El riesgo de la apertura en Cuba: ¿hacia un capitalismo de oligarcas?

La reciente ola de medidas económicas en Cuba ha puesto sobre la mesa una interrogante fundamental para el futuro de la isla: ¿debería prohibirse que los altos cargos del Estado, los jefes militares —activos o retirados—, los políticos y sus familiares directos se conviertan en los nuevos empresarios del país?

El dilema no es menor. Quienes administraron el poder durante décadas y dictaron los márgenes de la vida nacional se perfilan ahora como los primeros beneficiarios de la apertura económica. El riesgo latente es evidente: una flexibilización de los mercados que no esté acompañada de una verdadera apertura institucional no democratizará la riqueza de la nación, sino que terminará reciclando el poder de las mismas élites de siempre.

Para que este proceso de transición adquiera un mínimo de legitimidad, resulta imperativo trazar una línea roja. Ningún funcionario o exfuncionario del Partido Comunista, representante del Estado, diputado o alto mando militar debería figurar como cabeza de negocio, inversionista o accionista de los nuevos conglomerados empresariales.

El valor del acceso por encima del capital

En una economía que ha permanecido cerrada durante tanto tiempo, el tráfico de influencias representa un activo incalculable. Una persona puede no tener millones guardados en una caja fuerte, pero si posee contactos, acceso a información privilegiada y la capacidad de abrir puertas para controlar permisos, tiene en sus manos el control del nuevo mercado.

Este entramado de influencias no se limita únicamente al titular de un cargo público. El escrutinio debe extenderse hacia familiares, parejas, exparejas, hijastros, ahijados y esos amigos incondicionales que, con frecuencia, operan como la pantalla perfecta para ocultar a los verdaderos beneficiarios. No se trata de una persecución de apellidos, sino de un cortafuegos necesario para impedir que el poder político acumulado durante décadas se transforme, de la noche a la mañana, en una ventaja económica privada.

Las preguntas que definirán el rumbo de la economía cubana no giran en torno a quién tiene el dinero, sino a quién ostenta el acceso: ¿Quiénes recibirán las licencias operativas? ¿Quiénes tendrán luz verde para adquirir terrenos o propiedades? ¿Volverán las licitaciones transparentes o la isla presenciará el renacimiento de los favoritismos históricos, ahora vestidos con traje de empresario moderno?

Una «perestroika» sin «glásnost»: el espejo de Europa del Este

La historia reciente ofrece advertencias claras. Tras la caída del bloque comunista en Europa del Este, numerosos funcionarios partidistas y militares de alto rango se reconvirtieron rápidamente en prósperos empresarios. Sus fortunas, inexplicables desde la lógica de sus antiguos salarios estatales, fueron el resultado directo de la transformación de su capital político en activos económicos.

Rusia en la década de 1990 es, quizás, el precedente más alarmante. Una privatización rápida y opaca permitió que figuras conectadas con la cúpula del poder absorbieran activos estratégicos a precios irrisorios. El conocido episodio de los «préstamos por acciones» se erigió como el símbolo de una transferencia de riqueza estatal hacia una nueva oligarquía, marcando la reforma con el sello de la desconfianza y la ilegitimidad. En contraste, transiciones como la de Polonia, donde existió un proceso de negociación más amplio entre trabajadores, accionistas y diversos actores sociales, demuestran que el problema no radica en abrir la economía, sino en quién reparte las cartas y bajo qué reglas.

En Cuba, el panorama actual desprende un aroma a perestroika con muy poco glásnost. Se observa una evidente reestructuración económica y una apertura parcial del mercado dictada desde las más altas esferas, pero existe un vacío de transparencia política e informativa, y una ausencia casi total de debate real con la ciudadanía.

La necesidad de instituciones independientes y prensa libre

El Partido Comunista no puede erigirse como el árbitro moral de esta nueva riqueza. El mismo poder que controló, prohibió, autorizó y castigó durante décadas no puede ser «juez y parte» en la adjudicación de las nuevas oportunidades económicas.

Para evitar un reparto oligárquico, la apertura requiere de un ecosistema institucional que hoy no existe en la isla. Se hace indispensable la creación de:

• Una contraloría genuinamente independiente.
• Tribunales autónomos que no respondan a las directrices del Partido.
• Declaraciones patrimoniales públicas y obligatorias para funcionarios.
• Mecanismos de identificación de los beneficiarios reales detrás de cada empresa.
• Auditorías rigurosas y licitaciones abiertas.
• Reglas estrictas contra los conflictos de intereses.
• Trazabilidad financiera aplicable a familiares, socios y testaferros.

A este andamiaje institucional debe sumarse una prensa libre. En un país donde no se permiten otros partidos políticos, resulta vital la existencia de un periodismo capaz de investigar, exponer y auditar los procesos económicos, operando fuera del aparato ideológico del Estado. Sin prensa libre, sin tribunales independientes y sin una contraloría autónoma, la llamada reforma corre el riesgo de convertirse en un simple botín.

Doble moral y oportunismo en la «guagua reformista»

El incipiente florecimiento del sector privado en Cuba ya muestra señales de esta dinámica. Muchos de los nuevos emprendedores no provienen de las filas del ciudadano común que lidia a diario con el apagón y la libreta de abastecimiento, sino de las zonas más altas del entramado político y castrense.

Resulta paradójico que quienes en el pasado criminalizaron la iniciativa privada, estigmatizaron a los exiliados, y construyeron un discurso oficial contra la sociedad de consumo y la «explotación del hombre por el hombre», busquen ahora liderar la prosperidad empresarial del país. Este repentino cambio de postura no refleja una renovación genuina, sino un oportunismo evidente. No se puede castigar la iniciativa privada durante medio siglo y luego exigir el primer asiento en el vehículo de las reformas.

A esto se suma la contradicción de un discurso oficial que exige sacrificios invocando la patria amenazada y consignas como «Socialismo o Muerte», mientras los descendientes de la cúpula dirigente estudian, viajan, manejan negocios y viven con comodidades en el extranjero que el cubano promedio no puede imaginar. Asimismo, el poder político ha dejado pasar oportunidades clave, como las recientes reuniones informativas de los diputados, para abordar urgencias humanas como la liberación de los ciudadanos encarcelados únicamente por expresar su desacuerdo político; un derecho amparado por la propia Constitución.

El costo económico de un mercado capturado

Las medidas que hoy se implementan en Cuba parecen impulsadas por la desesperación y la urgencia económica, más que por una convicción democrática. El peligro que se cierne sobre la isla tiene nombres conocidos en la ciencia política y económica: captura del Estado, capitalismo de amiguetes, privatización de insiders o capitalismo de nomenklatura.

En un escenario de esta naturaleza, el éxito no es para quien produce mejor o es más eficiente, sino para el que está mejor protegido. Grupos económicos con la capacidad de manipular leyes, permisos y medios de comunicación terminarán subordinando o expulsando del juego a los emprendedores honestos que carecen de padrinos políticos.

Más allá del profundo cuestionamiento moral que supone que los arquitectos de la escasez y la exclusión sean los beneficiarios de la apertura, el resultado a largo plazo sería un desastre económico. Los inversionistas serios desconfiarán de un mercado donde sus competidores son, en la práctica, extensiones del aparato político o militar.

La moralidad, en este contexto, no es un adorno retórico, sino una condición indispensable para el desarrollo. Sin justicia mínima, sin transparencia y sin igualdad de reglas, Cuba no verá el nacimiento de un mercado libre y próspero, sino la simple y llana continuidad del privilegio por otros medios.