Período Especial. Un exministro del Interior con toda su credibilidad, afirmando desde la cárcel que el Comandante conocía el narcotráfico, era un riesgo que el poder no podía tolerar.

Dos versiones sobre el 21 de enero de 1991

La versión oficial fue escueta. El 22 de enero, Granma publicó una nota breve en una esquina de su segunda página: el exministro, de unos 58 años, había fallecido de un infarto agudo de miocardio en Guanajay. Se presentaba como una muerte natural, atribuible al estrés y la hipertensión. Testimonios recogidos años después hablan de una muerte «muy extraña» en la cárcel, tras haber recordado a Fidel que este conocía las operaciones.

Los investigadores y fuentes que cuestionan la versión oficial sostienen que el proceso empezó mucho antes. Entre noviembre de 1990 y enero de 1991, dos psiquiatras atendían a Abrantes por un cuadro de ansiedad y estrés atribuido al encierro. Se le administraban supuestos calmantes y ansiolíticos en grandes cantidades. Según las denuncias, en realidad recibía digitálicos, en concreto digoxina, combinados con diuréticos potentes. La digoxina, un fármaco cardíaco de margen de seguridad muy estrecho, puede volverse tóxica con una dosis excesiva; los diuréticos, al eliminar potasio, vuelven al corazón más sensible a ella. El resultado, dicen, sería una intoxicación digitálica acumulativa, disfrazada de tratamiento.

Ese 21 de enero, Abrantes habría empezado a sentir los síntomas de un infarto. Según testimonios de otros presos, como Diocles Torralba, que oyeron sus gritos, pidió auxilio, pero los guardias no abrieron la celda: alegaron órdenes terminantes de no hacerlo sin autorización superior. Durante más de una hora y media permaneció sin atención hasta que apareció el director de la prisión, cuando Abrantes ya yacía inconsciente. Fuentes narra que tres guardias lo colocaron en una camilla y que, mientras intentaban meterlo en el asiento trasero del Moskvich azul del director, el cuerpo se contrajo hacia delante: «acababa de morirse».

La versión oficial sitúa su fallecimiento a las 6:25 de la tarde en el hospital de Guanajay. Fuentes sostiene que eso fue una coartada para ocultar que ya había muerto entre los muros de la cárcel. Otras versiones, no confirmadas, hablan de que pudo ser rematado, ahogado con una almohada, para que no llegara vivo a un médico ajeno a la conspiración. Ninguna de ellas puede darse por probada, pero coinciden en un punto: se trataría de un crimen de Estado sin sangre visible, justificable en el papel como muerte natural.

Sin autopsia independiente, sin despedida

Según lo expuesto en el caso, el procedimiento se diseñó para no dejar rastros de violencia externa. No hubo autopsia forense pública ni independiente que pudiera detectar niveles tóxicos de digitálicos o potasio, y se impidió que la familia viera el cuerpo antes del entierro, lo que eliminaba la posibilidad de comprobar signos de asfixia o maltrato. Hoy, más de treinta años después, la familia tuvo que aceptar la caja cerrada y la versión oficial.

Un ministerio desmantelado

La caída de Abrantes dio a Raúl Castro lo que, según este análisis, siempre había querido: el control total de los servicios de seguridad. El MININT fue desmantelado. Los hombres de confianza de Abrantes fueron separados de sus puestos, expulsados, jubilados a la fuerza o encarcelados, y cientos de oficiales acabaron arrestados, retirados o transferidos. Sus plazas las ocuparon oficiales de las FAR que, según algunos testimonios, sabían poco o nada de espionaje, pero garantizaban lealtad a Raúl. Abelardo Colomé Ibarra, «Furry», asumió el mando del ministerio, y el general Carlos Fernández Gondín, procedente de la Contrainteligencia Militar, fue nombrado viceministro primero.

Hasta finales de los años ochenta, el MININT había sido la institución de la inteligencia civil y política, diferenciada de la inteligencia militar de las FAR. Se encargaba de la inteligencia política, a través de la Dirección General de Inteligencia y la Seguridad del Estado, y de la seguridad interior: la Policía Nacional Revolucionaria, el sistema de prisiones, los bomberos y las tropas guardafronteras. Tras 1989 esa distinción se desdibujó, con el ministerio absorbido y militarizado por las FAR. Para más contexto sobre cómo se juzgó a otros protagonistas de aquel proceso, puede leerse el perfil del fiscal Juan Escalona Reguera o el de Jorge Martínez Valdés, ayudante de Ochoa. Sobre el sistema penitenciario en el que murió Abrantes, véase el reportaje sobre las cárceles de Cuba por dentro.

El discurso de la apertura

Hubo además otro factor que, según algunos, irritó a Fidel. En marzo de 1989, en el acto por el 30 aniversario de los órganos de la Seguridad del Estado, Abrantes habló de no ponerle etiquetas políticas a todo y de entender a la juventud. Dijo: «Estamos y estaremos abiertos al diálogo… No me refiero solo a los compañeros que tienen relaciones de muchos años con el Ministerio… sino también a aquellos que tengan ideas distintas o que vean los problemas con otros matices o enfoques». Algunos interpretan que coqueteaba con la perestroika de Gorbachov. Para un Fidel atrincherado en el «socialismo o muerte», sería una señal de debilidad ideológica.

Víctima de su propia maquinaria

La ironía es difícil de ignorar: Abrantes diseñó los métodos de vigilancia y perfeccionó el sistema de lealtades absolutas que terminó volviéndose contra él. Su historia ilustra cómo, en los regímenes totalitarios, la cercanía al líder no garantiza nada. Desde esta lectura, la Causa 2 no fue un juicio a la corrupción, sino una operación de limpieza para borrar las huellas del narcotráfico de Estado, una segunda parte de la Causa 1; y su muerte, la última medida de esa operación. Es una interpretación, no un hecho judicialmente establecido, y se apoya en testimonios como los de Norberto Fuentes y de otros exoficiales que lograron salir de la isla.

Queda una pregunta abierta, la misma que sigue dividiendo opiniones: si un ministro de ese calibre pudo mover toneladas de droga sin que Fidel lo supiera, y qué credibilidad merece la versión del infarto, apenas tres días después de la confesión que Fuentes le atribuye. Sin autopsia independiente, la respuesta sigue dependiendo de testimonios y de silencios.