Restricciones al comercio mayorista en Cuba: la polémica medida del gobierno sigue generando incertidumbre
La controversia sobre las restricciones al comercio mayorista por parte de las Mipymes, los trabajadores por cuenta propia y las cooperativas no agropecuarias sigue marcando la agenda en Cuba. En la última semana, este tema ha ocupado casi todos los debates, y es que las implicaciones de la medida del gobierno, contenida en la resolución 56 del Ministerio del Comercio Interior (MINCIN), no dejan indiferente a nadie.
El gobierno cubano considera que estas restricciones son una forma de reordenar las condiciones para el comercio mayorista en el país. Sin embargo, la medida ha sido ampliamente criticada, y muchos la valoran como «nefasta» para el sector privado cubano, que enfrenta nuevas dificultades para operar. Según fuentes del MINCIN, más de cien mil licencias comerciales para actividades de comercio mayorista serán canceladas de oficio, una medida que promete afectar a miles de emprendedores y cooperativas.
Este tipo de intervenciones del Estado no son una novedad, ya que el gobierno cubano había dado señales desde agosto de 2024 sobre su intención de restringir el comercio mayorista privado. Además, ya en diciembre de 2023, el primer ministro Manuel Marrero Cruz había anunciado en la Asamblea Nacional que el gobierno tomaría medidas para «corregir distorsiones» en el sector privado, señalando que las Mipymes, los trabajadores por cuenta propia y las cooperativas no agropecuarias serían los principales objetivos de esta intervención. A raíz de las protestas de julio de 2021, el gobierno adoptó una postura más estricta para controlar los sectores que, en su opinión, estaban «desbordando» la economía nacional.
La resolución 56 también elimina la posibilidad de que las cooperativas no agropecuarias y las Mipymes continúen con el comercio mayorista como actividad secundaria, y limita las actividades de las Mipymes que se dedicaban al comercio mayorista como actividad principal. Estas empresas ahora podrán seguir operando, pero sólo mediante el comercio a través de empresas estatales o comercializadoras mayoristas del Estado.
Una de las mayores preocupaciones de los empresarios privados y cooperativistas es la incertidumbre sobre cómo se manejarán las divisas para continuar con sus importaciones. En el nuevo escenario, el comercio mayorista estatalizado no resuelve la cuestión clave de las divisas y los pagos en moneda fuerte, ya que el sistema financiero cubano sigue siendo deficiente. ¿Cómo podrá una Mipyme, como la de Pepito Pérez, recuperar los dólares que ha invertido en la compra de productos extranjeros, si no existe un mercado cambiario claro y funcional en Cuba? El uso de un intermediario estatal para la venta y distribución solo aumenta la complejidad de la situación.
Otra de las «ventajas» que el gobierno ha resaltado en la resolución 56 es que, mediante la intermediación estatal, las Mipymes se beneficiarán de la infraestructura de transporte y almacenamiento que las entidades estatales poseen. Sin embargo, la experiencia sugiere que este tipo de colaboraciones no siempre resultan en beneficios para los actores privados. La falta de combustibles y la ineficiencia logística de las empresas estatales ponen en duda la eficacia de este enfoque. ¿Qué ocurrirá si las entidades estatales no pueden cumplir con los tiempos de entrega debido a la escasez de recursos o la lentitud administrativa?
Para muchos, esta nueva resolución parece más un retroceso en la apertura económica que una medida para mejorar la eficiencia del mercado. La percepción general es que las restricciones al comercio mayorista incrementarán los costos operativos y ampliarán la incertidumbre en el sector privado. Además, existe un creciente temor a que esta medida intensifique la escasez de productos y alimente aún más el mercado subterráneo, que ya constituye una parte significativa de la economía cubana.
El gobierno, por su parte, insiste en que el propósito de la medida es «ordenar» el comercio y que, con el tiempo, se logrará una reducción de los precios al consumidor. Sin embargo, la realidad es que muchos sectores privados temen que, en lugar de mejorar, la situación empeore, tanto para los empresarios como para los consumidores.
Este debate sobre la resolución 56 pone en evidencia una de las contradicciones más profundas de la política económica cubana: la necesidad de abrir más el sector privado y la resistencia del gobierno a perder el control sobre la economía. A medida que los expertos y empresarios analizan la medida, la sensación general es que las nuevas restricciones solo aumentarán la ineficiencia, la burocracia y la corrupción que históricamente han caracterizado al sector estatal.
Con todo esto, la incertidumbre sigue siendo el gran protagonista. Mientras tanto, en las redes sociales y en la prensa oficial, el debate continúa. ¿Será esta medida una solución a los problemas económicos del país o simplemente un obstáculo más para el desarrollo del sector privado cubano? Solo el tiempo dirá.
