El 23 de febrero de 1996, un piloto cubano que vivía en Miami salió de su casa y no volvió. No se despidió de su esposa ni dejó una nota. Al día siguiente, dos avionetas civiles fueron destruidas en pleno vuelo por cazas cubanos sobre el estrecho de la Florida, y cuatro hombres murieron. Pocos días después, aquel piloto desaparecido reapareció en la televisión cubana, en La Habana, acusando a la organización con la que había volado durante años.

Se llamaba Juan Pablo Roque y era una sola pieza de un engranaje mucho mayor: la Red Avispa, la red de espionaje que la inteligencia cubana desplegó en el sur de la Florida durante los años noventa. La versión oficial que La Habana difundió durante décadas habla de cinco hombres valientes que viajaron a Miami para vigilar a grupos terroristas, fueron condenados injustamente y regresaron como héroes. Los documentos judiciales y la prensa que cubrió el caso dibujan un cuadro más complejo: eran 14 acusados, no cinco, y entre las órdenes que recibían figuraban cartas de amenaza falsas, el estudio de un posible incendio y la infiltración de bases militares.

Este reportaje separa lo que está documentado de lo que es propaganda, venga de donde venga, y explica por qué, tres décadas después, la historia ha desembocado en una acusación federal contra Raúl Castro por asesinato.

Una redada, diez detenidos y una pregunta inesperada

El sábado 12 de septiembre de 1998, el FBI entró a la vez en varias viviendas del sur de la Florida y detuvo a diez personas acusadas de espiar para Cuba. En los apartamentos aparecieron disfraces, radios, antenas, mapas, computadoras y disquetes llenos de mensajes cifrados.

Uno de los arrestados se hacía llamar Manuel Viramontez en Miami. Su nombre real era Gerardo Hernández Nordelo, oficial de la Dirección de Inteligencia cubana y uno de los jefes de la red. Según relató años después el agente del FBI Oscar Montoto a la revista Miami New Times, durante el traslado Hernández le preguntó, de profesional a profesional, cuál de los dos bandos había cometido más errores. La respuesta, como se verá más adelante, no es la que parece.

Catorce acusados: Los Cinco no eran la Red Avispa

La propaganda cubana convirtió a Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González en una unidad inseparable: Los Cinco. Pero el expediente judicial terminó con 14 acusados. Cinco aceptaron declararse culpables y colaboraron con la fiscalía. Cuatro nunca fueron capturados. Los cinco restantes fueron los que se negaron a pactar y llegaron juntos a juicio.

Dicho de otro modo, Los Cinco eran los que no hablaron. Ese matiz altera el relato: durante más de 20 años, una operación de gran escala se contó a través de cinco rostros, mientras los otros nueve desaparecían de la narración oficial.

La vida cotidiana de un espía: identidades prestadas y un presupuesto ajustado

La cara menos cinematográfica de la red aparece en los documentos que el FBI incautó. La identidad de Manuel Viramontez no era inventada de la nada: pertenecía a un niño nacido en Texas que había muerto siendo un bebé. La inteligencia cubana tomó esa vida truncada y la rellenó. Según la investigación de Miami New Times, la leyenda de Hernández ocupaba unas 17 páginas con familia, estudios, trabajos, novias y detalles de la cultura puertorriqueña que debía memorizar.

Había planes de repuesto. Según relata Arnaldo Miguel Fernández en Café Fuerte, si alguien descubría que Viramontez era falso, Hernández tenía preparada una segunda historia, la de Roberto García Fernández, un supuesto marielito llegado en 1980 que habría comprado los papeles de Viramontez a un desconocido por unos 2.500 dólares. Y existía una tercera identidad de escape, Daniel Cabrera, con documentos puertorriqueños y rutas de salida de Estados Unidos por México, Nicaragua o Canadá.

Al lado de esa sofisticación, la realidad económica era modesta. Hernández disponía de unos 1.500 dólares al mes para pagar alquiler, comida, teléfono, electricidad, gasolina, televisión por cable, medicinas, tintorería, prensa y hasta insecticida. Los oficiales compartían vivienda para ahorrar y cualquier gasto extra requería el visto bueno de La Habana.

También cometían errores. En un viaje a México, Hernández perdió una computadora, y desde La Habana no tenían claro si se la habían robado o si la había extraviado. En otra ocasión perdió una identificación puertorriqueña recién conseguida y escribió a sus superiores que era para hacerse el harakiri. Hasta para comprar un simple beeper tuvo que inventar en la tienda una historia enrevesada que justificara que el aparato estuviera a nombre de una mujer. Es la gran paradoja de la red: un aparato capaz de fabricar biografías completas dependía de hombres que perdían documentos y se preocupaban por pagar el alquiler.

El FBI ya estaba dentro

Mientras tanto, la red estaba siendo observada desde dentro. Según Miami New Times, agentes de contrainteligencia del FBI entraron clandestinamente durante casi tres años en el apartamento 305 donde vivía Hernández, en el norte de Miami. Copiaban los disquetes, lo dejaban todo como estaba y se marchaban. De ahí salieron, según la misma investigación, unas 15.000 páginas de comunicaciones. Cuando llegó la redada, el FBI sabía perfectamente lo que iba a encontrar.

Sobre desde cuándo lo sabían hay dos versiones. Edgerton Levy, un colaborador de la red con el alias de Ariel, ha contado a Café Fuerte que contactó con el FBI en 1993. El FBI declaró en 1998 que su investigación arrancaba en 1995. Ninguna de las dos está desmentida, de modo que lo seguro es que el FBI tuvo años para observar la red por dentro antes de actuar.

Vigilar a grupos violentos, sí; pero no solo eso

Conviene ser justos con una parte de la misión: era real. La sentencia de apelación de 2005 recoge que varios grupos del exilio vigilados por la red, como Alpha 66 o Comandos L, tenían antecedentes de planes de atentados, introducción de armas y operaciones paramilitares. La red tenía operaciones con nombre propio. La Operación Morena vigilaba a Orlando Bosch. La Operación Neblina seguía a Roberto Martín Pérez, por sospechas ligadas a las bombas en hoteles de La Habana. La Operación Arcoiris implicaba filmar una reunión donde se hablaba de introducir armas en Cuba para atentar contra Fidel Castro. Y en junio de 1998, meses antes de las detenciones, la seguridad cubana entregó al FBI documentación sobre esos atentados. Por eso no es serio decir que el componente antiterrorista fue un invento posterior.

El problema está en una palabra de la versión oficial: «solamente». Los mismos documentos judiciales describen otras misiones. Antonio Guerrero consiguió trabajo en 1993 en el departamento de obras públicas de la base aeronaval de Boca Chica, en Cayo Hueso. Aquello se llamaba Operación Aeropuerto, y consistía en observar y reportar: entre 1994 y 1997 envió informes frecuentes sobre despliegues y actividad militar. En paralelo estaba la Operación Surco, cuyo objetivo era penetrar el Comando Sur de Estados Unidos. En los expedientes aparecen también otras instalaciones militares, como MacDill, en Tampa.

Hay un matiz que ambas propagandas explotan. El tribunal de apelación concluyó que no se había demostrado que la red obtuviera ni transmitiera información «top secret». Pero Hernández, Labañino y Guerrero fueron condenados por conspiración para obtener información de defensa nacional, y esa condena se mantuvo. Que no se llevaran el documento no significa que no fueran a buscarlo.

Las órdenes que no encajan con el relato de los héroes

La red no solo observaba: también recibía instrucciones para actuar. Según la sentencia de apelación, Hernández debía enviar cartas de amenaza redactadas por la propia inteligencia cubana pero firmadas como si procedieran de una organización contrarrevolucionaria. Los destinatarios eran congresistas estadounidenses partidarios de levantar el embargo, y el objetivo era que el escándalo salpicara a los políticos cubanoamericanos del exilio y les costara votos. Es decir, una operación de bandera falsa para influir en la política de otro país.

Hernández también planteó hacer llamadas amenazantes a un editor de prensa haciéndose pasar por simpatizante de la Fundación Nacional Cubano Americana, y sugirió publicar un libro que sembrara la idea de que José Basulto, líder de Hermanos al Rescate, había sabido de antemano que sus compañeros iban a ser derribados.

René González recibió instrucciones todavía más llamativas: estudiar el hangar de Hermanos al Rescate y valorar incendiarlo para después difundir el rumor de que la propia organización lo había quemado para cobrar el seguro, estudiar cómo inutilizar equipos y antenas, y se contemplaba amenazar a un funcionario estadounidense con un objeto que pareciera un libro bomba. En julio de 1998, dos meses antes de la redada, otros agentes filmaron dos embarcaciones en el río Miami sospechosas de llevar armas a Cuba, y la orden de La Habana no se limitaba a observarlas: había que considerar inutilizarlas, quemarlas o avisar al FBI de forma anónima.

Nada de esto tiene que ver con robar un papel secreto. En el vocabulario del espionaje se llaman medidas activas: desinformación, intimidación y posible sabotaje. Todas aparecen en documentos judiciales, no en artículos de opinión.

Juan Pablo Roque y el derribo del 24 de febrero de 1996

Juan Pablo Roque había sido piloto de MiG en Cuba. En 1992 llegó a Estados Unidos presentándose como desertor, se ganó la confianza del exilio, se unió a Hermanos al Rescate y se acercó a José Basulto. Hermanos al Rescate era una organización de Miami que volaba sobre el estrecho de la Florida buscando balseros para avisar a los guardacostas. Pero, y eso forma parte de la historia, también realizó vuelos que entraron en el espacio aéreo cubano y lanzó octavillas sobre La Habana.

Semanas antes del derribo, la inteligencia cubana puso en marcha la Operación Escorpión. Según el expediente judicial, Roque y René González debían informar mediante códigos sobre las misiones aéreas de Hermanos al Rescate y, al mismo tiempo, se les indicó que no debían participar en esos vuelos.

El 23 de febrero de 1996, Roque se fue de Miami. Ese mismo día, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos hizo circular una alerta: el Gobierno cubano podría mostrar menos moderación ante una nueva incursión. El 24 de febrero, tres avionetas Cessna despegaron del aeropuerto de Opa-Locka. Dos no regresaron: cazas MiG cubanos las destruyeron con misiles. Murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Tres eran ciudadanos estadounidenses y el cuarto, residente legal.

La Habana siempre sostuvo que actuó en defensa de su espacio aéreo. Sin embargo, el tribunal que juzgó a la Red Avispa concluyó que las dos avionetas se encontraban en espacio aéreo internacional, alejándose de Cuba, cuando fueron derribadas, y a la misma conclusión llegó la investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional. Hernández fue condenado por conspiración para cometer asesinato en relación con el derribo, la condena más dura de todo el caso.

Roque fue acusado en ausencia y nunca pisó un tribunal. Su esposa en Miami, Ana Margarita Martínez, que jamás sospechó que convivía con un espía, acabó ganándole un juicio civil al Gobierno cubano. Él permaneció en La Habana, donde murió el 25 de noviembre de 2025, a los 70 años, tras una operación a corazón abierto, según confirmaron su hija y otras fuentes a Telemundo 51. Nunca respondió ante la justicia estadounidense.

Un robo sin explicar en Oakland

Un episodio conserva todos los ingredientes de un misterio. El 4 de septiembre de 1998, Ramón Labañino avisó a La Habana desde Oakland, en California, de que alguien había forzado la ventana de su habitación de hotel y se había llevado su maletín, con la computadora y todos los discos. Regresó a la Florida y ocho días después fue detenido. Es tentador atribuirlo al FBI, dado que la red estaba vigilada, pero hasta donde se ha publicado los documentos acreditan el robo, no quién lo cometió. Queda como una coincidencia inquietante que nadie ha explicado.

Quién cometió más errores: el topo de La Habana

Aquí llega la respuesta a la pregunta que Hernández hizo en el traslado. La Red Avispa no cayó solo por los fallos de sus espías. El 17 de diciembre de 2014, al anunciar el acercamiento con Cuba, Barack Obama explicó en su declaración sobre los cambios en la política hacia Cuba que la isla acababa de liberar a uno de los agentes de inteligencia más importantes que Estados Unidos había tenido allí, preso casi dos décadas, y que su información había permitido arrestar a la red de agentes cubanos a la que pertenecían los hombres que se intercambiaban ese día.

Obama no dio su nombre, pero funcionarios y exfuncionarios estadounidenses lo identificaron poco después: Rolando Sarraff. Trabajaba en la Dirección de Inteligencia cubana como criptógrafo, precisamente en las comunicaciones con los agentes, es decir, en los códigos con los que La Habana hablaba con sus espías. Fue detenido en 1995 y condenado a 25 años.

La fecha llama la atención: 1995 es también el año en que, según el FBI, arrancó su investigación de la red. No puede afirmarse que una cosa condujera a la otra, porque los detalles de lo que Sarraff entregó siguen siendo confidenciales. Lo que sí consta es lo dicho por el presidente de Estados Unidos. La caída de la red se explica, por tanto, con tres piezas combinadas: un topo en el sistema de códigos cubano, un FBI que llevaba años entrando en los apartamentos de los espías y unos agentes que perdían identificaciones y computadoras.

Un juicio con dudas reales

La historia tiene otra cara incómoda: la del proceso. Los cinco que no pactaron fueron juzgados en Miami entre finales de 2000 y 2001. En agosto de 2005, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito anuló las condenas y ordenó repetir el juicio, con el argumento de que el ambiente de Miami impedía garantizar un jurado imparcial: presión mediática, posibles jurados con vínculos con Hermanos al Rescate y jurados preocupados por ser filmados. En 2006, el pleno del mismo tribunal revocó esa decisión y restableció las condenas.

En 2010, Amnistía Internacional, sin pronunciarse sobre la culpabilidad o la inocencia de los acusados, expresó serias dudas sobre la justicia del proceso, sobre todo por haberse celebrado en Miami. También cuestionó las condiciones en que la defensa tuvo que prepararse y la solidez de la condena de Hernández por conspiración para asesinar.

Pueden sostenerse dos cosas a la vez sin contradicción. Había pruebas abundantes de espionaje, de penetración militar y de operaciones encubiertas, y hubo una controversia jurídica real sobre si Miami era el lugar adecuado para juzgarlos. Quien cuenta solo una de las dos mitades ofrece media historia.

La fabricación de un símbolo

La propaganda oficial suele situar la gran exaltación de Los Cinco en 2015, cuando ya estaban todos en Cuba. Pero, según la propia prensa oficial cubana, la Asamblea Nacional decidió concederles el título de Héroes de la República el 29 de diciembre de 2001, semanas después de las sentencias. El símbolo comenzó a fabricarse casi el mismo día en que se cerró el juicio.

En 2015 llegó la ceremonia en la que Raúl Castro les entregó personalmente las medallas, un 24 de febrero. Es fecha patria en Cuba por el Grito de Baire, pero también el aniversario del día en que cuatro hombres murieron en el estrecho de la Florida, en el derribo por el que Hernández había sido condenado.

Tampoco el intercambio de 2014 fue lo que a veces se cuenta. No volvieron Los Cinco en bloque: René González ya había salido de prisión y Fernando González cumplió su condena en febrero de 2014. Los que regresaron el 17 de diciembre fueron Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero. Ese mismo día salió de la cárcel el contratista estadounidense Alan Gross, aunque Obama aclaró que su liberación respondía a razones humanitarias. El canje real fue el de los tres espías cubanos por Rolando Sarraff.

La ironía es evidente: los tres últimos miembros de Los Cinco volvieron a Cuba entre aplausos a cambio del hombre cuya información, según Estados Unidos, había ayudado a atraparlos. La familia de Sarraff estuvo semanas sin saber dónde estaba: en la prisión les dijeron que se lo habían llevado de madrugada.

2026: Raúl Castro, acusado por el derribo

Cuando la historia parecía cerrada, llegó 2026. El 20 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública en Miami una acusación federal contra Raúl Castro y otros cinco acusados por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Castro, que entonces era ministro de las Fuerzas Armadas, está acusado de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, de destrucción de aeronaves y de cuatro asesinatos, uno por cada víctima. Según la fiscalía, en enero de 1996 se reunió con mandos militares y autorizó una acción letal contra las avionetas. La acusación sostiene, además, que agentes infiltrados en Hermanos al Rescate transmitieron información detallada de los vuelos y que esa información se usó para planificar el derribo, un hilo que conecta directamente con la Red Avispa.

El Gobierno cubano respondió que fue un acto de legítima defensa y que la acusación descansa en mentiras. Se trata de acusaciones, y todos los acusados tienen derecho a la presunción de inocencia.

De los seis, solo uno está en manos de Estados Unidos: Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, expiloto de la Fuerza Aérea cubana que llegó en 2024 con el parole humanitario. El FBI lo arrestó en noviembre de 2025 por ocultar sus casi tres décadas de servicio militar en su trámite migratorio y hoy está acusado por el derribo. La fiscalía anunció que no pedirá la pena de muerte, y a comienzos de septiembre el juez dejó el juicio sin fecha para que las partes revisen pruebas que incluyen material clasificado. Los otros cinco, Raúl Castro incluido, son considerados prófugos y siguen en Cuba.

El círculo se cierra con una simetría llamativa: Juan Pablo Roque, el infiltrado que se marchó un día antes del derribo, murió en La Habana en noviembre de 2025 sin sentarse nunca frente a un juez, y apenas seis meses después Estados Unidos acusó al hombre que, según la fiscalía, dio la orden de disparar. Las infiltraciones en el exilio de Miami tampoco son solo cosa del pasado: este mismo agosto fue deportado Fernando Armando Valdés Pérez, a quien las autoridades federales identificaron como activo de la inteligencia cubana metido en el círculo de Luis Posada Carriles. Sobre otra historia de espionaje en torno a la isla, puede leerse el caso de Canadá y el síndrome de La Habana.

Lo que queda de la Red Avispa

Tras cruzar documentos judiciales, prensa de la época e informes de derechos humanos, el balance es el siguiente. La Habana construyó en el sur de la Florida una red clandestina que sí vigilaba a grupos violentos del exilio, pero que utilizó esa misma estructura para penetrar bases militares, fabricar amenazas falsas, estudiar sabotajes e infiltrar a una organización civil cuyos aviones terminaron destruidos. El FBI la penetró hasta la cocina, en parte por los errores de sus agentes y, sobre todo, porque tenía a un hombre dentro del sistema de códigos cubano. Y cuando todo terminó, el Gobierno cubano convirtió a cinco de 14 en héroes nacionales mientras los otros nueve desaparecían de la historia.

Ni héroes de película ni simples chapuceros: espías reales, con órdenes reales, al servicio de un Gobierno que nunca ha tenido que rendir cuentas por lo que les mandó hacer. Gerardo Hernández, cuya imagen actual en La Habana sigue generando titulares, es la prueba de hasta qué punto el símbolo sobrevivió a la realidad judicial. Y la acusación contra Raúl Castro abre la posibilidad de que la cadena de mando del derribo sea examinada ante un tribunal, aunque por ahora el único acusado bajo custodia no sea el de más rango.