Cuba busca quién alquile sus hoteles vacíos: el ministro admite que lo lógico era cerrar
Con los hoteles casi vacíos y las grandes cadenas internacionales fuera del país, el Gobierno cubano ha decidido cambiar la forma en que ofrece sus instalaciones turísticas. El ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, invitó a empresarios extranjeros, mipymes y cubanos residentes dentro y fuera de la isla a arrendar hoteles, optar por concesiones e incluso comprar inmuebles. Pero en la misma intervención dejó una advertencia que define el alcance de la oferta: quien arriende asumirá un riesgo mucho mayor que quien simplemente administre.
La propuesta llega en el peor momento del sector en décadas. Y obliga a hacerse tres preguntas: qué está dispuesto a ceder el Estado para conseguir inversores, qué obligaciones pasarían a manos de esos empresarios y cuánto puede mejorar un hotel si cambia quien lo gestiona, pero no el país que lo rodea.
«Lo lógico habría sido cerrar»
García Granda habló el 11 de noviembre en el Congreso Internacional de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo, en el Palacio de Convenciones de La Habana. En el fragmento difundido por la televisión estatal reconoció que, en las condiciones actuales, lo lógico habría sido cerrar la actividad turística, incluido el campismo. Si no ocurrió, dijo, fue por el esfuerzo de las empresas, la creatividad y las flexibilizaciones aprobadas.
La frase revela el punto de partida del propio ministerio: ya no se habla de crecer, sino de evitar el cierre y mantener el servicio para los cubanos y para un pequeño grupo de visitantes extranjeros. El ministro situó las llegadas en torno a las 1.000 personas diarias, aunque el fragmento no aclara si esa cifra corresponde a una jornada concreta, a un promedio reciente o a una temporada determinada.
Las cifras del desplome
Para medir la caída hay un dato más preciso. Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), entre enero y septiembre de 2026 Cuba recibió 477.707 visitantes internacionales: apenas el 34,9 % de los que llegaron en los mismos meses de 2025, es decir, una pérdida cercana al 65 % y 890.140 visitantes menos.
Conviene leer bien ese porcentaje: el 34,9 % es lo que se conserva, no lo que se pierde. Además, la ONEI publica por separado las cifras de viajeros y de visitantes internacionales, que no coinciden; aquí se usa la segunda. Y una llegada, por sí sola, no dice cuántas noches de hotel se vendieron ni cuánto dinero dejó ese turista en la economía.
La caída tampoco empezó este año. De acuerdo con las cifras oficiales recogidas por la agencia EFE, Cuba recibió unos 2,4 millones de visitantes internacionales en 2023, alrededor de 2,2 millones en 2024 y 1.810.663 en 2025. Ese último año, la ocupación hotelera fue del 18,9 %. Es decir, el problema existía antes del agravamiento de 2026, y eso explica por qué el debate sobre los arrendamientos importa tanto: una instalación necesita clientes para cubrir sus gastos, la gestione quien la gestione.
Administrar o arrendar: dónde está el riesgo
El propio García Granda explicó la diferencia. En un contrato de administración, el Estado y el operador comparten los resultados, y el reparto depende de cómo marche la gestión. En un arrendamiento, en cambio, existe un pago pactado que debe abonarse con independencia de que el negocio vaya mejor o peor. A cambio, según el ministro, esta modalidad ofrece más autonomía.
Dicho en lenguaje cotidiano: se ofrece más margen para manejar el hotel a cambio de una obligación económica más dura. Si las reservas caen, el alquiler no desaparece porque haya menos huéspedes. Para el Estado, el arrendamiento hace más previsible el ingreso, aunque eso no garantiza que termine cobrando: necesita un arrendatario capaz de pagar. Para el empresario, la autonomía solo tiene valor si le permite construir un negocio viable.
Las responsabilidades concretas dependerán de cada contrato. Mantenimiento, suministros, inversiones y personal no quedan detallados en las declaraciones, y sería precipitado atribuirlos todos al arrendatario. Para valorar la oferta haría falta saber cuánto costarán los arrendamientos, por cuánto tiempo se concederán, qué inversiones se exigirán, cómo se resolverán los incumplimientos y qué libertad tendrá el operador para elegir proveedores, organizar los servicios y disponer de sus ingresos. Sin esas respuestas, la «flexibilización» dice todavía poco sobre su viabilidad.
Arrendar, conceder, vender: no es lo mismo
El ministro mencionó en el mismo paquete arrendamientos, concesiones y venta de inmuebles, y son operaciones muy distintas. Arrendar permite explotar un bien en los términos pactados; vender supone transferir la propiedad; una concesión exige saber qué derecho se otorga, por cuánto tiempo y con qué obligaciones. Anunciarlas juntas no significa que todos los hoteles estén a la venta.
Tampoco es una novedad absoluta. Un análisis publicado en julio por Ingrids Rodríguez Guerra sobre las medidas turísticas incluidas en las transformaciones económicas anunciadas en junio ya recogía arrendamientos, usufructos onerosos, concesiones y venta de inmuebles, esta última con aprobación caso por caso y abierta a inversores extranjeros y a cubanos residentes dentro y fuera del país. Lo de noviembre es, por tanto, una nueva explicación de una apertura ya planteada. Para saber si funciona habrá que seguir todo el recorrido: reglas publicadas, proyectos aprobados, contratos firmados y resultados.
Al tratarse de bienes públicos, además, hay una cuestión de rendición de cuentas. ¿Cómo se fija su valor? ¿Cómo se elige a los interesados? ¿Se publican las condiciones? ¿Qué compromisos de inversión y conservación se exigen y cómo se informa después de su cumplimiento? De esas respuestas depende saber si los acuerdos benefician al patrimonio común.
El vacío que dejó Meliá
La discusión cobra otro peso cuando se mira quién se ha ido. Meliá comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España que su filial portuguesa dejaría de prestar, desde el 24 de julio de 2026, los servicios de gestión y comercialización de todos sus establecimientos en Cuba, incluidas las marcas autorizadas y actividades de suministro. La compañía atribuyó la decisión a dificultades operativas, legales, económicas y financieras que impedían una estabilidad mínima. No fue la única: también otras cadenas españolas dejaron de operar en la isla ese verano.
Ese comunicado se refiere al cese de un operador; qué pasó después con cada hotel exige datos de cada establecimiento. Pero deja planteada la pregunta de fondo: si una empresa con décadas de experiencia en Cuba se retira por dificultades de ese calibre, ¿qué condiciones encontraría un nuevo arrendatario para hacerlo mejor?
Sanciones externas y problemas que venían de antes
El reportaje de la televisión estatal atribuye la situación al bloqueo y al cerco energético de Estados Unidos, y detrás de esa referencia hay medidas concretas. El 29 de enero, la Casa Blanca anunció un mecanismo para imponer aranceles a productos de países que suministren petróleo a Cuba. En mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) detalló en sus preguntas frecuentes el mayor riesgo de sanciones para determinadas personas y entidades extranjeras con operaciones vinculadas a Cuba, un giro que despachos internacionales como Mayer Brown han analizado por su impacto en empresas y bancos extranjeros.
Esas disposiciones forman parte del entorno en el que se intenta atraer capital, como ya se vio con la retirada de Vima, el socio español de GAESA. Pero la curva de visitantes previa a 2026 impide fechar el comienzo de toda la crisis en las medidas de este año.
El investigador Gerardo González Núñez, en un análisis publicado en septiembre en el proyecto Horizonte Cubano de la Universidad de Columbia, vincula las dificultades del turismo con la crisis económica, los problemas energéticos, el deterioro de la infraestructura y el entorno internacional. También cuestiona que se haya priorizado la construcción de nuevos hoteles con una demanda debilitada, en lugar de renovar las instalaciones existentes y mejorar su gestión. Es una crítica que noticiascuba.net ya planteó al analizar la inversión en hoteles vacíos defendida por el mismo ministro.
La conclusión es sencilla: un hotel forma parte de un destino. Funciona si el visitante puede llegar, moverse y recibir los servicios que contrató. Una mejor administración puede arreglar lo que ocurre de puertas adentro, pero no los apagones, el transporte o el abastecimiento del país. La autonomía empresarial necesita condiciones que permitan usarla.
Quién manda en el negocio
Hay además un dato estructural que matiza el alcance de cualquier anuncio del ministerio. El Ministerio de Turismo actúa sobre todo como regulador y promotor, mientras que buena parte del negocio hotelero pertenece al conglomerado militar GAESA, que controla cadenas, inmobiliarias e importadoras vinculadas al sector. Y García Granda, en el cargo desde diciembre de 2019, fue el sucesor de Manuel Marrero, que dirigió el ministerio durante unos 15 años antes de convertirse en primer ministro. La estrategia de construir más hoteles mientras caía la demanda tiene, por tanto, una continuidad política difícil de separar de la cúpula del Gobierno.
Economistas cubanos llevan años señalando, con datos de la propia ONEI, que la inversión en hoteles y servicios inmobiliarios ha superado con mucho a la destinada a la agricultura o a la energía. El símbolo más visible es la torre hotelera de 42 plantas levantada en el Vedado habanero mientras el país sufría apagones generales. Hoy, el Gobierno busca quién se haga cargo de esas habitaciones que no logra llenar.
«Igualdad de condiciones» para los cubanos de fuera
Una de las frases con más interés para los cubanos fue la promesa del ministro de que todos los empresarios e inversionistas estarán en igualdad de condiciones, y de que la cartera de oportunidades se dirige también a actores nacionales y a residentes en el exterior.
Esa igualdad necesita concretarse. Puede referirse a la posibilidad de presentar una propuesta, a los criterios de evaluación o a las condiciones del contrato. Para saberlo hacen falta requisitos publicados y ejemplos de operaciones aprobadas; las declaraciones no aclaran cuánto capital se necesita, qué garantías se piden ni cómo se elige a los participantes. Si interviene una entidad estatal, también habrá que conocer qué derechos conserva cada parte y quién resuelve los conflictos.
En el caso de la emigración hay una diferencia que el discurso sobre la igualdad no resuelve. Los cubanos que viven fuera están sujetos a marcos legales distintos según su situación, y las sanciones de la OFAC obligan, entre otros, a los ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos. Una autorización de La Habana no garantiza por sí sola que una operación cumpla las normas estadounidenses. Sería poco riguroso concluir, a partir de las palabras del ministro, que cualquier cubano residente en el exterior puede entrar en cualquiera de estos negocios.
346 interesados, ningún contrato conocido
Según la cobertura de Cubadebate sobre la intervención, el ministerio ha recibido 346 manifestaciones de interés, de las cuales 146 proceden de mipymes. Es un dato atribuido al propio funcionario que mide intención, no ejecución: faltan los proyectos aprobados, los contratos firmados y el dinero realmente invertido.
García Granda planteó también reorganizar el ministerio para que se concentre en las funciones del destino y en habilitar a quienes desarrollen actividades turísticas, y amplió la invitación al sector privado. El resultado se medirá en la capacidad real de las empresas para tomar decisiones y en la claridad de los permisos que reciban.
¿Y qué ganan los vecinos?
El ministro puso en el centro el desarrollo local: comunidades, instituciones culturales, universidades y recursos de cada territorio. La pregunta que conecta el negocio con la vida diaria es cómo llega el beneficio a quienes viven alrededor de los hoteles.
Para un trabajador, importa quién lo contrata, cómo se fija su salario y qué pasa con su empleo si cambia el operador. Para un productor local, las condiciones para ser proveedor y los plazos de pago. Para un vecino, los efectos sobre su entorno, el patrimonio y los servicios de la zona. Ninguna de esas cuestiones queda resuelta en el anuncio; dependerán de las reglas y de los contratos de cada proyecto.
Una apertura que se medirá en hechos
Las declaraciones de García Granda muestran un intento de cambiar la forma de operar el turismo en medio de su crisis más profunda. El Gobierno ofrece nuevas fórmulas de participación y promete autonomía e igualdad; quienes acepten tendrán que medir bien las obligaciones que asumen y su capacidad real de cumplirlas en un país sin estabilidad energética ni financiera.
La evaluación tendrá que hacerse con indicadores verificables: visitantes, ocupación, ingresos, inversiones ejecutadas, calidad del servicio y beneficios para las comunidades, además de información pública sobre los contratos. Solo así se podrá distinguir una flexibilización anunciada de un cambio que de verdad saque al turismo cubano del pozo.
