Cuba elimina el límite de 5000 pesos en efectivo: qué cambia con la Resolución 74

El Banco Central de Cuba acaba de dar marcha atrás en una de sus medidas más polémicas de los últimos años. La Resolución 74 de 2026, publicada en la Gaceta Oficial el 17 de julio, suspende el tope de 5000 pesos que desde agosto de 2023 impedía a los negocios pagarse entre sí en efectivo por encima de esa cifra. A partir del lunes 20 de julio, cualquier operación entre actores económicos puede saldarse en billetes, sin límite de monto.

La decisión llega, sin embargo, envuelta en una paradoja que la propia población se ha encargado de señalar: ahora se puede pagar en efectivo sin restricciones, pero el efectivo escasea. Los bancos del país llevan meses sin poder entregar a sus clientes el dinero que estos reclaman, y en varias provincias los límites reales de extracción estaban ya muy por debajo del tope que la nueva norma elimina.

Una prohibición que chocó con la realidad

La regla ahora suspendida nació con la Resolución 111 de agosto de 2023, cuando el Gobierno diagnosticó un crecimiento desmedido del efectivo circulante y decidió empujar a toda la economía hacia los canales bancarios. La norma era rígida: cualquier pago entre negocios superior a 5000 pesos debía hacerse por transferencia, cheque o vía electrónica, sin importar si se trataba de una empresa estatal, una mipyme, una cooperativa, un campesino, un pescador, un cuentapropista o un artista. Las empresas, además, solo podían mantener una caja chica de hasta esos mismos 5000 pesos para gastos cotidianos.

En la práctica, la prohibición se estrelló contra un país con plataformas de pago inestables, zonas enteras sin conexión y una economía acostumbrada a funcionar con billetes. Un productor agrícola que vendiera una carga de viandas por 50.000 pesos debía cobrar por transferencia, aunque en su zona no hubiera cobertura o la pasarela de pago estuviera caída, y sin ninguna garantía de poder retirar después ese dinero del banco. La respuesta generalizada fue fraccionar los pagos, buscar atajos o, directamente, incumplir la norma.

La propia ministra presidenta del Banco Central, Juana Lilia Delgado Portal, lo reconoció en conferencia de prensa, acompañada de los directivos de los principales bancos del país: el diagnóstico inicial sobre el exceso de efectivo era acertado, dijo, pero la realidad cambió y la vía de la prohibición demostró ser insuficiente. La nueva resolución, firmada por ella misma el 10 de julio, entró en vigor tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial.

Qué cambia exactamente

El primer cambio es la suspensión del tope de 5000 pesos. Conviene subrayar el verbo: la medida no se elimina de forma definitiva, sino que queda suspendida «hasta que las condiciones del país lo permitan», una fórmula que deja abierta la puerta a su regreso. Mientras tanto, los negocios pueden pagarse entre sí en efectivo cualquier cantidad sin fraccionar operaciones ni depender de plataformas digitales.

El segundo cambio afecta a la caja chica. Desaparece la cifra fija e igual para todos: ahora cada negocio deberá negociar con su banco cuánto efectivo puede manejar. Y el banco decidirá en función de una lista de criterios que conviene leer con atención: los ingresos que pasen por la cuenta fiscal del negocio, el volumen de sus depósitos, el uso que haga del Pago en Línea y del servicio de Caja Extra, el tipo de actividad, el territorio donde opera y la disponibilidad de efectivo de la propia sucursal.

La ministra defendió el esquema como un «acompañamiento personalizado», no como arbitrariedad, y aseguró que existirán sistemas de reclamación y supervisión. Pero el diseño tiene una lectura menos amable: donde antes había una regla pareja para todos, aunque fuera mala, ahora el acceso al efectivo se convierte en un trato individual entre cada negocio y su banco. El que se alinee con la política de bancarización —depositando, usando los canales digitales, pasando sus ingresos por la cuenta fiscal— obtendrá más margen para manejar billetes. El que no, no. La flexibilidad funciona, en la práctica, como un premio condicionado.

Por qué no hay efectivo, según el propio Banco Central

Quizá lo más revelador de la comparecencia oficial fue la explicación de la ministra sobre la escasez de billetes. La falta de efectivo, afirmó, no es la causa de los problemas, sino la consecuencia de desequilibrios más profundos de la economía.

El primero es el déficit fiscal financiado con emisión monetaria: durante años el Estado gastó más de lo que ingresaba y cubrió la diferencia imprimiendo billetes. Ese dinero sin respaldo alimentó la inflación, y con precios cada vez más altos la población necesita cargar con más efectivo para comprar lo mismo. La propia política estatal, en otras palabras, disparó una demanda de billetes que ahora el sistema no puede satisfacer.

El segundo factor es la bancarización de los salarios. Más del 80 % de los sueldos y pensiones se pagan ya por tarjeta. Sobre el papel suena moderno; en la vida real significa que millones de personas cobran el mismo día en un plástico y, como desconfían de dejar ahí su dinero, corren en masa al cajero o a la cola del banco para retirarlo. Esa avalancha simultánea desborda al sistema, y quienes pagan las consecuencias son precisamente los jubilados y trabajadores que más dependen de ese dinero y menos pueden esperar.

A ello se suma lo que podría llamarse la cadena de exigencias: muchos comercios aseguran que sus suministradores les reclaman pago en efectivo, ellos trasladan esa exigencia a sus clientes, y la presión acaba recayendo sobre los eslabones más vulnerables. La ministra añadió a la lista la evasión fiscal de negocios que no pasan sus ingresos por las cuentas fiscales, la escasez de divisas y las dificultades de acceso al mercado cambiario. Todo ello, dijo, ha deteriorado la percepción de la bancarización, porque la gente confunde los problemas estructurales con la política de pagos digitales. Cabe preguntarse, no obstante, si la población realmente los confunde o si sencillamente los sufre todos a la vez.

Billetes de 2000 y 5000 pesos

Para aliviar la falta de billetes, el Banco Central anunció la circulación de nuevas denominaciones de 2000 y 5000 pesos. La lógica es directa: con la inflación acumulada, incluso el billete de 1000 pesos resulta insuficiente y cualquier compra obliga a manejar gruesos fajos. Con billetes de mayor valor, sostiene la institución, el manejo del dinero se simplifica y el servicio de caja se agiliza.

Según el anuncio oficial, todas las sucursales del país disponen ya de los nuevos billetes, y se están priorizando los pagos atrasados de salarios y jubilaciones. En las redes, sin embargo, no faltó quien asegurara no haber visto todavía ni uno solo de esos billetes.

Jubilaciones que se cobrarán en la bodega del barrio

Una de las medidas más sensibles del paquete afecta directamente a los adultos mayores. El plan es que los jubilados dejen de acudir al banco a cobrar y puedan retirar su chequera en comercios cercanos a su casa.

El mecanismo previsto funciona así: el banco acredita digitalmente al comercio el monto de las jubilaciones mediante un contrato del servicio Caja Extra, y el comercio entrega los billetes al jubilado. Una plataforma digital registra tanto a los comercios participantes como a los beneficiarios, y para quienes no tienen teléfono se emitirá una nominilla con su nombre y el monto a cobrar. El comercio no presta el servicio gratis: recibe un peso por cada transacción más el 0,25 % del importe.

El esquema ya se prueba en municipios habaneros como Playa, Plaza y Habana Vieja, y en provincias como Granma, y podría extenderse a otras personas vulnerables. La ministra lo presentó como un beneficio mutuo —el jubilado cobra sin hacer cola y el comercio se ahorra el viaje al banco para depositar— y aclaró que no supone un retroceso en la bancarización, sino mejores condiciones para ese sector. Sobre el papel, la idea suena razonable. La duda que circula entre la población es otra: si funcionará en la práctica y quién garantizará que el comercio pague completo y a tiempo.

La zanahoria y el palo: incentivos digitales y comisión por retirar

El paquete incluye un rediseño de los incentivos que revela con claridad la dirección de la política. Quien pague con el teléfono mediante Pago en Línea recibirá una devolución del 4 % de la compra, con un tope de 210 pesos. El detalle importa: antes la bonificación era del 6 %, de modo que el estímulo al consumidor en realidad disminuye.

La novedad está del lado del comercio. Por primera vez, el negocio que cobre por Pago en Línea recibirá una bonificación del 2 %, con tope de 105 pesos, y la comisión que se le aplicaba baja del 1,5 % al 0,8 %. Además, se atiende una de las quejas más repetidas del sector: el dinero de los pagos digitales llegará al comercio de inmediato, en tiempo real, y no días después.

El reverso de la moneda es el trato al efectivo. Retirar dinero del banco tendrá una comisión del 0,2 %, mientras que depositarlo será gratuito, tras eliminarse la comisión por depósito. El mensaje es transparente: meter billetes al banco no cuesta nada; sacarlos, sí. Más adelante, de forma gradual, se aplicará también una comisión del 0,8 %, con tope de 600 pesos, a las transferencias directas de personas naturales a negocios, para canalizar las transacciones comerciales por la vía diseñada para ellas.

La ministra lanzó además una advertencia sin rodeos a los negocios privados que se niegan a aceptar pagos digitales: se han sostenido conversaciones para atacar la causa del problema, dijo, pero para quien persista en la negativa «se adoptaron medidas de carácter legal».

Otros ajustes del paquete

La resolución actualiza también los límites de movimiento de dinero de los negocios, que la inflación había dejado obsoletos: de los antiguos 80.000 pesos por operación y 120.000 al mes se pasa a un umbral de 2.500.000 pesos por cliente al mes.

El Banco Central negocia además acuerdos con los mayoristas para que dejen de exigir efectivo a sus clientes y utilicen los canales bancarios, con la posibilidad de pagar a sus proveedores en el exterior desde sus propias cuentas en divisas. Se crean sucursales y oficinas especializadas para que los negocios depositen sin competir con la cola del ciudadano común, y se prueba Turno Banc, un sistema para reservar turno en el banco sin acudir físicamente. En paralelo, se priorizan las sucursales con respaldo energético y se coordina con Etecsa y con instituciones de paneles fotovoltaicos para que los apagones no tumben los servicios en línea.

El cierre del mensaje oficial buscó calmar las aguas. El efectivo no desaparecerá de la noche a la mañana, aseguró la ministra: «No liberamos el efectivo, lo gestionaremos de manera más inteligente». Y recalcó que el Banco Central trabaja de conjunto con el MINCIN, el Ministerio de Finanzas y Precios, la ONAT y los gobiernos locales.

La calle responde: sarcasmo, desconfianza y dinero atrapado

La reacción popular fue inmediata y estuvo cargada de ironía. «Bueno el chiste», escribió un usuario. «De verdad, pónganse serios. ¿Dónde puedo extraer efectivo?». La pregunta no es retórica: desde distintas provincias, los testimonios describen límites de extracción muy inferiores al tope que ahora se elimina. En Sancti Spíritus, una ciudadana relató que desde hace meses el banco entrega 500 pesos, con números, tras esperas de más de 15 días y una sola vez al mes. En Cienfuegos, recibir 1000 pesos se consideraba un privilegio. En Maisí, Guantánamo, el límite real era de 1000 pesos, y en San Cristóbal algunos bancos solo entregaban 500 por cliente.

El absurdo que muchos señalan es evidente: se elimina un tope de 5000 pesos que los propios bancos ya habían rebasado a la baja, al no permitir retirar ni la décima parte. «Hoy dictan una medida y mañana otra, pero ninguna resuelve el problema», resumió otro usuario.

Hubo comentarios que fueron más allá de la burla. Uno advirtió sobre una posible jugada inflacionaria: emitir los nuevos billetes de 2000 y 5000 pesos para recoger los dólares en circulación, con el consiguiente riesgo de una nueva escalada de precios. Otro condensó años de desconfianza en una frase: una cosa dice el banco y otra hacen los de abajo. Y se repite una pregunta muy concreta: si el salario se cobra obligatoriamente por tarjeta y luego se descuenta un 0,2 % por retirarlo, ¿no equivale eso a un impuesto adicional sobre el sueldo?

A las críticas se suman quienes reclaman dinero atrapado en el sistema: adultos mayores que no pueden tocar sus ahorros, personas que llevan siete meses intentando retirar depósitos en divisas sin éxito y médicos que esperan desde hace cinco años el dinero certificado en dólares de sus misiones.

Un fracaso anunciado desde 2023

El escepticismo tiene fundamento en los números. Tres años después de la bancarización obligatoria, apenas el 3,77 % de las transacciones en Cuba son digitales y menos del 10 % de los negocios privados acepta transferencias de forma habitual. En el camino, el Gobierno aplicó 15.240 multas y ordenó el cierre de 269 establecimientos por no aceptar pagos electrónicos, sin alcanzar su objetivo. En mayo de 2026, más de la mitad de los cajeros automáticos de La Habana no funcionaba.

Con ese historial, muchos no ven en la Resolución 74 una reforma del sistema de pagos, sino una rectificación pragmática: el reconocimiento tácito de que la infraestructura financiera cubana no estaba preparada para imponer la bancarización por decreto. Cuando el Gobierno anunció aquella política de forma acelerada en agosto de 2023, la inmensa mayoría de los economistas independientes, dueños de negocios y ciudadanos advirtió que la medida estaba condenada al fracaso y que agravaría la crisis: se intentaba aplicar una solución de «primer mundo» —una economía sin efectivo— en un país sin las condiciones mínimas para sostenerla. El tiempo les dio la razón.

La nueva medida forma parte de las 176 reformas económicas con las que el Gobierno aspira a evitar el colapso total de la economía, y llega cuando la crisis de efectivo, de larga data, angustia a una población que hace colas interminables en los bancos para retirar el dinero que necesita y casi nunca lo consigue. Nadie sabe cómo funcionará en la práctica este nuevo esquema, y no puede descartarse que traiga nuevos perjuicios para el ciudadano común, que ya ni siquiera tiene garantizado el derecho de tener su propio dinero en la mano. Como resumió un comentario en redes con precisión quirúrgica: este país es un experimento constante.