El Pentágono evaluó un asalto aéreo contra Cuba: los hechos detrás de la exclusiva de CBS

101 aerotransportada cuba

La conversación sobre Cuba en Washington ha dejado de ser abstracta. Según una exclusiva de CBS News, a finales de junio los planificadores militares de Estados Unidos se reunieron para examinar conceptos preliminares de operación contra la isla. Entre las opciones analizadas figura una que hasta hace pocos meses habría parecido impensable: un asalto aéreo encabezado por la 101 División Aerotransportada, con la participación de varios miles de soldados estadounidenses.

La información no procede de rumores en redes sociales ni de especulaciones del exilio, sino de funcionarios estadounidenses con conocimiento directo de esas discusiones, citados por una de las cadenas más influyentes del país. Al mismo tiempo, conviene subrayar lo que la noticia no dice: hasta ahora no existe evidencia pública de que Donald Trump haya ordenado atacar Cuba, ni de que haya aprobado una misión concreta, ni de que una acción sea inminente. Los propios funcionarios consultados por CBS lo dejaron claro.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿se trata del preludio de una intervención o de una jugada de presión calculada? La respuesta exige separar los hechos confirmados de las exageraciones.

Qué discutió exactamente el Pentágono

De acuerdo con el reporte de CBS, el Ejército estadounidense realizó a finales de junio lo que en la jerga militar se conoce como una presentación de concepto de operaciones: un ejercicio para discutir opciones de planificación en etapa temprana sobre misiones seleccionadas que podrían ejecutarse contra Cuba.

Este tipo de documento va más allá de una conversación política. Puede incluir objetivos, fases, tropas necesarias, transporte, inteligencia, abastecimiento, riesgos y posibles respuestas del adversario. No equivale a un plan operativo definitivo, pero revela algo significativo: personal militar ha comenzado a traducir una hipótesis política en escenarios técnicamente evaluables.

El matiz es importante. Que el Pentágono guarde expedientes genéricos sobre Cuba es rutinario y, con casi total seguridad, ocurre desde hace años. La novedad es que se discutió una posibilidad concreta, con una unidad determinada y con miles de militares involucrados.

Qué es un asalto aéreo y por qué importa la 101 División

Hay un detalle que buena parte de la cobertura mediática está pasando por alto: la opción examinada no consiste simplemente en bombardear Cuba. En la terminología militar estadounidense, un asalto aéreo no es una campaña de ataques desde aviones, sino el traslado de soldados, armamento y equipos mediante helicópteros para introducir una fuerza terrestre directamente en una zona de operaciones.

La 101 División Aerotransportada, con base en Fort Campbell, Kentucky, está especializada precisamente en eso: misiones de asalto aéreo de gran escala y largo alcance, a más de 500 millas náuticas, con frecuencia bajo la cobertura de la oscuridad y utilizando helicópteros Black Hawk, Chinook y Apache. En ejercicios recientes ha movilizado a más de mil soldados y alrededor de un centenar de equipos con decenas de aeronaves, y la propia unidad sostiene que su objetivo es insertar una brigada cohesionada capaz de combatir detrás de las líneas enemigas durante 14 días o más.

Traducido al caso cubano, la opción descrita por CBS implicaría una entrada forzosa de tropas terrestres en territorio de la isla: la captura de un aeropuerto, de un puerto, de instalaciones militares o de algún otro punto estratégico. Incluso una operación limitada de esa naturaleza constituiría una escalada militar de enorme magnitud.

Los drones iraníes: el detonante con matices

¿Por qué ahora? Durante meses, el presidente Trump ha hablado de «tomar» Cuba, y su administración ha señalado que contempla opciones militares si la diplomacia fracasa. El detonante más reciente tiene nombre propio: drones.

El 13 de julio, Trump declaró que su gobierno investigaba informes según los cuales Cuba habría adquirido drones de Irán, y advirtió que, de confirmarse, se encargarían del asunto. Previamente, el sitio Axios, citando informes de inteligencia clasificada, había reportado que Cuba habría adquirido desde 2023 unos 300 drones militares de Rusia e Irán, y que sus mandos habrían discutido cómo emplearlos contra la base naval de Guantánamo, buques estadounidenses o incluso objetivos en Cayo Hueso en caso de guerra.

Pero el propio informe de Axios contiene dos matices decisivos. Primero: los funcionarios estadounidenses consultados no consideraban que Cuba representara una amenaza inminente. Segundo: tampoco afirmaban que La Habana estuviera preparando activamente un ataque, sino que habría estudiado escenarios para el caso de que estallaran hostilidades. Reuters, además, no pudo verificar de forma independiente esa información clasificada.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó a Washington de fabricar un pretexto para justificar sanciones o una intervención. No negó explícitamente que Cuba posea drones militares, pero sí rechazó que la isla desee una guerra o esté amenazando a Estados Unidos. Hasta el momento, Washington no ha presentado públicamente fotografías, documentos, modelos, cantidades ni emplazamientos. Lo confirmado es la investigación estadounidense, no la existencia de armamento iraní desplegado en Cuba.

Mientras tanto, el líder cubano Miguel Díaz-Canel ha prometido resistir cualquier agresión militar, y el gobierno ha reactivado ejercicios asociados con la doctrina de la «guerra de todo el pueblo», promoviendo la preparación para una resistencia territorial.

Una campaña de presión que lleva meses en marcha

La filtración sobre el Pentágono no es un hecho aislado, sino una pieza más de una estrategia de presión sostenida. La secuencia habla por sí sola.

El 29 de enero, Trump declaró una emergencia nacional respecto a Cuba y estableció un mecanismo para imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla. El 1 de mayo, la Orden Ejecutiva 14404 amplió las sanciones y permitió bloquear bienes y castigar a personas, empresas e instituciones vinculadas a sectores como energía, defensa, minería, finanzas y seguridad. El 7 de mayo, el Departamento del Tesoro amplió la designación de GAESA —el conglomerado militar que controla alrededor del 40 % de la economía cubana, según las estimaciones más contenidas disponibles— y sancionó a su máxima ejecutiva. El 11 de junio le tocó el turno a CUPET, la empresa estatal de petróleo y gas. Y el 13 de julio, Washington sancionó al Ministerio de Turismo y a otras entidades relacionadas con comercio exterior, transporte marítimo, combustibles y organizaciones paramilitares.

A esa cadena se suma la visita del secretario de Defensa, Pete Hegseth, a Guantánamo el 10 de junio, donde advirtió que Cuba no debía obtener armas capaces de alcanzar la base o el territorio estadounidense, y aseguró que el Pentágono ofrecería al presidente todas las opciones necesarias para cualquier contingencia.

Negociar mientras se amenaza: la diplomacia coercitiva

Lo más llamativo del cuadro es que, en paralelo a toda esta presión, la diplomacia no se ha roto. La administración estadounidense mantiene contactos discretos con representantes cubanos desde aproximadamente marzo, y habría puesto sobre la mesa asistencia humanitaria por decenas de millones de dólares, apoyo agrícola, ayuda para infraestructura y acceso gratuito a Starlink, todo condicionado a liberaciones de presos, reformas políticas y apertura a la inversión privada estadounidense.

Incluso hubo un encuentro militar directo. El 29 de mayo, el jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, se reunió con el general cubano Roberto Legrá, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cerca de la base de Guantánamo, en un intercambio que ambas partes describieron como profesional y que mantiene canales abiertos para evitar incidentes.

Es lo que los analistas denominan diplomacia coercitiva: Washington negocia mientras intenta convencer al gobierno cubano de que el costo de no llegar a un acuerdo será cada vez mayor. El problema es que La Habana considera que su sistema político y la permanencia de sus dirigentes no son negociables, y ese desacuerdo de fondo convierte cualquier proceso en algo extremadamente frágil.

Lo que enseña la historia: amenazas que no se ejecutan

Cuba ya ha vivido momentos parecidos. Solo una vez Estados Unidos estuvo indiscutiblemente al borde de una intervención militar directa de gran escala: octubre de 1962, durante la Crisis de los Misiles, cuando los planes OPLAN 312 y OPLAN 316 contemplaban ataques aéreos y una invasión con centenares de aeronaves y fuerzas movilizadas. Kennedy optó finalmente por una cuarentena naval y una negociación secreta con la Unión Soviética, porque nadie podía garantizar que la operación no desembocara en una guerra nuclear.

Antes, en abril de 1961, la invasión de Bahía de Cochinos —unos 1.400 exiliados cubanos organizados por la CIA— fue derrotada en aproximadamente tres días y dejó una lección que sigue vigente en 2026: la existencia de descontento social no equivale a la existencia de una alternativa organizada capaz de asumir el poder. En 1975 y 1976, tras el despliegue cubano en Angola, Kissinger llegó a hablar de «aplastar» a Castro, pero la operación nunca recibió una orden de ejecución. Y en 1996, tras el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, Clinton respondió con sanciones y la Ley Helms-Burton, no con bombas.

El patrón se repite: Estados Unidos amenaza, planifica y presiona, pero no interviene. La pregunta es por qué.

Ganar la batalla no es ganar Cuba

Los analistas militares actuales ofrecen una respuesta coherente, resumible en una frase: existe una diferencia enorme entre derrotar militarmente a las Fuerzas Armadas cubanas y obtener un resultado político estable en Cuba.

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), un think tank con sede en Washington, concluye en el análisis más completo publicado recientemente que Cuba sería un adversario convencional débil, pero un problema de estabilización extremadamente difícil. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias dependen de armamento soviético envejecido, su aviación tiene disponibilidad limitada, su Marina apenas puede disputar el control del mar y el país carece de una defensa aérea moderna. Estados Unidos podría destruir con relativa rapidez radares, aviación, instalaciones navales y centros de mando.

Ganar la primera batalla sería lo fácil. Lo difícil vendría después: el CSIS calcula que, para restablecer el orden en un escenario de colapso nacional, podrían necesitarse alrededor de 100.000 efectivos externos. Y capturar o eliminar a un dirigente no garantiza la caída del sistema, porque el aparato cubano se sostiene sobre varias estructuras superpuestas: el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, los servicios de inteligencia, GAESA con su control económico, y los mecanismos territoriales de vigilancia y movilización. La desaparición de Díaz-Canel o de Raúl Castro no implicaría automáticamente la desaparición de esas instituciones; lo más probable es que el mando pasara temporalmente a una estructura militar y de seguridad aún más dura, como ilustra el caso de Irán.

La estrategia cubana ante una invasión, además, no consistiría en derrotar tecnológicamente a Estados Unidos, sino en dispersar fuerzas, evitar una decapitación rápida, convertir la ocupación en un problema prolongado y esperar a que el costo político erosione la voluntad estadounidense.

Hay, eso sí, voces con otra lectura. Frank Mora, exfuncionario del Pentágono especializado en América Latina, estima que existe una posibilidad significativa de que Trump ordene algún bombardeo u operación limitada en busca de una victoria rápida tras las dificultades en Irán, aunque reconoce que un verdadero cambio de régimen exigiría una invasión completa con riesgos enormes. Brian Fonseca, de la Universidad Internacional de la Florida, considera muy probable que el Pentágono disponga de planes para una entrada presentada como humanitaria: distribución de alimentos, control de un puerto o establecimiento de una zona segura. En ambos casos se trata de evaluaciones de riesgo, no de información sobre decisiones ya tomadas.

cuba se prepara para la guerra

Una opinión pública mayoritariamente en contra

Los números sobre el respaldo interno a una acción militar son contundentes. Una encuesta de YouGov encontró aproximadamente un 61 % de oposición a un ataque contra Cuba, frente a apenas un 13 % de apoyo. Un estudio del Centro de Investigación en Economía y Política, realizado con YouGov, registró un 64 % de oposición y solo un 15 % de apoyo. Marist, uno de los institutos demoscópicos más respetados de Estados Unidos, obtuvo un 61 % contrario a operaciones militares frente a un 37 % favorable.

El panorama cambia en sectores del exilio cubano del sur de la Florida, donde una encuesta local citada por el Miami Herald halló un apoyo muy superior a algún tipo de intervención, aunque esa muestra no representa al electorado nacional.

Todo esto ocurre, además, a menos de cuatro meses de las elecciones legislativas de noviembre de 2026, con una opinión pública que considera que la guerra con Irán no vale su costo. Los mercados predictivos reflejan una lectura similar: en Polymarket, los apostadores asignan alrededor de un 32 % de probabilidad a alguna acción militar contra Cuba, pero solo un 14 % a una invasión propiamente dicha. Es decir, ven mucho más plausible un bombardeo o una incursión limitada que una ocupación, y tampoco creen que una acción militar produzca necesariamente la caída del sistema.

El Congreso también ha empezado a moverse: legisladores demócratas presentaron resoluciones de poderes de guerra para impedir hostilidades no autorizadas contra Cuba, y una propuesta similar fue rechazada en el Senado por 51 votos contra 47.

Los escenarios más probables

Con todas las fuentes disponibles sobre la mesa, la valoración más razonable apunta en varias direcciones.

Un asalto a gran escala en los próximos días parece poco probable: buena parte de las capacidades ofensivas estadounidenses está comprometida en el conflicto con Irán, y no existen públicamente órdenes de despliegue, fechas, objetivos ni una decisión presidencial.

La continuación de las sanciones y la presión económica es, en cambio, altamente probable, porque es la herramienta que la administración ya aplica de forma sistemática.

Una operación limitada no puede descartarse, especialmente si Washington afirma haber descubierto misiles o drones iraníes, si ocurre algún incidente cerca de Guantánamo o si concluye que las negociaciones fracasaron. Y si esa operación llegara a producirse, el desenlace más coherente con la historia y con los análisis actuales sería este: éxito militar estadounidense, supervivencia del gobierno cubano, mayor represión interna, ruptura de los contactos con Washington, agravamiento de la crisis humanitaria y aumento del riesgo de una oleada migratoria masiva hacia la Florida.

Un ataque externo, además, podría salvar políticamente al adversario: permitiría al gobierno cubano presentar la crisis interna como consecuencia exclusiva de Washington, desacreditar a la oposición, justificar detenciones y movilizar el nacionalismo.

Las señales que habría que vigilar

Existen indicadores concretos que permitirían distinguir la presión psicológica de una preparación real: órdenes de movilización o despliegue de la 101 División; traslado extraordinario de helicópteros y aviones cisterna hacia la Florida o el Caribe; refuerzos importantes en Guantánamo; avisos de evacuación o restricciones aéreas y marítimas; notificaciones formales al Congreso bajo la legislación de poderes de guerra; presentación pública de pruebas sobre drones o misiles; y la ruptura definitiva de los contactos diplomáticos.

Mientras esas señales no aparezcan, el escenario más razonable sigue siendo el de una planificación de contingencia utilizada también como instrumento de presión, no el de una invasión ya decidida.

La verdadera incógnita

Al final, la gran pregunta no es si Estados Unidos puede entrar en Cuba. Puede hacerlo. La verdadera incógnita es si puede salir con un resultado político mejor, estable y legítimo. Y hasta ahora, ni el Pentágono ni los analistas han presentado públicamente una respuesta convincente a esa pregunta.

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