El juicio sobre la deuda soberana de Cuba en Londres espera sentencia

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El juicio en contra del Gobierno cubano en Londres por una deuda de 72 millones de euros llegó a su fin después de que ambas partes presentaron sus alegatos finales. 

Ahora, la decisión recae en manos de la justicia británica, que deberá decidir si el fondo inversor CRF I Limited es el legítimo acreedor de la deuda y si tiene derecho a iniciar acciones legales para cobrarla.

La defensa de CRF I Limited, liderada por el abogado Jawdat Khurshid, refutó las acusaciones del Gobierno cubano, que los acusa de ser un “fondo buitre” que actuó de manera ilegal para adquirir la deuda.

Según Khurshid, el Gobierno cubano trata de manipular las normas de gestión de la deuda y el proceso legislativo para evitar pagar la cantidad adeudada. Además, niegan el traspaso de propiedad de la deuda del acreedor original a la compañía inversora.

Por su parte, los defensores contratados por el Gobierno de Cuba están tratando de demostrar que la transferencia de derechos contractuales, que pertenecían al banco ICBC, fue “inválida”.

Alegaron que esto se debió a que sobornaron al exfuncionario del Banco Nacional de Cuba (BNC), Raúl Olivera Lozano.

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Además, argumentan que el proceso no fue válido debido a que el documento no fue firmado por funcionarios de alto rango en el BNC.

Por su parte, CFR I Limited niega haber utilizado sobornos y afirma que Olivera y Londa Caridad Martí, exdirectora del Departamento de Deuda Externa del BNC, tuvieron que consultar con el entonces Ministro de Finanzas y Precios y el Consejo de Ministros antes de autorizar la transferencia.

Según Khurshid, la exigencia planteada por Cuba no está contemplada en la estructura del Banco Nacional de Cuba (BNC) y solo se ha mencionado en esta demanda judicial.

Afirma que el manual del BNC permite al presidente del banco delegar autoridad a altos directivos y solo menciona la participación del Ministerio en procesos no relacionados con asignaciones de deuda.

En caso de una derrota, el Gobierno cubano enfrentaría un fuerte impacto económico y podría ser demandado por acreedores a los que no ha pagado deudas contraídas hace décadas.

Solo CRF I posee otros tramos de la deuda cubana, que asciende a 1.200 millones de dólares.

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Por esta razón, La Habana no ha ahorrado en gastos para la defensa y propaganda necesaria para presentarse como víctima de una estafa.

Es notable mencionar que figuras como el vocero gubernamental Humberto López y el ministro de Justicia cubano Óscar Silvera viajaron a Londres para asistir al juicio.

En los próximos días se conocerá la sentencia final, pero expertos estiman que la parte que pierda podría recurrir a la decisión, lo que significa que todavía no se sabe cuándo se llegará a una conclusión en este proceso legal.

Debido al impacto que tendría una derrota, no se espera que la parte perdedora acepte la sentencia sin luchar por su causa.

Denuncias del Gobierno cubano

El Gobierno cubano denunció informaciones falsas y ataques mediáticos relacionados con el juicio.

Las últimas sesiones de este juicio se llevaron a cabo el miércoles y jueves en la Sala Comercial del Tribunal Superior de Londres.

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El ministro de Justicia, Óscar Silvera, hizo una declaración al vocero del Gobierno, Humberto López, que fue publicada en el diario oficial Granma, en la que se refiere a “noticias falsas sobre el juicio y ataques mediáticos”.

Silvera afirmó que aquellos que están difundiendo información falsa y atacando a la nación a través de un procedimiento judicial mercantil “no tienen la razón” y están intentando “desacreditar el país”. Sin embargo, no identificó a ninguna persona o grupo en particular.

El Gobierno cubano ha protestado contra las manifestaciones de activistas anticastristas que se dieron durante la primera semana del juicio. 

Según el Ministro de Justicia, algunos de los participantes de las protestas violaron las normas del tribunal y fueron notificados a la policía.

El ministro dijo que actualmente se está llevando a cabo una investigación sobre estos comportamientos ilegales y que algunos de los manifestantes atacaron, amenazaron, difamaron y acosaron a los abogados cubanos y a la delegación presente en Londres.

El Ministerio de Justicia ha establecido su estrategia de defensa con la ayuda de un bufete internacional de primer nivel en Iberoamérica.

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Este despacho coordinará las acciones de los barristers y solicitors requeridos por la ley inglesa.

Respecto a los abogados contratados por Cuba, se señaló que han sido contratados para enfrentar un proceso de alta complejidad jurídica en las materias financiera, mercantil y de litigación internacional.

El jueves, el abogado del fondo inversor CRF, Jawdat Khurshid, acusó al Gobierno cubano de modificar sus normas en la gestión de su deuda externa histórica, lo que llevó a un pleito para cobrar 72 millones de euros debido a préstamos suscritos en los años 80.

En correos electrónicos compartidos por los abogados, se demuestra que en junio de 2019, Londa Caridad Martí, que en ese momento era la jefa del Departamento de Deuda Exterior del BNC, anunció a CRF la aceptación en principio de la cesión de ICBC a CRF I Limited y solicitó los documentos necesarios para acreditar la cesión de deuda.

En noviembre de ese mismo año, Raúl Eugenio Olivera Lozano, director de Operaciones del BNC, confirmó que CFR I Limited era el nuevo poseedor registrado de las posiciones de deuda en una carta firmada y sellada por el BNC.

Sin embargo, Olivera Lozano, acusado y condenado por varios delitos, incluyendo cohecho, es considerado como el chivo expiatorio del régimen para evadir su responsabilidad en los reclamos del acreedor.

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Durante su declaración online en el juicio, el funcionario encarcelado afirmó que actuó confiado en hacer negocios a largo plazo con el ICBC y no creía que CRF fuera un fondo buitre en ese momento.

En resumen, el BNC aceptó en su propio nombre y en nombre de Cuba, la cesión por ICBC a CRF de sus derechos y obligaciones de deuda. Sin embargo, esto fue posteriormente rechazado por La Habana.

A pesar de las revelaciones, el ministro de Justicia afirmó que su posición sigue siendo la misma: CRF es un fondo buitre, no es su acreedor y nunca lo ha sido.

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