Ley de Comunicación Social en Cuba: entre el control estatal y desafíos para la libertad de expresión
Después de un extenso proceso de preparación y debate que se prolongó por más de 40 años, la Ley de Comunicación Social de Cuba fue finalmente aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional del Poder Popular el 25 de mayo de 2023.
Sin embargo, su publicación oficial en la Gaceta Oficial se demoró más de un año, hasta el 5 de junio de 2024, acompañada de dos decretos regulatorios.
Según Rogelio Polanco, jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista, la demora se debió a la necesidad de redactar normas complementarias, como el procedimiento para que los periodistas soliciten información pública a los dirigentes y organismos del Estado.
A pesar de su publicación, la entrada en vigor de la ley y sus reglamentos se producirá 120 días después.
Alcance y regulaciones clave
La nueva ley regula los procesos comunicacionales en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, tanto en espacios públicos físicos como digitales.
Abarca fines políticos, de bien público, organizacionales y comerciales. Sin embargo, su enfoque principal es el alineamiento político de los medios autorizados y el control estatal sobre el sistema de comunicación.
La ley subraya que la vocación del Sistema de Comunicación Social no puede ser otra que la defensa del modelo de desarrollo socialista escogido y controlado por el Partido Comunista.
Esto se refleja en los objetivos del sistema, como el fomento del «pensamiento emancipador que sustente la continuidad del proyecto socialista de nación» y la promoción del «uso ético y seguro de Internet como herramienta para consolidar la sociedad socialista».
Además, la normativa limita el tipo de contenidos que pueden divulgarse en los medios de comunicación, prohibiendo aquellos dirigidos a «subvertir el orden constitucional», «sustentar la agresión comunicacional contra el país» o «difamar, calumniar o injuriar a las personas, órganos, organismos y entidades del Estado».
Esto elimina cualquier posibilidad de reconocimiento legal a medios o comunicadores que adversen al poder político.
¿Publicidad? ¿Acceso a la información pública?
Si bien la Ley de Comunicación Social autoriza el empleo de la publicidad y el patrocinio como formas de financiación de los medios, establece fuertes restricciones al respecto.
Solo entidades estatales o instituciones de carácter público pueden prestar servicios como «agencias publicitarias», y se requiere la conformidad del presidente del Instituto de Información y Comunicación Social para su reconocimiento legal.
En cuanto al acceso a la información pública por parte de los periodistas, el Reglamento de la Ley establece un procedimiento especial.
Las solicitudes deben formularse por escrito y pueden ser respondidas de forma denegatoria, sin especificar causas claras para la negativa.
Aunque se contempla la posibilidad de reclamar ante autoridades superiores o interponer demandas judiciales, el proceso resulta complejo y limitado.
Control de la comunicación en espacios públicos
El Reglamento de la Ley de Comunicación Social refuerza el control sobre los mensajes en espacios exteriores, exigiendo autorización previa del Instituto de Información y Comunicación Social o sus estructuras provinciales y municipales para colocar anuncios en la vía pública.
Se impone una censura previa al requerir la presentación de propuestas de contenidos, diseño y ubicación, y se penaliza la exposición de contenidos no aprobados.
Desafíos pendientes
Si bien la Ley de Comunicación Social representa un hito histórico en Cuba tras 70 años sin una legislación de este tipo, su enfoque principal en el alineamiento político y el control estatal genera preocupaciones y críticas respecto a la libertad de expresión y el pluralismo informativo.
La normativa cierra las puertas al reconocimiento legal de medios o comunicadores independientes, limita los contenidos que pueden divulgarse y establece fuertes restricciones a la publicidad y el acceso a la información pública.
Además, refuerza el control sobre la comunicación en espacios públicos mediante la censura previa.
Estos aspectos plantean desafíos significativos para el ejercicio del periodismo y la participación ciudadana en el debate público.
Será fundamental observar cómo se implementa la ley en la práctica y si se abren espacios para el diálogo y la revisión de aquellos elementos que puedan afectar derechos fundamentales.
