Nuevas regulaciones en Cuba: tope del 30% a ganancias en compras del Estado al sector no estatal
En un intento por abordar las distorsiones económicas y reimpulsar la economía en medio de un contexto de alta inflación, el Gobierno de Cuba ha anunciado una nueva medida que limita las ganancias permitidas en las transacciones comerciales entre las entidades estatales y las formas de gestión no estatal, como las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), cooperativas y trabajadores por cuenta propia.
Tasa de utilidad máxima del 30%
A partir del 1 de julio de 2024, según la Resolución No. 209 publicada en la Gaceta Oficial, las entidades del Estado deberán concertar precios y tarifas en sus contratos con el sector no estatal, asegurándose de que la tasa de utilidad máxima no supere el 30% sobre el total de los costos y gastos.
Esta disposición, emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios, busca regular las ganancias en estas transacciones y abordar las distorsiones económicas que ha enfrentado el país en los últimos años.
Además de la limitación general del 30%, la resolución otorga facultades a los consejos provinciales y municipales para aprobar precios y tarifas máximas de bienes y servicios específicos que las entidades estatales adquieren del sector no estatal, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio. Esta medida añade un nivel adicional de control sobre los precios a nivel local.
Cuestionamientos sobre la efectividad de la medida
Si bien el Gobierno presenta esta regulación como parte de sus estrategias para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, algunos economistas, como Pedro Monreal, cuestionan su efectividad como medida antinflacionaria.
Monreal considera que esta disposición es una variante de los «topes de precios», una estrategia que el Gobierno ha aplicado regularmente, muchas veces sin los resultados deseados.
Además, advierte que reemplazar la formación de precios en función del mercado por «facultades» de funcionarios locales no solo restringe los precios de mercado, sino que también conlleva el riesgo de generar «mercados de corrupción».
La economía cubana sigue enfrentando un panorama desfavorable, según reconoció recientemente el titular del sector, Joaquín Alonso Vázquez.
Entre los problemas destacados se encuentran la disminución de ingresos por exportaciones, la reducción de importaciones, el incumplimiento de actividades económicas clave, las pérdidas en más de 300 empresas de sectores estratégicos y la persistente depreciación del peso cubano en el mercado informal, lo que ha contribuido al incremento de los precios.
Ante esta situación, algunos economistas, como Omar Everleny, han subrayado la necesidad de superar la disyuntiva entre lo estatal y lo no estatal, y de reconocer los elementos de autonomía empresarial, seguridad jurídica y propiedad que todas las empresas requieren para cumplir sus fines, independientemente de su forma de gestión.
El esperado Anteproyecto de Ley de Empresas sigue siendo una tarea pendiente y urgente para el Gobierno cubano en su búsqueda por reimpulsar la economía nacional.
