El nuevo capitalismo cubano: quiénes comprarán el país tras las 176 medidas

La presentación de un inédito paquete de 176 medidas agrupadas en 23 ejes por parte del primer ministro, Manuel Marrero Cruz, ha marcado un punto de no retorno en la historia reciente de Cuba. Con el respaldo telemático de Raúl Castro y la presencia del mandatario Miguel Díaz-Canel, el gobierno ha puesto sobre la mesa una propuesta que, según agencias internacionales como Reuters, representa el mayor giro hacia una economía de mercado desde 1959.

Bajo la promesa de una actualización necesaria para una economía en ruinas, el Estado abre la puerta a que parte de sus empresas puedan ser vendidas en forma de acciones. Estas participaciones podrán ser adquiridas por otras empresas estatales, personas naturales, formas de gestión no estatal y entidades extranjeras.

Sin embargo, detrás del lenguaje técnico difundido por medios oficiales como el diario Granma, surge una interrogante monumental: ante la posibilidad de convertir empresas del Estado en sociedades mercantiles, la pregunta ya no es si la isla se abre al mercado, sino quién tiene el capital real para comprar el país y de dónde provienen esos fondos.

Una apertura en medio del colapso social

Las reformas llegan en uno de los momentos más críticos para la población, marcando una profunda desconexión entre una élite que no ha visto hundirse su nivel de vida y una clase trabajadora que intenta sobrevivir a la miseria diaria.

El debate sobre acciones y sociedades mercantiles choca frontalmente con la desoladora realidad de los ciudadanos. En mayo, el Ministerio de Energía reconoció la ausencia de reservas de fuel y diésel, lo que condenó a diversas zonas de La Habana a pasar entre 20 y 22 horas diarias a oscuras. La crisis escaló en junio, desencadenando fuertes protestas por apagones prolongados, como la ocurrida en la Vía Blanca de La Habana, donde más de 50 vecinos cortaron el tráfico tras permanecer tres días completos sin suministro eléctrico. Según reportes del portal 14ymedio, las afectaciones han llegado a superar el 60 % de la demanda en horarios de máxima audiencia.

En un entorno asfixiado por la escasez de combustible, alimentos y medicinas, la reacción popular oscila entre la esperanza, el escepticismo y un agotamiento extremo. Mientras una parte de la población simplemente busca «jama» —comida— para sobrevivir, las demandas en redes sociales evidencian un anhelo más profundo: la ciudadanía exige luz, agua, respeto, soberanía, decencia y el derecho a elegir a sus líderes, sin ser tomada por ingenua en un proceso dictado desde las altas esferas.

El riesgo de un capitalismo de compinches

Para cualquier analista económico, la venta de activos estatales es un paso lógico en la transición de un país descapitalizado. El sistema de confiscación histórica no derivó en la «propiedad de todo el pueblo», sino en una administración ineficiente operada con beneficios clientelares por una burocracia que terminó destruyendo los recursos.

El verdadero peligro de las 176 medidas radica en su implementación sin contrapesos institucionales creíbles. Una privatización requiere licitaciones transparentes, registros públicos de beneficiarios reales, auditorías independientes y tribunales autónomos. Al carecer de un marco jurídico nacional contra la corrupción y el conflicto de intereses, la apertura se arriesga a convertirse en una transferencia patrimonial directa hacia los grupos conectados al poder.

El diseño de la reforma permite que la dirigencia política, junto a sus familiares y círculos cercanos, se posicione como accionista. Aunque el eje número 2 exige demostrar el origen lícito de los fondos para adquirir propiedades estatales, la inexistencia de fiscalización independiente deja una duda razonable sobre la capacidad de evitar una «piñata» estatal, similar a la ocurrida en Nicaragua o al modelo mafioso postsoviético. El resultado no sería un capitalismo abierto, sino un capitalismo político o «de compinches» (crony capitalism).

El espejo de la Rusia postsoviética

Para comprender la magnitud de lo que se gesta en Cuba, es necesario observar el colapso de la Unión Soviética, aunque con una diferencia fundamental: en Europa del Este, el sistema político se derrumbó antes de que comenzara la disputa por la propiedad. En Cuba, el mismo poder que administró el modelo fallido pretende ahora dirigir su capitalización, controlando de manera absoluta el Estado, la prensa, los tribunales y el Parlamento.

En la Rusia de los años 90, los procesos de privatización como el esquema loans for shares (préstamos por acciones) terminaron transfiriendo corporaciones gigantescas a quienes poseían información privilegiada o cargos públicos. Nació así el «capitalismo de nomenklatura«, donde la élite administrativa convirtió su poder político en propiedad económica directa.

La historia ofrece ejemplos concretos de este fenómeno:

• Vagit Alekperov: Pasó de ser ministro en funciones de Combustible y Energía soviético a presidir la gigante petrolera Lukoil.
• Vladimir Potanin: Nacido en la élite comunista y autor del esquema loans for shares, se hizo con el control de Norilsk Nickel.
• Mijaíl Jodorkovski: Surgido de la organización juvenil comunista (Komsomol), fundó Bank Menatep y adquirió la petrolera Yukos por apenas 400 millones de dólares, un precio ínfimo frente a su valor real.
• El sector de la seguridad: Hombres de la KGB como Alexander Lebedev (accionista de Aeroflot) o Serguéi Chemezov (exoficial en Dresde y líder del conglomerado de defensa Rostec) pasaron de la inteligencia estatal a la oligarquía millonaria.

El temor patente en Cuba es que los cuadros administrativos, que hoy conocen el valor real y los contratos de empresas estratégicas o turísticas, aparezcan mañana como inversionistas privados y socios extranjeros.

Cuarenta años de reformas tardías

A la luz de estas 176 medidas, la historia de las reformas cubanas muestra un ciclo que se recicla constantemente. Desde hace 40 años, los cambios económicos se han decretado desde arriba únicamente cuando la crisis asfixia, pero manteniendo intacto el monopolio del Partido Comunista.

En 1986, el «proceso de rectificación» de Fidel Castro no trajo apertura, sino mayor control centralizado. En los años 90, la caída del bloque soviético forzó el Período Especial, introduciendo la dolarización y el trabajo por cuenta propia como vías de supervivencia, lo que generó la distorsión de una doble moneda que perduró décadas. Entre 2007 y 2011, Raúl Castro admitió las fallas del modelo e impulsó los Lineamientos, expandiendo luego el cuentapropismo bajo controles estrictos.

La nueva Constitución de 2018-2019 reconoció la propiedad privada, pero su artículo 5 blindó el liderazgo del Partido. Las reformas más recientes, como la fallida Tarea Ordenamiento (2021) —que provocó inflación y pérdida de salario real— y la legalización de las mipymes (Decreto-Ley 46), llegaron tarde y aplicadas en un entorno de escasez extrema. Los ajustes de 2024 y 2025 volvieron a señalar al sector privado como culpable de la falta de oferta. Hoy, las propuestas de 2026 van más lejos que nunca, pero repiten el método: exigir confianza ciega mientras se culpabiliza a la sociedad por los límites de un cambio postergado.

La paradoja de perder la propiedad dos veces

A pesar del discurso oficial, que autoriza la banca privada, el mercado cambiario digital y el empleo de más de 100 trabajadores en negocios privados, el gobierno insiste en que no hay desviación del proyecto socialista.

Sin embargo, el escenario apunta a una disputa final por la propiedad del país. Si esta transferencia de activos avanza sin democracia real, el pueblo cubano se enfrenta a la trágica paradoja de perder dos veces en la historia: primero, cuando la propiedad privada le fue confiscada en nombre del bienestar colectivo; y ahora, cuando la propiedad estatal corre el riesgo de ser transferida a una minoría privilegiada cuyos fondos son imposibles de auditar.

El propio Díaz-Canel ha mencionado un nuevo principio de «cumple o explica» para la gestión pública. Pero la pregunta de fondo que hoy sobrevuela la isla no trata de la viabilidad técnica de la venta de activos. La duda esencial es si quienes han dirigido el país hacia el colapso estructural tienen hoy la legitimidad moral, política e institucional para administrar, vender y heredar la nación.