EE.UU. congela las cuentas de los emprendedores cubanos: qué cambia desde el 30 de septiembre

Durante años, Washington repitió la misma idea: sus sanciones apuntan al Gobierno cubano, no a la gente ni a quienes intentan ganarse la vida por su cuenta. Ahora el Departamento del Tesoro ha tomado una decisión que choca de frente con ese discurso. Desde el 30 de septiembre de 2026, los bancos estadounidenses deben congelar las cuentas que los emprendedores privados cubanos abrieron gracias a un permiso concedido en 2024. El golpe no recae sobre GAESA ni sobre la cúpula militar, sino sobre dueños de pequeños negocios y cuentapropistas.

La medida forma parte de un paquete de regulaciones que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) publicó el 29 de septiembre, junto con una alerta titulada «Sanciones ampliadas contra Cuba». Su alcance va más allá de un puñado de cuentas: toca también la forma en que se mueven los pagos del sector privado cubano por el sistema financiero internacional.

El permiso de 2024 que desaparece

El origen está en mayo de 2024. La administración de Joe Biden modificó las regulaciones del embargo para que los bancos sujetos a jurisdicción estadounidense pudieran abrir y mantener cuentas a nombre de cubanos considerados emprendedores privados independientes. Esos titulares podían incluso gestionar la cuenta a distancia desde la isla, siempre para operaciones permitidas.

Ese permiso queda ahora eliminado, y no solo para el futuro. La alerta de la OFAC establece que los bancos deben bloquear todas esas cuentas y fondos y, además, reportarlos a la propia OFAC. No se trata de elegir entre una cosa u otra: son dos obligaciones simultáneas.

Qué significa que una cuenta quede bloqueada

Bloquear, en el lenguaje de las sanciones, equivale a congelar. El dinero no se confisca y sigue perteneciendo a su titular, pero queda inmovilizado: no puede retirarse, transferirse ni usarse para pagar a un proveedor. Para volver a disponer de él hace falta una licencia específica de la OFAC, un permiso individual que hay que solicitar y que Washington puede conceder o denegar.

Un ejemplo hipotético ayuda a entender el efecto. Si el dueño de una mipyme tenía unos 40.000 dólares en una cuenta abierta con el permiso de 2024 y no cuenta con otra autorización que lo ampare, el banco debe congelarle ese dinero. Pedir el cierre de la cuenta no resuelve el problema: sin licencia, los fondos siguen inmovilizados.

A quién no afecta

La medida tiene límites que conviene precisar. No implica congelar las cuentas de cualquier persona nacida en Cuba. Los cubanos que residen de forma permanente en Estados Unidos y cumplen los requisitos correspondientes siguen operando con normalidad en el sistema financiero de ese país. La OFAC aclara también que se mantiene una autorización más restringida para que otros cubanos en la isla reciban pagos por operaciones permitidas, como un escritor que cobra por las ventas de su libro.

Tampoco existen datos oficiales sobre cuántas cuentas están afectadas. Muchos bancos estadounidenses nunca llegaron a abrirlas por temor a problemas con el embargo, algo que ya se advertía cuando el permiso se estrenó en 2024, así que es probable que fueran pocas. Lo relevante, en cualquier caso, es la señal que se envía hacia el futuro.

El golpe que llega más allá de las cuentas

La parte menos comentada del paquete puede ser la de mayor alcance. La OFAC elimina también el permiso para las llamadas transferencias «U-turn»: pagos que salen de un banco situado fuera de Estados Unidos, terminan en otro banco también extranjero, pero pasan en su recorrido por una entidad estadounidense que actúa como intermediaria.

Pongamos que un negocio cubano paga a un proveedor de Panamá desde un banco de un tercer país y la operación atraviesa un banco corresponsal en Nueva York. Hasta ahora podía hacerse. Desde el 30 de septiembre, los bancos estadounidenses ya no pueden procesar ese tipo de pagos cuando hay un interés cubano de por medio. En este caso el dinero no se congela, sino que la transferencia se rechaza. Para quien espera cobrar, el resultado práctico es idéntico: el pago no llega.

A ello se suma el endurecimiento de la prohibición de operar con las entidades de la Lista Restringida de Cuba del Departamento de Estado, donde figuran empresas vinculadas a los militares y a los servicios de seguridad. Ahora quedan vetadas también las operaciones indirectas, como servir de intermediario en una transferencia en la que una de esas entidades aparece al principio o al final de la cadena. La alerta advierte, además, que los bancos extranjeros que faciliten operaciones significativas para personas sancionadas bajo la nueva orden ejecutiva se exponen a sanciones.

Un efecto previsible sobre los bancos extranjeros

Lo que ocurra a partir de aquí es, por ahora, una previsión y no un hecho comprobado, aunque responde a una lógica clara. Muchos bancos de otros países, por los que pasan buena parte de los pagos del sector privado cubano, pueden concluir que el riesgo no compensa. Endurecer controles, pedir más documentación, retrasar operaciones o dejar de trabajar con clientes relacionados con Cuba son reacciones posibles. Todas se traducen en pagos más lentos, comisiones más caras y transferencias rechazadas.

En la isla, donde muchas mipymes viven de importar —como se ve en las vías por las que hoy se abastece el sector privado—, cada dificultad para pagar tiene consecuencias. Un negocio que no puede pagar con agilidad compra menos, sube precios o recorta personal, y el impacto termina en el consumidor. Nadie puede cuantificar todavía cuánto subirán los precios ni cuántos negocios cerrarán, pero el mecanismo es ese.

La justificación oficial y su contradicción

Las nuevas regulaciones desarrollan la orden ejecutiva que Donald Trump firmó el 1 de mayo de 2026 para sancionar a los responsables de la represión en Cuba y a quienes apoyan al Gobierno. La justificación de Washington se apoya en tres pilares: restar ingresos al régimen, a sus Fuerzas Armadas y a su aparato de inteligencia, con GAESA como blanco principal; presionar para lograr cambios políticos y respeto a los derechos humanos; y proteger la seguridad nacional estadounidense.

El problema es que el memorando presidencial de junio de 2025 fija también como objetivo canalizar recursos hacia el pueblo cubano y fomentar un sector privado independiente del control gubernamental. Y la propia normativa estadounidense, al definir a estos emprendedores, excluye expresamente a determinados funcionarios y miembros del Partido Comunista. Es decir, Estados Unidos ya los había separado del régimen en sus propias reglas.

¿Por qué, entonces, congelar el dinero de toda la categoría por igual? En los documentos consultados, la OFAC vincula la decisión con la política de la Administración hacia Cuba, pero no aporta pruebas de que esas cuentas estuvieran financiando al Gobierno, ni exige demostrar vínculos con el Estado caso por caso. Sancionar a una empresa militar identificada y retirar una herramienta financiera a toda una clase de negocios privados son decisiones de naturaleza muy distinta.

Los defensores de la medida sostienen que en Cuba resulta muy difícil separar lo privado de lo estatal y que parte de ese dinero acaba, por una vía u otra, en manos del poder. Es un argumento con peso político, pero no demuestra por sí mismo que congelar estas cuentas sea necesario ni eficaz.

Un choque de calendarios con las 176 medidas

El momento elegido acentúa la paradoja. El 19 de junio de 2026, el Gobierno cubano aprobó un paquete de 176 medidas económicas que, entre otras cosas, autoriza la banca privada, permite a las empresas privadas superar el límite de 100 trabajadores y abre la puerta a que sus dueños tengan cuentas en el exterior. El listado completo de esas reformas dibujaba un sector privado con más margen para conectarse con el mundo.

Justo cuando La Habana entreabre esa ventana, Washington cierra la suya. Que Cuba autorice una actividad no obliga a Estados Unidos a permitirla, pero el choque entre ambas decisiones es evidente.

Una herramienta de autonomía que se retira

El fondo del asunto cabe en una frase: Washington dice querer fortalecer al cubano frente al Estado y, al mismo tiempo, retira al emprendedor independiente una de las pocas herramientas bancarias que tenía para no depender de ese Estado. La presión puede tener como destinatario al Gobierno, pero el daño directo lo recibe el privado.

Queda, además, un riesgo añadido que merece atención: que en un entorno financiero más hostil solo aguanten los negocios con más contactos y más capital, que no siempre son los más independientes del poder. Si eso ocurre, la medida habría producido justo lo contrario de lo que dice perseguir.