Doble rasero en Cuba: multas a privados e impunidad estatal
Un notorio doble rasero marca la fiscalización económica en Cuba, donde el emergente sector privado enfrenta un riguroso escrutinio y severas multas, mientras que las deficiencias y el abandono en las entidades estatales parecen gozar de impunidad. Esta disparidad en el control genera un creciente malestar y cuestiona la credibilidad de las políticas gubernamentales.
Te mostramos todos los detalles en el siguiente video:
Fiscalización selectiva: el foco exclusivo sobre el sector privado
Análisis y testimonios ciudadanos apuntan a que los operativos de fiscalización se concentran casi en su totalidad en los negocios privados. Las inspecciones sobre cuentapropistas y MIPYMES se han vuelto una constante, buscando infracciones que a menudo se perciben como pretextos para imponer sanciones económicas elevadas.
Se reportan multas por razones como la visibilidad de un código QR, la presentación de los productos o detalles en el uniforme del personal. Mientras tanto, la infraestructura pública y los servicios estatales muestran un deterioro evidente que no parece atraer la misma atención de los inspectores.
La falta de mantenimiento en escuelas, el estado insalubre de algunas panaderías estatales, las fosas desbordadas en plena vía pública o los salideros de agua que persisten por años son ejemplos de problemas graves que no derivan en sanciones para las entidades responsables.
El control de precios mediante multas: una estrategia fallida
El gobierno ha justificado la intensificación de las inspecciones como parte de su «lucha contra los precios abusivos y especulativos». Sin embargo, esta estrategia se centra en sancionar al vendedor final en lugar de abordar las causas de la inflación, principalmente la escasez de producción nacional.
Se estima que cerca del 80% de los alimentos y productos que consumen los cubanos provienen del mercado privado o informal. Estos emprendedores operan en un entorno de alta incertidumbre y costos elevados, lo que inevitablemente se refleja en los precios.
Perseguir al proveedor privado sin aumentar la oferta estatal resulta contraproducente. Los economistas señalan que no se puede controlar una economía desequilibrada con un talonario de multas, pues atacar el síntoma (precios altos) no resuelve la enfermedad (falta de producción).
La ineficiencia estatal: la ruina que queda impune
Mientras el aparato de control se enfoca en el emprendedor, los problemas estructurales que afectan la calidad de vida de la población persisten sin consecuencias aparentes para los responsables. Carreteras en mal estado, edificios con peligro de derrumbe, hospitales desabastecidos y un sistema eléctrico deficiente son el rostro de una ineficiencia normalizada.
Esta falta de rendición de cuentas en el sector público contrasta fuertemente con la rigidez aplicada al sector privado. La percepción general es que el control solo existe para el ciudadano y para quien intenta prosperar por su cuenta, mientras que el fracaso en la gestión estatal se tolera y justifica.
La exigencia de equidad: una justicia con el mismo rasero
El debate no se centra en exigir impunidad para el sector privado, pues cualquier negocio debe cumplir con las normativas sanitarias y de protección al consumidor. La demanda fundamental es la equidad: que la misma vara que se usa para medir al emprendedor se utilice para medir la gestión del Estado.
Cuando el control es fuerte con el débil y débil con el poderoso, la fiscalización deja de ser una herramienta de justicia para convertirse en un mecanismo de represión. Como advirtió José Martí: “El desorden en el gobierno es siempre castigo del pueblo”. Cuando ese desorden solo se persigue en el negocio particular y no en la gestión pública, el castigo se percibe como un abuso.
