GAESA, el gigante empresarial militar de Cuba, exento de auditorías de la Contraloría General
En una reciente entrevista con la agencia EFE, Gladys Bejerano, la máxima autoridad de la Contraloría General de la República (CGR) de Cuba, reveló que el poderoso conglomerado empresarial GAESA, perteneciente a las Fuerzas Armadas del país, no se encuentra bajo la supervisión de este órgano de control estatal.
Bejerano justificó esta exclusión alegando que GAESA posee una «disciplina y organización superior», lo que permite a la Contraloría enfocar sus esfuerzos en otras áreas donde su intervención se considera más necesaria.
GAESA, acrónimo de Grupo de Administración Empresarial S.A., es un holding que controla sectores estratégicos y altamente lucrativos de la economía cubana. Su amplio portfolio incluye la mayor parte del sector turístico, las remesas, telecomunicaciones, empresas importadoras y distribuidoras, bancos, gasolineras y otros negocios que se extienden incluso fuera de la isla.
Se estima que GAESA maneja alrededor del 60% de la economía cubana, generando ingresos anuales de aproximadamente 4.000 millones de dólares, según datos del U.S.-Cuba Trade and Economic Council.
La exención de GAESA de las auditorías de la Contraloría ha generado suspicacias y críticas, ya que este conglomerado maneja enormes recursos económicos sin aparente fiscalización externa. Además, tanto GAESA como varios de sus dirigentes han sido objeto de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos en reiteradas ocasiones.
En junio de 2017, durante la administración de Donald Trump, se prohibieron las transacciones financieras entre ciudadanos y empresas estadounidenses con esta entidad.
Posteriormente, en 2020, el Departamento del Tesoro de EE.UU. identificó a tres compañías controladas por GAESA como entidades estratégicas en la economía cubana, incluyéndolas en su lista de sancionados.
Deficiencias en los sistemas de control y aumento de la corrupción
Más allá de la polémica exclusión de GAESA, Bejerano admitió en la entrevista con EFE la existencia de serias deficiencias en los sistemas de control del país.
Según sus declaraciones, aproximadamente el 23% de estos sistemas presentan fallas, principalmente debido a la falta de capacidades técnicas y humanas.
La propia Contraloría General está operando con una notable escasez de personal, con solo el 60% de sus plazas cubiertas actualmente.
La funcionaria también reconoció que la severa crisis económica que atraviesa Cuba ha disparado los niveles de corrupción en el país. «La gente no cae en la corrupción en paracaídas», sentenció Bejerano, sugiriendo que las dificultades económicas y la escasez generalizada crean condiciones propicias para prácticas ilícitas.
Estas declaraciones cobran especial relevancia en un contexto donde el déficit público cubano es calificado por la propia Contralora como «bastante alto», sin ofrecer cifras específicas.
Caso de corrupción de alto nivel: Alejandro Gil
Durante la entrevista, Bejerano hizo referencia a la reciente destitución de Alejandro Gil Fernández, quien se desempeñaba como viceprimer ministro y ministro de Economía de Cuba.
Si bien no se ofrecieron detalles sobre las acusaciones específicas contra Gil, la Contralora expresó su pesar y decepción ante la situación: «Duele y duele mucho porque uno piensa como compañero —y el pueblo, como cubano— que una persona que ha estado a ese nivel, que ha estado manejando las situaciones, los sacrificios que ha habido que hacer… Que no tenga una actitud en correspondencia, realmente uno lo siente como una traición».
Sin embargo, Bejerano aclaró que la investigación sobre el caso de Gil tampoco estuvo a cargo de la Contraloría General, dejando interrogantes sobre qué instancia se encargó de indagar en las presuntas irregularidades cometidas por el exfuncionario.
La destitución de un alto cargo como el viceprimer ministro por acusaciones de corrupción, junto con las admisiones de la Contralora sobre las deficiencias en los sistemas de control y el aumento de prácticas ilícitas, plantean serios cuestionamientos sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública cubana.
La exclusión de un conglomerado tan poderoso como GAESA de la supervisión de la Contraloría agrega una capa adicional de opacidad a un panorama ya de por sí complejo.
En un contexto de profunda crisis económica, con un déficit público elevado y una población enfrentando serias dificultades, resulta crucial fortalecer los mecanismos de control y auditoría para prevenir y sancionar la corrupción en todos los niveles.
La Contraloría General de la República, como máximo órgano de fiscalización estatal, tiene un rol fundamental que desempeñar en este sentido.
Sin embargo, las recientes declaraciones de su titular dejan en evidencia los desafíos y limitaciones que enfrenta esta institución para cumplir cabalmente con su misión.
