Trump ordena a EE.UU. intensificar despliegue naval en la frontera marítima con Cuba
La administración de Donald Trump ordenó esta semana un refuerzo de la presencia de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) en la zona marítima cercana a Cuba. Con esta iniciativa, el gobierno pretende frenar la migración irregular y el tráfico de estupefacientes en las aguas internacionales adyacentes al país, cumpliendo así parte de las promesas de campaña del presidente en materia de control fronterizo.
De acuerdo con las instrucciones emitidas desde la Casa Blanca, la Guardia Costera comenzó el martes 21 de enero de 2025 a desplegar activos navales de forma inmediata. Este operativo contempla el uso de cortadores, aeronaves y embarcaciones, además de fuerzas especiales, para robustecer la vigilancia en varias áreas catalogadas como prioritarias.
El almirante Kevin Lunday, comandante interino de la USCG, afirmó en un comunicado que la Guardia Costera “es la agencia de seguridad marítima más importante del mundo, vital para proteger las fronteras marítimas de América, su integridad territorial y soberanía”. Según explicó, el despliegue responde a las órdenes ejecutivas del presidente Trump, por lo que ha dado instrucciones a sus comandantes para “desplegar de inmediato activos—cortadores, aeronaves, embarcaciones y fuerzas especializadas desplegables—para aumentar la presencia de la Guardia Costera, enfocándose en áreas clave”.
Lunday también informó que estos operativos se coordinarán con el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa de EE.UU. a fin de identificar, persuadir e interrumpir actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, la migración ilegal o eventuales amenazas terroristas, antes de que lleguen a las fronteras estadounidenses.
Las áreas de interés incluyen la frontera sureste de EE.UU., enfocándose en Florida para evitar posibles flujos masivos de migrantes provenientes de Cuba y Haití. También se suman a la lista las zonas marítimas circundantes a Alaska, Hawai’i y los territorios de Guam, las Islas Marianas del Norte y Samoa Americana. De igual forma, se vigilará la frontera marítima que comparten las Bahamas con el sur de Florida, así como el límite marítimo suroeste entre Estados Unidos y México en el Pacífico y la frontera entre Texas y México en el Golfo de México.
Cambios en la política migratoria
El despliegue naval coincide con otras medidas anunciadas por el gobierno de Trump para reforzar los controles en las fronteras. Benjamine Huffman, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, confirmó el mismo martes el inicio de una nueva fase de redadas dirigidas a migrantes indocumentados con historial delictivo. Este viraje también contempla la suspensión de las directrices heredadas de la administración Biden, que restringían las acciones de las autoridades migratorias en zonas sensibles como escuelas e iglesias.
Otro cambio significativo es la revocación del programa de parole humanitario. Desde su implementación, había beneficiado a más de 1.5 millones de migrantes provenientes de países como Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, al facilitar su entrada temporal a Estados Unidos. Ahora, ese procedimiento se sustituirá por evaluaciones caso por caso, lo que probablemente dificultará el acceso legal al país para numerosas personas que aspiraban a regularizar su situación migratoria.
Perspectivas a futuro
La presencia reforzada de la Guardia Costera cerca de Cuba y en otros puntos fronterizos refleja la intención de la administración Trump de endurecer la seguridad y la vigilancia en torno a la migración. Mientras se implementan estas iniciativas, las autoridades estadounidenses insisten en que su principal objetivo es proteger la integridad territorial y la soberanía nacional, al tiempo que tratan de disuadir cualquier intento de entrada ilegal por vía marítima. Sin embargo, organizaciones proinmigrantes y defensores de derechos humanos advierten que el fin del programa de parole humanitario podría desencadenar efectos adversos para quienes buscan opciones legales de ingreso en el país.