Emprendedores cubanos: ¿quiénes quedan fuera de las nuevas medidas de EE.UU.?
El gobierno de Estados Unidos, liderado por la administración Biden, anunció recientemente un conjunto de medidas destinadas a relajar las sanciones impuestas a Cuba y favorecer a los empresarios de la isla.
El objetivo principal, según declaraciones oficiales, es aumentar el apoyo al pueblo cubano, promover la libertad de Internet en el país caribeño y respaldar a los emprendedores privados independientes, así como expandir el acceso a ciertos servicios financieros para los cubanos.
Sin embargo, estas acciones no beneficiarán a todos por igual.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha decidido excluir a ciertos funcionarios cubanos considerados «prohibidos» y a miembros del Partido Comunista de Cuba (PCC) de los beneficios que estas nuevas regulaciones podrían proporcionar.
Esta medida busca asegurarse de que estos individuos no se aprovechen de las acciones estadounidenses destinadas a favorecer a los empresarios del sector privado independiente.
¿Quiénes son los funcionarios «prohibidos»?
El término «prohibido» utilizado en la regulación estadounidense no engloba a todas las personas vinculadas de alguna manera con el gobierno cubano, el PCC o las organizaciones que este controla.
La sección 515.337 de las Regulaciones de Control de Activos Cubanos, uno de los grupos de regulaciones que sostienen las sanciones estadounidenses, considera «funcionarios prohibidos del Gobierno cubano» a una lista extensa pero cerrada de personas, que incluye:
- Ministros y viceministros
- Miembros del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros
- Miembros y empleados de la Asamblea Nacional del Poder Popular
- Miembros de cualquier Asamblea Provincial
- Jefes de sector locales de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR)
- Directores generales, subdirectores generales y superiores de los ministerios y agencias estatales cubanas
- Empleados del Ministerio del Interior (MININT) y del Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR)
- Secretarios y primeros secretarios de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y sus sindicatos componentes
- Redactores jefes, editores y subeditores de las organizaciones y medios de comunicación estatales cubanos
- Miembros y empleados del Tribunal Supremo Popular
En cuanto a los militantes del PCC, la lista es aún más restringida.
Según la sección 515.338 de las Regulaciones de Control de Activos Cubanos, solo pueden considerarse miembros prohibidos del PCC los integrantes del Buró Político del Comité Central de la organización, que actualmente incluye a 14 personas, entre las que destacan figuras como el primer secretario del PCC, Miguel Díaz-Canel, Esteban Lazo Hernández, Roberto Morales Ojeda, Álvaro López Miera (ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias) y Lázaro Alberto Rodríguez Casas (ministro del Interior).
Retos de la implementación de las medidas
La aspiración de no beneficiar a funcionarios del gobierno y del Partido Comunista cubanos con las nuevas medidas de la administración Biden enfrentará no solo obstáculos legales, sino también dificultades prácticas.
La principal radica en los impedimentos materiales que tendrán muchos proveedores de servicios para determinar de manera fehaciente qué «emprendedores» o beneficiarios (incluidas Mipymes y cooperativas) no forman parte de la lista de funcionarios prohibidos o representan sus intereses en condición de «testaferros».
La OFAC ha comprendido esta dinámica y ha establecido que espera de los proveedores de servicios estadounidenses que confíen razonablemente en la información proporcionada por sus clientes en el curso ordinario de los negocios.
Esto significa que, a menos que sepan o tengan motivos para saber que una transacción o una persona no está autorizada, los proveedores no estarán obligados a realizar acciones específicas para corroborar si el beneficiario de su servicio es o no un «funcionario prohibido del Gobierno cubano».
La responsabilidad recae, por tanto, en los actores cubanos, quienes están obligados a declarar que la transacción propuesta está autorizada según las regulaciones del embargo.
A pesar de que la administración Biden ha anunciado este conjunto de medidas como destinadas a apoyar al pueblo cubano y a los emprendedores privados, los cortafuegos para evitar que los beneficios lleguen a los altos funcionarios del gobierno y del Partido Comunista generan dudas entre los críticos de una política que consideran errónea y que, según ellos, terminará afianzando al régimen totalitario en el poder.
La implementación de estas regulaciones enfrentará desafíos significativos, tanto legales como prácticos, en la identificación y exclusión efectiva de los individuos «prohibidos». La confianza en la buena fe de los actores involucrados y las posibles denuncias de terceros serán claves para el éxito de esta política.
