Desmantelan red de desvío de alimentos en puerto de Santiago de Cuba
En un operativo realizado en el puerto Guillermón Moncada de Santiago de Cuba, las autoridades lograron desarticular una extensa red delictiva dedicada al desvío de alimentos destinados a la canasta básica de la población.
La intervención policial, que involucró a agentes del Ministerio del Interior, fiscales y autoridades provinciales, culminó con la detención de 78 personas implicadas en estos hechos ilícitos.
Según informó Canal Caribe, 59 de los detenidos se encuentran actualmente en prisión provisional, mientras que a los 19 restantes se les han impuesto medidas cautelares a la espera de la resolución de sus casos.
Este contundente accionar de las fuerzas del orden responde a la política de «tolerancia cero» que el gobierno ha implementado para combatir el desvío de productos esenciales, un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos tiempos.
Incautación de más de 60 toneladas de alimentos
Durante la operación, la Policía logró recuperar un impresionante cargamento de más de 60 toneladas de alimentos que habían sido sustraídos ilegalmente.
Entre los productos incautados se encuentran 33 toneladas de harina de soya, 22,6 toneladas de azúcar blanco, 3,8 toneladas de arroz y 2 toneladas de frijoles negros.
Estos artículos, esenciales en la dieta básica de la población cubana, estaban destinados a ser desviados hacia el mercado informal, donde serían vendidos a precios exorbitantes.
La magnitud de esta incautación pone de manifiesto la escala y la complejidad de las redes delictivas que operan en el país, aprovechándose de las carencias y necesidades de la población para obtener ganancias ilícitas.
Según datos oficiales, el desvío de alimentos y otros productos básicos ha aumentado en un 23% en el último año, generando pérdidas millonarias para el Estado y agravando la ya difícil situación económica que atraviesa la isla.
Un engranaje delictivo complejo
Las investigaciones llevadas a cabo por la Policía han revelado el modus operandi de esta red delictiva, que involucraba a una gran cantidad de personas en las distintas etapas del proceso de descarga, pesaje y transporte de los alimentos en el puerto.
Según el mayor Erik Miguel Martínez Ferrales, encargado de explicar los detalles de la operación, «para la comisión de los hechos de esta naturaleza es prácticamente imposible realizar las acciones solo», lo que da cuenta de la complejidad y la coordinación necesarias para perpetrar estos delitos.
De acuerdo con el fiscal Luis Felipe Garrido Torres, los transportistas actuaban en connivencia con el personal responsable del pesaje, acordando el pago de sumas que oscilaban entre los 9.000 y los 18.000 pesos por cada tonelada reportada por debajo del peso real.
Luego, se pactaba la venta de un camión de arroz, por ejemplo, a precios que iban desde los 200.000 hasta los 300.000 pesos, entregándose facturas que no se incorporaban a la contabilidad oficial, lo que impedía dar seguimiento a la carga.
Una vez en el mercado informal, cada saco de arroz se vendía a 200 pesos la libra, lo que permitía a cada transportista obtener ganancias de hasta 4 millones de pesos por operación.
Según los cálculos de la institución, se pudieron detectar al menos cinco hechos delictivos de este tipo a lo largo de 2023, con afectaciones superiores a los 9 millones de pesos para las entidades estatales.
Incautación de bienes y penas severas
Además de los alimentos recuperados, la Policía incautó otros bienes presuntamente obtenidos con el lucro de lo malversado, incluyendo una vivienda, un vehículo Lada 2106 y cuatro neumáticos.
En total, se vinculó la participación de 33 vehículos de transporte de carga del sector estatal y otros 26 del privado en esta red delictiva.
Los delitos cometidos por los implicados, que incluyen malversación, falsificación de documentos públicos, apropiación indebida y receptación, contemplan penas de entre 8 y 20 años de prisión según la legislación vigente.
Las autoridades han enfatizado su compromiso con la aplicación rigurosa de la ley y la lucha contra la corrupción y las conductas delictivas que atentan contra los intereses del pueblo.
Un llamado a la vigilancia y la responsabilidad colectiva
Ante la creciente incidencia de estos hechos, las autoridades han instado a elevar la vigilancia y el control popular, así como a fortalecer el papel de las administraciones en la prevención y el combate a la corrupción.
«Es imprescindible un papel más activo de las administraciones, así como garantizar la prevención efectiva y el control, así como actuar con firmeza en el marco de la legalidad contra cualquier manifestación de corrupción, conductas delictivas e indisciplinas sociales en aras de defender y proteger los productos destinados al pueblo. Es una misión impostergable, la responsabilidad es de todos y jamás habrá impunidad», señala el mensaje oficial difundido por los medios estatales.
Este llamado a la participación ciudadana en la lucha contra el desvío de alimentos forma parte de una campaña más amplia que busca concientizar a la población sobre la gravedad de estos delitos y generar un clima de intolerancia hacia la corrupción.
En las últimas semanas, las redes sociales afines al oficialismo han revelado otros casos similares, como dos estafas en Santa Clara valoradas en 17 millones de pesos, aunque en esa ocasión los productos malversados no pertenecían a la canasta básica.
La detención de esta red delictiva en Santiago de Cuba constituye un importante golpe contra el desvío de alimentos y otras actividades ilícitas que socavan la economía nacional y afectan directamente a la población.
Sin embargo, queda aún un largo camino por recorrer para erradicar estos males endémicos, que requieren no solo de la acción decidida de las autoridades, sino también de la participación comprometida de toda la sociedad en la defensa de los intereses colectivos y la integridad de las instituciones.