Caso Tokmakjian: cómo dos empresarios canadienses rivales acabaron presos en La Habana

Una piscina plástica para los niños. Una parrilla de patio que se rompió a los tres meses y fue sustituida sin una queja. Varias cenas caras, un paseo en yate y unas vacaciones familiares en Varadero que no llegaban a mucho más de 1.000 dólares. Esa es, según la sentencia, la lista de favores por los que un exviceministro cubano del Azúcar fue condenado a 20 años de prisión. Quien los pagó, el empresario canadiense Vahe Tokmakjian, recibió 15 años de cárcel y perdió unos 100 millones de dólares en bienes confiscados.

Lo desconcertante no es la dureza de la condena, sino lo que vino después: apenas cinco meses más tarde, Tokmakjian ya estaba de vuelta en su casa de Canadá. Y no fue el único. El caso Tokmakjian, unido al de su antiguo empleado y luego rival Sarkis Yacoubian, es probablemente el expediente que mejor retrata la ofensiva anticorrupción que sacudió el comercio exterior cubano a partir de 2011, con sus luces, sus sombras y sus preguntas sin respuesta.

Cy Tokmakjian, el extranjero que mejor conocía el juego

Durante un cuarto de siglo, Vahe Tokmakjian —Cy para todo el que hacía negocios en la isla— fue una de las figuras más respetadas entre los empresarios extranjeros en Cuba. Su compañía, el Tokmakjian Group, con sede en Ontario, tenía la distribución exclusiva de Hyundai en el país y vendía camiones, maquinaria de construcción y de minería y piezas de repuesto. También participaba en proyectos para remotorizar equipos de transporte de fabricación soviética que ya no daban más de sí: muchos de los ómnibus Girón que siguieron rodando una década extra lo hicieron gracias a esos motores nuevos.

Su facturación en Cuba rondaba los 80 millones de dólares anuales. Según los cálculos de la época, dentro de la isla solo la también canadiense Sherritt movía más dinero que él. Tokmakjian no ocultaba sus vínculos con figuras relevantes del Gobierno. En la práctica, era el socio extranjero que había aprendido a moverse en el sistema mejor que nadie. Por eso su caída plantea una pregunta incómoda: cómo un empresario de ese perfil pudo pasar, en cuestión de semanas, de socio preferente a preso.

Sarkis Yacoubian: el rival que lo contó todo

La respuesta empieza con otro nombre. Sarkis Yacoubian, nacido en Beirut y, como Tokmakjian, canadiense de origen armenio, era dueño de Tri-Star Caribbean, una empresa que también vendía autos, piezas y equipos industriales a las entidades estatales cubanas. Facturaba unos 30 millones de dólares al año, alrededor de un tercio de lo que movía su competidor.

No eran simples rivales. Yacoubian había trabajado para Tokmakjian antes de independizarse y montar su propio negocio en el mismo mercado. La agencia Reuters describió aquella competencia como especialmente amarga: dos empresarios armenio-canadienses disputándose los mismos contratos con las mismas empresas del Estado.

En julio de 2011, las autoridades cerraron Tri-Star y detuvieron a Yacoubian. Pasó casi dos años encerrado sin acusación formal; los cargos —cohecho, evasión fiscal y actividades perjudiciales para la economía— no llegaron hasta abril de 2013. Durante ese tiempo, en la prisión de La Condesa, donde Cuba recluye a extranjeros y a ciertos funcionarios, tomó la decisión que cambiaría el rumbo del caso: colaborar.

Y lo hizo a fondo. En entrevistas telefónicas concedidas desde la cárcel al Toronto Star y a El Nuevo Herald, explicó que entregó a los investigadores dibujos, esquemas y nombres, y que les detalló quién participaba, cómo, cuándo y por qué. Según informaciones posteriores, mencionó a más de una docena de empresas y ejecutivos extranjeros. Sus interrogatorios se convirtieron, en la práctica, en un manual sobre el funcionamiento de la corrupción en torno al comercio exterior cubano.

Su razonamiento, según su propio relato, era sencillo: los oficiales le hicieron entender que él no era el objetivo, que buscaban peces más grandes. Con 53 años y sin cargos, confió en que su cooperación le garantizaría una pena mínima o la salida del país. No fue así.

«Metástasis», la película que solo vio la cúpula

La confesión de Yacoubian no se quedó en un expediente. En 2012, Reuters informó de que el Gobierno cubano había producido un video interno titulado «Metástasis». No estaba destinado a la televisión: se proyectaba en reuniones cerradas ante altos dirigentes del Gobierno y del Partido Comunista para explicarles cómo la corrupción se extendía por el aparato del Estado como un cáncer.

El protagonista era Yacoubian, admitiendo que había entregado paquetes de dinero a funcionarios cubanos. Y entre los señalados en aquel material figuraba Cy Tokmakjian. Un empresario extranjero detenido sin cargos había pasado a ser la fuente central de la investigación y, además, material didáctico para los cuadros de confianza del Estado. Él mismo resumió después su papel con una expresión elocuente: había sido la cabeza de turco.

Una ofensiva mucho más amplia que dos canadienses

En septiembre de 2011, dos meses después del cierre de Tri-Star, llegó el turno del Tokmakjian Group: sus oficinas fueron clausuradas, Cy fue detenido y a sus dos directivos canadienses, Claudio Vetere y Marco Puche, les retiraron los pasaportes. Poco después cayó la firma británica Coral Capital, con sus ejecutivos Amado Fakhre y Stephen Purvis.

La operación iba mucho más allá de un par de empresas. Cayeron empresarios de al menos cinco nacionalidades, entre ellos el chileno Max Marambio, viejo amigo personal de Fidel Castro, a quien la justicia cubana terminó condenando en ausencia a 20 años de cárcel. Y cayeron decenas de funcionarios cubanos.

El origen de la cadena nunca se aclaró oficialmente. En noviembre de 2011, la agencia AP citaba a empresarios y asesores extranjeros que situaban el punto de partida en una investigación sobre corrupción en el complejo niquelífero de Moa, un sector clave que sigue marcando la economía de la isla, como recoge nuestro análisis sobre quién controla hoy el níquel cubano. Cuba nunca lo confirmó.

Hay, sin embargo, una pista pública y de origen oficialista. En 2010, el intelectual progubernamental Esteban Morales publicó un ensayo sobre la corrupción en el que la definía como la verdadera contrarrevolución y advertía de que había altos funcionarios esperando, como buitres, para repartirse los recursos del país si el sistema se derrumbaba, al estilo de los oligarcas soviéticos. Fue expulsado del Partido por escribirlo; más tarde le devolvieron el carné. Meses después comenzaron las detenciones.

Dos juicios, dos tratamientos opuestos

El contraste entre los procesos de ambos empresarios es uno de los aspectos más reveladores del expediente. El juicio de Yacoubian se celebró en torno al 23 de mayo de 2013, duró unos dos días y se cerró a la prensa extranjera, aunque el embajador canadiense asistió en persona. La Fiscalía pedía 12 años y el tribunal impuso 9. Su primo y socio, el libanés Krikor Bayassalian, recibió 4.

Yacoubian quedó atónito: había entregado nombres, esquemas y mecanismos completos, y su colaboración apenas se tradujo en una rebaja. La prensa oficial cubana, además, no informó de la condena. El hombre cuyo testimonio había sostenido la investigación, y cuya confesión se proyectaba ante la dirigencia, no mereció una sola línea pública. Fue útil puertas adentro y silenciado puertas afuera.

Con Tokmakjian ocurrió lo contrario. Su juicio se celebró del 9 al 21 de junio de 2014 ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana, y esta vez Granma sí dio la noticia. Publicó los cargos —cohecho, actos en perjuicio de la actividad económica, falsificación de documentos bancarios y comerciales, estafa, tráfico de divisas, evasión fiscal y actividad económica ilícita— y la cifra del daño atribuido: más de 90 millones de dólares. Es decir, más de lo que su empresa facturaba en la isla en un año entero.

También publicó todas las condenas. Junto a los tres canadienses fueron sentenciados 14 cubanos, con penas de entre 6 y 20 años, entre ellos exdirectivos del Ministerio del Azúcar, de Cubaníquel, de Ferroníquel Minera y del sector turístico. La pena más alta no fue para Tokmakjian, sino para Nelson Ricardo Labrada Fernández, exviceministro del Azúcar, condenado a 20 años.

Ese dato desmonta la lectura más simplista del caso. Si todo hubiera sido un montaje para apropiarse del dinero de un extranjero, no habrían hecho falta 14 cubanos con carné del Partido y responsabilidades de dirección en el banquillo. Hubo corrupción real, y estaba dentro. El patrón, por otra parte, se ha repetido: cuando el Estado decide que alguien es corrupto, el expediente aparece completo, con cifras exactas y en el momento oportuno, como volvió a verse en la saga del exministro Alejandro Gil.

La contabilidad del delito: cenas, playa y una parrilla

¿En qué consistieron los sobornos que le costaron 20 años a Labrada? Reuters tuvo acceso a la sentencia, un documento de 168 páginas firmado por cinco jueces, y lo que describe no son maletines de billetes. Según ese texto, Tokmakjian empezó a cortejar al viceministro en 2008 pagándole una semana de vacaciones en Varadero con su esposa y sus hijos, y repitió en 2009 y 2010. Cada estancia costaba algo más de 1.000 dólares.

A ello se sumaban cenas caras, un paseo en yate, una piscina plástica y una parrilla, repuesta cuando se rompió a los tres meses. Vacaciones similares recibió Manuel Fernández, vicepresidente de una empresa estatal que financiaba la industria azucarera. En la relación aparece incluso un televisor de pantalla plana.

¿Práctica tolerada o delito?

Aquí está el núcleo del debate, y no es sencillo. La defensa de Tokmakjian sostuvo que Cuba estaba criminalizando prácticas comerciales que el propio Estado conocía y toleraba desde hacía años. Argumentó que las operaciones calificadas como actividad económica ilícita estaban recogidas en el Código de Comercio cubano, presentó informes de la auditora Deloitte y de un especialista tributario cubano que cuestionaban la acusación de evasión fiscal, y alegó que el tribunal había ignorado el acuerdo de doble tributación entre Cuba y Barbados.

Su argumento central era otro: unas cenas y unas vacaciones de mil dólares no podían comprar un contrato millonario, porque esos contratos atravesaban numerosos niveles de aprobación del Estado. Representantes del grupo admitieron, además, que pagaban incentivos a los trabajadores cubanos y aseguraron que todas las empresas extranjeras lo hacían por el sistema salarial vigente en la isla. Es el conocido «estímulo», el pago por fuera que evita que un empleado cualificado abandone su puesto por otro mejor pagado en la calle. La acusación interpretó esos mismos pagos como parte de un mecanismo criminal.

Ese choque es, en el fondo, la verdadera historia del caso: qué separa una práctica tolerada durante dos décadas de un delito que se paga con 15 años de cárcel.

Los relatos sobre el propio juicio también resultan incompatibles. Granma aseguró que los acusados contaron con todas las garantías, abogados de su elección y posibilidad de proponer pruebas. La defensa replicó que mantener a un hombre más de dos años detenido antes de acusarlo formalmente vulnera derechos básicos en cualquier sistema.

La acusación de los 55 millones

En septiembre de 2014 apareció la denuncia más grave. Lee Hacker, vicepresidente financiero del grupo, declaró a Reuters que, tras la detención, la empresa negoció con funcionarios cubanos y que la propuesta recibida fue concreta: Cuba se quedaba con los activos y la compañía debía aportar otros 55 millones de dólares para que Tokmakjian quedara libre.

Reuters dejó claro que se trataba de la versión de la empresa. Según Hacker, aquello no prosperó porque no disponían de ese dinero y porque Tokmakjian quería limpiar su nombre. Cuba nunca confirmó la existencia de tal propuesta, y nadie ha podido verificarla de forma independiente.

Condenas largas, excarcelaciones rápidas

El 21 de febrero de 2015, cinco meses después de su condena, Cy Tokmakjian salió de Cuba y regresó a Canadá. Tenía 74 años y llevaba tres sin pisar su casa. Su abogado informó de que volvía en buen estado de salud, deseoso de reunirse con sus tres hijos y sus siete nietos, y agradeció las gestiones del Gobierno canadiense. Una semana después salió Marco Puche, condenado a 8 años; a comienzos de marzo, Claudio Vetere, condenado a 12. No quedaba ya ningún directivo canadiense del grupo en prisión.

Yacoubian había recorrido el mismo camino un año antes. En febrero de 2014 reapareció en Toronto tras cumplir dos años y medio de una condena de nueve. Contó que le avisaron con 24 o 48 horas de antelación y que no fue trasladado a Canadá para terminar de cumplir la pena, sino expulsado directamente. Sobre el porqué de su liberación, dijo que no podía hablar.

Nadie ha explicado oficialmente esta secuencia: un tribunal impone penas de 15, 12, 9 y 8 años y, en cuestión de meses, todos los condenados están de vuelta en su país. La presión diplomática canadiense, intensa durante todo el proceso, es una explicación posible. Pero las fechas invitan a mirar más allá. Canadá había acogido durante 18 meses las conversaciones secretas entre Estados Unidos y Cuba que culminaron en el anuncio del deshielo del 17 de diciembre de 2014, y Tokmakjian salió dos meses después. Ningún intercambio ha sido confirmado jamás; la coincidencia, en cualquier caso, resulta difícil de pasar por alto.

El dinero que Cuba no pudo alcanzar

El caso tuvo un epílogo menos conocido y especialmente revelador. Tri-Star tenía fondos depositados en un banco de Trinidad y Tobago. En 2013, el Banco Central de Cuba comunicó a esa entidad que, en virtud de una resolución cubana, el dinero debía pasar a un depósito judicial en la isla. El banco pidió documentación durante años y, en 2016, transfirió a Cuba algo más de un millón de dólares.

Tri-Star demandó al banco y, en 2020, la Corte de Apelaciones de Trinidad y Tobago concluyó que la normativa cubana no podía autorizar a un banco a disponer de una cuenta situada fuera de Cuba, que el dinero se había retenido y entregado de forma ilícita, y ordenó el pago. Un tribunal extranjero marcaba así el límite del alcance del Estado cubano, a más de 2.000 kilómetros de La Habana.

Tri-Star Caribbean no sobrevivió: aquella sentencia dejó constancia de que la operación en Cuba era su único negocio y que terminó con la detención de Yacoubian. El grupo Tokmakjian, en cambio, siguió adelante. Hoy opera en Ontario como TOK Group, presidido por Raffi Tokmakjian, y en 2026 continúa ganando contratos de transporte público en Canadá. La confiscación borró a la familia de Cuba, no del mapa empresarial.

Dos verdades incómodas

El caso Tokmakjian obliga a sostener dos ideas a la vez. La primera: hubo corrupción real. Yacoubian reconoció pagos indebidos y explicó con detalle cómo funcionaban, y decenas de funcionarios cubanos fueron juzgados y condenados. La segunda: hubo detenciones de más de dos años sin cargos, juicios a puerta cerrada, silencio oficial selectivo, confesiones convertidas en material de adoctrinamiento interno, confiscaciones millonarias y excarcelaciones repentinas nunca justificadas jurídicamente.

Entre ambas queda la pregunta de fondo: por qué un sistema que durante veinte años conoció, permitió e incluso necesitó esa forma de relación con las empresas extranjeras decidió en 2011 que se trataba de un delito gravísimo, encarceló a los empresarios, se quedó con sus activos y, poco después, dejó que casi todos se marcharan mucho antes de cumplir sus penas. Si fue una campaña anticorrupción sincera que se desbordó o una operación concebida desde el principio para hacerse con unos 100 millones de dólares sigue siendo materia de debate, como lo es la frontera entre el «estímulo» cotidiano y el soborno, una discusión que la isla aún no ha cerrado, como muestran iniciativas recientes del tipo de «Hacemos Cuba» y su supuesta lucha contra la corrupción.