Cienfuegos: la polémica de las 42 guaguas retiradas a privados
La gestión del transporte en Cienfuegos enfrenta un nuevo capítulo de incertidumbre tras la reciente decisión del gobierno de retirar 42 guaguas que operaban bajo un régimen de arrendamiento por parte de transportistas privados. La medida, presentada como una solución a las deficiencias del servicio, ha desatado un intenso debate entre la población.
Te mostramos todos los detalles en el siguiente video:
La versión oficial: el Estado al rescate del servicio
Según la información difundida por los medios oficiales, las autoridades de Cienfuegos procedieron a la retirada de los 42 ómnibus debido a que «no estaban prestando los servicios habituales». No se ofrecieron mayores detalles sobre las causas específicas de dicho incumplimiento.
Como parte de esta intervención, se comunicó que 21 de estas unidades ya han sido reacondicionadas y puestas en funcionamiento. Esto ha permitido la contratación de nuevos choferes y la reactivación de rutas urbanas clave que se encontraban paralizadas, como la 1, la 3 y la 5. Asimismo, se han restablecido algunos recorridos rurales en municipios como Palmira y Abreus, manteniendo el precio del pasaje en un peso cubano. Esta acción se ha enmarcado como una respuesta positiva para el bienestar de la ciudadanía.
La historia no contada: la inversión privada
Más allá del anuncio gubernamental, en las calles de Cienfuegos circula una versión diferente de los hechos, basada en la memoria colectiva. Se recuerda que los 42 ómnibus en cuestión eran vehículos que el propio Estado había dado por perdidos, formando parte de un «cementerio de guaguas» por falta de recursos para su reparación y mantenimiento.
Ante esta situación, el Estado optó por arrendarlos a particulares. Fueron estos arrendatarios quienes, con su propia inversión, tiempo e ingenio, lograron poner los vehículos de nuevo en circulación. Este proceso implicó la compra de piezas en el mercado informal y la realización de complejas adaptaciones mecánicas, un esfuerzo económico significativo para hacer operativos los ómnibus. Durante un tiempo, el modelo pareció funcionar, aliviando parcialmente la crisis del transporte en la región.
El combustible como punto de quiebre
El conflicto que derivó en la retirada de las licencias parece tener un origen claro para los afectados y una parte de la población: el combustible. Se comenta de manera extendida que la asignación de diésel a estos transportistas privados se redujo drásticamente durante meses, hasta volverse prácticamente nula. Esta restricción hacía materialmente imposible la prestación del servicio.
Esta situación ha llevado a que muchos califiquen la medida como un «negocio redondo» para el Estado. La estrategia, según esta perspectiva, consistió en permitir que los privados asumieran el costo de reparar el parque vehicular y, una vez que los ómnibus estaban funcionales, retirárselos bajo el argumento de incumplimiento, un incumplimiento provocado por la propia falta de combustible asignado.
Un futuro incierto y la confianza rota
La principal preocupación no radica únicamente en la situación de los arrendatarios, sino en la sostenibilidad del servicio a mediano y largo plazo. El pronóstico entre los ciudadanos es pesimista, y muchos vaticinan que en pocos meses los vehículos, de nuevo bajo administración estatal, volverán a deteriorarse por la escasez de recursos y la burocracia.
Este episodio erosiona gravemente la confianza en los contratos con el Estado y envía un mensaje desalentador a cualquier persona con intenciones de emprender en la isla. La medida, lejos de ser vista como un «reordenamiento», se percibe como una reafirmación del control estatal que, a la larga, podría resultar ineficiente y perjudicial para los ciudadanos que dependen del transporte público.
