PRECONS III: El nuevo sistema que estrangula a la construcción privada en Cuba
El 12 de mayo de 2025, el gobierno cubano publicó en la Gaceta Oficial las resoluciones 153 y 173. Aunque el lenguaje parece técnico y burocrático, estas medidas traen consecuencias devastadoras para el sector privado de la construcción. Se trata del sistema PRECONS III, una estructura de precios obligatoria que, en lugar de ordenar el mercado, lo está asfixiando. Los constructores privados y las MiPymes enfrentan condiciones que hacen matemáticamente inviable cualquier proyecto.
Seis barreras que imposibilitan construir
El nuevo esquema establece una supuesta utilidad del 15 %, pero ese porcentaje no incluye el costo de los materiales, que representa alrededor del 60 % del presupuesto en cualquier obra. Al hacer los cálculos reales, la utilidad efectiva se reduce a apenas 0.65 %, una cifra que ni siquiera cubre el 1 % obligatorio de contribución al desarrollo territorial. Trabajar bajo estas condiciones significa operar con pérdidas aseguradas.
Otro punto crítico es la rigidez en los salarios. PRECONS III limita el pago a un máximo de cinco veces los valores establecidos por la Resolución 29 del año 2020. En 2025, tras una inflación acumulada superior al 300 %, esto equivale a sueldos completamente desfasados. Un ayudante de albañil, que en el mercado gana alrededor de 30,000 pesos mensuales, solo puede recibir legalmente 2,100. La brecha es insalvable y hace imposible contratar personal capacitado.
Además, el 60 % de los materiales de construcción que se usan en Cuba son importados y deben adquirirse en dólares o euros. Sin embargo, no existe un mercado cambiario funcional. El tipo de cambio oficial es de 120 CUP por dólar, mientras que en el mercado informal ronda los 370. Las empresas deben absorber esa diferencia del 208 % sin acceso real a divisas y con la obligación de operar bancarizadamente. Es como exigirle al sector que nade sin agua.
Los gastos indirectos también quedan maniatados. La norma los vincula al valor de la mano de obra, que ya está artificialmente deprimido. Esto impide costear elementos básicos como la administración, el transporte o la logística. La gestión empresarial, bajo este esquema, es impracticable.
La desaparición de cualquier tipo de flexibilidad agrava aún más el problema. Antes, al menos, era posible negociar ciertos términos dependiendo del tipo de obra o su localización. Con PRECONS III, las reglas son iguales para un hospital en el Vedado que para una casa en Baracoa. No hay excepciones ni márgenes de adaptación.
A esto se suma una disposición transitoria que obliga a las empresas a rehacer todos los contratos vigentes en un plazo de 60 días para adaptarlos a las nuevas condiciones. Esto significa que acuerdos firmados bajo un marco legal anterior deberán ajustarse ahora a precios que garantizan pérdidas.
Una política contradictoria
Mientras el gobierno reconoce que el sector privado es crucial —emplea al 35 % de la fuerza laboral y aporta el 15 % del PIB—, impone normativas que lo expulsan del sistema formal. Las empresas estatales no cuentan con materiales, herramientas, equipos ni personal. Sin embargo, se les encomienda la totalidad de las obras públicas en un escenario donde las privadas ya no pueden participar.
Esta contradicción revela un conflicto profundo entre la necesidad económica y el control político. El Estado necesita al sector privado, pero no está dispuesto a permitir que este gane fuerza o liderazgo. Como expresó un constructor en redes sociales, “no se quiere liderazgo”, porque donde hay independencia económica, hay también autonomía social y política.
Las consecuencias ya están en marcha
Las empresas privadas están dejando de participar en proyectos públicos porque no pueden operar con pérdidas. Muchos constructores optan por trabajar directamente con particulares en el mercado informal, donde pueden negociar precios reales y pagar salarios competitivos. Otros, simplemente, emigran en busca de un entorno más estable y justo.
Al mismo tiempo, los proyectos de infraestructura quedan paralizados o bajo la responsabilidad exclusiva de entidades estatales que no tienen capacidad para ejecutarlos. El deterioro acumulado y la falta de inversión en hospitales, escuelas y viviendas no hará más que agravarse.
Un modelo contrario a las prácticas internacionales
Mientras sistemas internacionales como FIDIC o RICS permiten ajustes por inflación, márgenes variables según riesgo, flexibilidad contractual y actualización continua de precios, el PRECONS III impone rigidez absoluta. Cuba camina en dirección contraria a los estándares que permiten que la construcción sea un motor económico funcional.
Un sistema diseñado para fracasar
Más allá de lo técnico, lo que está en juego son las vidas de miles de familias que dependen del trabajo en la construcción y el desarrollo de obras vitales para el país. La política oficial, disfrazada de ordenamiento, está sumiendo al sector privado en un callejón sin salida. Lo que se presenta como una corrección de distorsiones no es más que una fabricación de obstáculos.
En un contexto de crisis sistémica, PRECONS III se convierte en otro clavo en el ataúd de un modelo económico que no permite avanzar. Si el Estado insiste en ahogar al único sector que todavía puede construir, los que pierden no son solo los empresarios. Pierde toda la sociedad.
